La Xunta inició esta mañana el proceso de elaboración de los presupuestos para el 2026, tras dar luz verde a un informe elaborado por la Consellería de Facenda sobre la orden por la que se dictan las instrucciones para la elaboración de las cuentas del próximo año.
Como es habitual, el próximo mes de julio está previsto que el Ejecutivo gallego dé luz verde al techo de gasto no financiero y que este se apruebe en el Parlamento autonómico antes de las vacaciones del mes de agosto. La intención de Facenda es hacer entrega del proyecto presupuestario «antes del 20 de octubre», con el objetivo de que las cuentas sean aprobadas el último trimestre del año y, así, puedan entrar en vigor desde el 1 de enero del 2026.
Tanto el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, como su homólogo en Facenda, Miguel Corgos, destacaron el trabajo «estable» del Gobierno gallego en lo que tiene que ver con su plan financiero, en contraposición al Gobierno central que lleva prorrogando los presupuestos desde 2023.
Entre los principales objetivos de las cuentas del próximo año, Corgos detalló el refuerzo de los sectores productivos con el fin de darle un empujón a la transformación económica de la comunidad, el blindaje del Estado de Bienestar —primando los servicios públicos y las políticas de acceso a la vivienda—, así como el desarrollo de las nuevas competencias del litoral tras la transferencia y la preparación del Xacobeo 2027.
Entregas a cuenta
Mientras Galicia comienza a trabajar en sus cuentas para el 2026, el Gobierno aún acaba de aprobar la actualización de las entregas a cuenta correspondientes al presente curso. En ellas, la Xunta observa un recorte de 23 millones de euros con respecto a la cifra que le había sido comunicada en el pasado mes de junio. Además, de la cantidad total acordada (10.262 millones de euros), el Ejecutivo central aún no ha transferido a las arcas gallegas 1.531 millones, o, lo que es lo mismo, 127 millones cada mes. Con este retraso, de seis meses por el momento, Galicia tiene un coste financiero de 6,5 millones de euros que aumentará hasta que el Gobierno central regularice la situación.
