Cuando en 2013 Canal de Isabel II asumió la gestión del ciclo del agua en Lanzarote a través de su filial Canal Gestión Lanzarote, el Gobierno de la Comunidad de Madrid presentó la operación como una inversión ejemplar. Una concesión de 30 años que prometía rentabilidad, modernización de infraestructuras y un servicio de calidad. Doce años después, lo que queda es una red colapsada, pérdidas millonarias y una ciudadanía cansada de promesas incumplidas.
El sistema hidráulico de Lanzarote está en situación crítica. Más de la mitad del agua producida en la isla, un 52 % según datos del Consejo Insular de Aguas, se pierde sin llegar a los hogares. Las tuberías presentan fugas generalizadas, bombas e instalaciones clave llevan meses fuera de servicio, y los trabajadores denuncian falta de mantenimiento, escasez de repuestos e inacción prolongada por parte de la dirección. La situación ha llevado al Cabildo a activar los mecanismos legales para rescindir el contrato con Canal Gestión, eso sí, con una falta de transparencia tanto sobre la situación actual del procedimiento legal emprendido como, y es aún mucho más importante, respecto a las previsiones del Cabildo para la gestión del ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa si se produce esta rescisión de contrato, como ha venido denunciando reiteradamente el PSOE de Lanzarote.
A todo esto se suma el fracaso económico. Canal Gestión Lanzarote acumula ya más de 9 millones de euros en pérdidas, y el intento de la empresa pública madrileña de desprenderse de su filial ha fracasado: ninguna empresa del sector ha querido asumir la gestión en estas condiciones. La realidad es que no se ha cumplido el plan de inversiones, ni se ha renovado la red de distribución, ni se ha garantizado un servicio eficaz.
Esta historia no es una excepción. En Cáceres, donde Canal también gestiona el agua, las quejas ciudadanas se dispararon en 2023, con más de 2.000 incidencias registradas entre cortes, fugas y deficiencias. Las obras comprometidas se han retrasado sistemáticamente, y los consistorios afectados han exigido explicaciones sin obtener respuestas convincentes.
Y fuera de España, el panorama es aún más preocupante. En Colombia, varias operaciones de la filial latinoamericana del Canal han sido investigadas por presunta corrupción, y la inversión en la empresa brasileña Emissao derivó en uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados a una empresa pública madrileña: el caso Lezo, con altos cargos imputados por desvío de fondos y contratos amañados.
Mientras tanto, los madrileños reciben otra noticia: el Gobierno regional ha aprobado una subida del 18 % en la tarifa del agua hasta 2030. ¿Cuánto de ese incremento está relacionado con el agujero financiero de las aventuras fallidas del Canal fuera de Madrid? ¿Cuánto están pagando los ciudadanos por inversiones ineficaces y decisiones políticas sin control?
Canal de Isabel II ha sido, durante más de un siglo, sinónimo de excelencia en la gestión del agua. Pero hoy, bajo una política de expansión irresponsable y sin rendición de cuentas, se ha convertido en un símbolo de cómo una empresa pública puede degradarse en apenas una década. Es urgente que se auditen las inversiones fallidas, se depuren responsabilidades y se recupere la gestión pública responsable, transparente y centrada en el interés general.
Diego Cruz Torrijos es Vicepresidente Tercero de la Asamblea de Madrid y diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid
