El Gobierno defiende que -en contra de lo que esgrime el BBVA y de lo que ha sugerido la Comisión Europea- la ley permite al Consejo de Ministros establecer condiciones más exigentes que las que fijadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un proceso de adquisición de empresas. Esto es precisamente lo que ha hecho el Consejo de Ministros en una decisión adoptada ese martes -por la que prohíbe la posible fusión entre BBVA y Sabadell durante un periodo de tres años, ampliable a cinco- amparándose en la defensa de «criterios de interés general, distintos de los relativos a la defensa de la competencia» (que son bajo los que actúa la CNMC).
Y así lo ha dejado constar en documento que contiene el contenido del acuerdo del Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En él, el Gobierno defiende que, en su análisis de procesos de concentración empresarial, «su función principal es valorar, esto es, emitir un juicio sobre la concentración atendiendo a determinados criterios de interés general». Y añade que «de ese proceso puede resultar tanto una decisión que implique modificar el rigor de las condiciones que por razón de defensa de la competencia haya podido imponer la CNMC, como introducir exigencias adicionales y diferentes que dicho interés general obligue a considerar».
Decisión controvertida
Existía controversia sobre si la capacidad del Consejo de Ministros se podría limitar a suavizar o eliminar las condiciones previas impuestas a la CNMC (como interpreta el BBVA) o si bien, podría modularlas en sentido contrario. Es decir, endureciéndolas.
El pasado 27 de mayo, el mismo día en que el Ministerio de Economía decidió elevar la opa al Consejo de Ministros, fuentes de la Comisión Europea manifestaron no conocer «ninguna razón que pudiera justificar el rechazo o el bloqueo» de la integración por parte del Ejecutivo español y amenazaron veladamente con un expediente sancionador. Esa manifestación fue recibida con alivio por el BBVA pues se interpretó como un toque de atención al Gobierno ante un posible endurecimiento de las condiciones ya impuestas por la CNMC. El FMI también consideró suficientes los compromisos que la CNMC y BBVA pactaron para la opa al Sabadell.
El Gobierno, sin embargo defiende que, en defensa del «interés general», la ley sí le permite introducir exigencias adicionales a las planteadas por la CNMC y para reforzar su posición se remite a una sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2014, donde se menciona que «solo el Estado pueda privar de eficacia a las decisiones de la CNMC que prohíban o condicionen una determinada concentración económica, a través de un órgano especialmente idóneo para valorar los intereses generales de tal naturaleza, cual es el Consejo de Ministros«.
El Gobierno interpreta, además, que el listado de criterios de interés general que se cita en la ley española de defensa de la competencia no es exhaustivo, como tampoco lo es la lista que se recoge en el Reglamento de la Comisión Europea sobre control de concentraciones, sostiene el texto del acuerdo.
Cinco criterios de interés general
Al amparo de este marco legal, el Consejo de Ministros ha invocado cinco criterios de interés general para acabar imponiendo como única condición a la opa del BBVA sobre el Sabadell que durante un periodo de tres años (ampliable a cinco) ambas entidades mantenga una personalidad jurídica y patrimonio separados. «Cada entidad deberá preservar la autonomía de gestión de su actividad orientada a la protección de los criterios de interés general señalados», ha dispuesto el Consejo de Ministros.
El primer criterio de interés general invocado por el Consejo de Ministros se apoya en la «garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial vinculada al apoyo al crecimiento y a la actividad empresarial».
El segundo de ellos tiene que ver con la «protección de los trabajadores«. Así se dispone que, en materia de posibles despidos, «no podrá haber procesos específicos vinculados a la operación», tal como ha explicado el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
En tercer lugar, el Consejo de Ministros apela a criterios de «cohesión territorial» para evitar el cierre de oficinas bancarias. En cuarto lugar, se citan «objetivos de política social relacionados con la obra social de las fundaciones, la protección del consumidor financiero y la vivienda asequible». Por último, en quinto lugar, se cita la «promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico«.
