El Gobierno ha impuesto duras condiciones a BBVA para autorizar la OPA sobre Banco Sabadell, aduciendo causas de interés general. De hecho, ambas entidades tendrán que mantenerse como entidades independientes durante, al menos, tres años.
Según ha anunciado el titular de Economía, Carlos Cuerpo, el Consejo de Ministros «ha acordado autorizar la operación de concentración entre BBVA y Banco Sabadell con la condición de que en los tres próximos años mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados así como autonomía en la gestión de su actividad».
Como ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la condición del Gobierno «garantiza que no estamos obstaculizando que el procedimiento siga su curso, lo que estamos es protegiendo a trabajadores, pymes, clientes que se puedan ver afectados por esta operación».
Concretamente, cada entidad deberá preservar la autonomía en la gestión de su actividad orientada al mantenimiento de los criterios de interés general, distintos de los relativos a la defensa de la competencia, que fundamentan la decisión del Consejo de Ministros.
Estos criterios son: garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial vinculada al apoyo al crecimiento y a la actividad empresarial, protección de los trabajadores, cohesión territorial, objetivos de política social relacionados con la obra social de las fundaciones, la protección del consumidor financiero y la vivienda asequible, y promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico.
Además, el Ministerio de Economía ha explicado que la autonomía en la gestión de su actividad se deberá concretar, al menos, en el mantenimiento de una gestión y toma de decisión autónoma en relación con las decisiones que afecten a la política de financiación y crédito, en particular a pymes, recursos humanos, red de oficinas y servicios bancarios y obra social a través de sus respectivas fundaciones.
Para evaluar la eficacia de las condiciones, BBVA y Sabadell deberán remitir a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, con una antelación de entre seis y dos meses respecto de la fecha de finalización del menor plazo establecido en la condición acordada (tres años), un informe de situación cada una.
En él se detallará el modelo de gestión autónoma que se ha llevado a cabo y su contribución al mantenimiento de los criterios de interés general mencionados.
También, con la misma antelación, las entidades deberán elaborar y publicar en su sitio web un Plan estructural a largo plazo en el que se detalle en qué medida su estrategia corporativa afectará, en al menos los cinco años siguientes, a los criterios de interés general identificados.
Transcurridos tres años, el Consejo de Ministros valorará la eficacia de la condición establecida, pudiendo ampliar su duración por un periodo adicional de dos años.
POSIBILIDAD DE RETIRAR LA OPA
Tras conocerse la decisión del Gobierno, desde Sabadell exigen que BBVA aporte información sobre el impacto de las condiciones.
Este lunes, BBVA aseguró que tiene «posibilidades legales» de retirar la OPA presentada sobre Sabadell si el Gobierno endurece las condiciones de la operación; o bien si la entidad catalana vende su filial británica, TSB.
«Tenemos posibilidades legales de retirarnos en un caso y en el otro. Si se nos imponen condiciones que no consideramos adecuadas tenemos la posibilidad, igual que tenemos la posibilidad si hay una venta de una parte relevante que modifica la oferta», señaló Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Por su parte, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) creen que la decisión del Gobierno sobre la OPA lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell se encuentra «perfectamente dentro de la legalidad».
«El propio reglamento de concentraciones europeo prevé situaciones en las que hay excepciones a la aplicación del reglamento, no debe plantear problemas la existencia de la fase 3 en si misma. Si se hace bien, estamos perfectamente dentro de la legalidad«, ha valorado su presidenta, Cani Fernández, añadiendo que «es el interés general el que tiene que justificar la actuación del Gobierno» sobre la OPA.
