El Colegio de la Abogacía de Madrid (Icam) ha pedido cuatro años de prisión para el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por «revelar información confidencial» del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El Icam, personado como acusación popular en el proceso que tramita el Tribunal Supremo, asume íntegramente la versión del magistrado instructor, Ángel Hurtado, y sostiene que García Ortiz filtró a los medios datos tributarios de González Amador y ordenó elaborar una nota de prensa «siguiendo indicaciones de la Presidencia del Gobierno» y «con el fin de contribuir a un rédito político por razón subjetiva del justiciable y su vínculo afectivo».
El Colegio también acusa a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, para la que pide tres años de cárcel por cooperar con el fiscal general siendo «plenamente consciente de que la finalidad de la nota no era otra que la divulgación pública de un hecho punible tributario».
El escrito de acusación sostiene que «desde la Fiscalía General» se envió a Pilar Sánchez Acera, encargada del gabinete de Óscar López, director del gabinete del presidente del Gobierno, el correo electrónico en el que el defensor de González Amador asumía ante el fiscal de delitos económicos que su cliente «ciertamente ha cometido dos delitos contra la Hacienda Pública». El objetivo del ‘email’ era proponer un acuerdo de conformidad al Ministerio Público.
El Icam -que también solicita multas, suspensión de empleo e inhabilitación en sus cargos para ambos acusados- sostiene que García Ortiz y Rodríguez eran conscientes de que los datos indebidamente difundidos «afectaban del pleno al derecho de defensa del afectado».
«Los acusados, amparándose como norma de cobertura en el deber de informar a la opinión pública sobre acontecimientos relevantes y con el argumento sofista de que estaban saliendo al paso de un bulo [una información de El Mundo según la cual el pacto de conformidad había sido propuesto por la propia Fiscalía], eran conscientes de que se estaba lacerando el secreto profesional, la guarda del debido secreto de los asuntos reservados conocidos por razón de su cargo y los derechos del justiciable», afirma.
Según el Colegio, el comportamiento de los acusados «minó los principios de objetividad, imparcialidad y confianza que han de presidir cualquier contacto de los profesionales de la Abogacía con el Ministerio Público; pues cualquier filtración, además del daño reputacional y la consiguiente lesión de derechos subjetivos, influye sustancialmente en el desarrollo del proceso con todas las garantías».
Recuerda, en este sentido, que la Junta de Gobierno del Colegio acordó el 18 de marzo de 2024 desvincularse temporalmente del Protocolo de Conformidades con el Ministerio Fiscal.
