El Gobierno ha pasado de poner en duda la instrucción del caso Begoña Gómez llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado, deslizando incluso prevaricación, a ironizar sobre ella. Sin ni siquiera entrar a valorar sus decisiones para dar entender que les resta así mayor legitimidad. Todo ello, cuando el juez que investiga presuntos delitos de corrupción por parte de la esposa del presidente del Gobierno ha elevado una exposición razonada al Supremo contra el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para que sea imputado por la contratación de la asistente de Begoña Gómez. Al ser preguntada sobre este extremo, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se ha limitado a trasladar que “conocemos perfectamente esta instrucción” y que “lo de hoy es un capítulo más”.
Tanto por parte del Gobierno, como en nombre del propio Bolaños, la portavoz del Ejecutivo ha transmitido así “máxima tranquilidad” en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Sin querer entrar a valorar el detalle de la exposición razonada, que pide investigar al titular de Presidencia y Justicia por un delito de malversación y falso testimonio en relación con la contratación de la asistente de Begoña Gómez.
En su escrito, el juez advierte de que la razón “fundamental” por la que ve malversación “es que se ha nombrado a Cristina Álvarez Rodríguez –la mujer asignada a la mujer de Pedro Sánchez en Moncloa–, como asistenta de la esposa del actual Presidente del Gobierno, María Begoña Gómez a los pocos días de tomar posesión de su cargo, el día 2 de junio del año 2018”, y que los trabajos que esta ha desarrollado “no se han limitado a los de asistenta en las actividades llevadas a cabo por la esposa de Pedro Sánchez”. Le acusa, concretamente, de participar en el nombramiento y no haber «controlado las tareas» llevadas a cabo por ella, a pesar de que percibe sus retribuciones de una partida presupuestaria de los presupuestos Generales del Estado.
Fuentes de Moncloa van un poco más allá al asegurar que «no hay más que leerse el auto» para confiar en que quedará en nada. Tanto por estar «lleno de errores e imprecisiones», como porque el juez confundiría «lo que le preguntó» al ministro y que lo acusaría sobre algo ficticio. De ahí que concluyan que «en la causa no hay ninguna prueba» e incluso hablan de disparate.
Por todo ello, las mismas fuentes concluyen que confían en que el Supremo «ponga un poco de orden en todo esto» y rechace la petición. Asimismo, sobre la contratación que se pone en tela de juicio, vuelven a defender que es legal y que se trata de un puesto de trabajo y con una atribuciones que ya existían antes de que Pedro Sánchez llegase a La Moncloa.
Desde el Ejecutivo ya deslizaron prevaricación en otra de las causas que acechan al entorno del Gobierno, como es la del fiscal general. «Algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender”, respondió Alegría hace apenas dos semanas sobre la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado de dar por concluida la instrucción y proponer juzgar al fiscal general por un delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
