La legislatura española navega ya a la deriva. El timonel Pedro Sánchez ha perdido el control de los acontecimientos y su futuro más inmediato depende de la bomba de racimo lanzada por el «triángulo tóxico», como el Gobierno define a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y sobre todo de la dinamita que, en forma de informes y registros, aún pueden hacer estallar la Guardia Civil y los jueces. Los próximos 10 días son puro vértigo con las declaraciones judiciales de ese tridente de presunta corrupción que incluye a los dos últimos secretarios de organización del PSOE. Tras la conmoción inicial, Sánchez ha ordenado resistir contra viento y marea. Pero si antes era sencillo pensar que echaría mano de su manual de resiliencia, ahora todas las opciones parecen callejones sin salida. Repasémoslas.
Ante lo imprevisible de los acontecimientos, la estabilidad del Ejecutivo, siempre achacosa, ha quedado en ‘stand by’. Con más o menos contundencia, todos los socios han congelado su apoyo a Sánchez, supeditándolo al devenir de las investigaciones. El presidente se aferra a que ningún aliado ha pedido públicamente elecciones ni apoyaría una moción de censura porque no quieren ni en pintura un Gobierno con o influido por Vox. Los eslabones más débiles son los dos socios de derechas, Junts y PNV, pero ambos tienen sendos acicates para sostener al PSOE: la amnistía pendiente y la coalición con los socialistas en Euskadi, respectivamente.
Ahora bien, todos le exigen a Sánchez una certeza que no parece que pueda darles: que no saldrá un solo indicio de financiación ilegal del PSOE ni nada similar a aquel ‘M. Rajoy‘ que le comprometa a él mismo. Si eso sucede, apretarían el botón nuclear. Mientras no suceda, Sánchez puede tratar de rehacer la mayoría con nuevas concesiones o con el mejor botín posible en estos momentos: aprobar los Presupuestos de 2026. Pero toda cesión será interpretada, más todavía que antes, como una huida hacia adelante para sobrevivir.
Sánchez podría repetir la jugada de 2021, cuando en el ecuador de aquella legislatura cambió el corazón del Gobierno y del PSOE para, entre otras cosas, sacar de ambos a Ábalos (ahora ya se comprende por qué). Pero una remodelación de ese tipo se interpretaría como una asunción de culpabilidad cuando, al menos de momento, ningún ministro está salpicado por la trama corrupta. El líder socialista puede aferrarse al hecho de que un puñado de sus ministros serán candidatos autonómicos y deben preparar con tiempo un envite crucial para que el partido recupere poder territorial. En algún caso, como el de la vicepresidenta María Jesús Montero, tiene las elecciones andaluzas a un año vista. Pero sacarlos del Gabinete les robaría toda notoriedad pública.
El partido es otra historia. El 5 de julio habrá un comité federal clave para el PSOE. Ahí será donde Sánchez tendrá que nombrar al sustituto de Cerdán y la incógnita es si aprovechará para ejecutar cambios más profundos que evidencien un cambio de etapa. Aunque haya retado a los díscolos a llevar sus críticas a ese foro, el secretario general ha ido reforzando su control sobre la organización y apenas cuenta con oposición interna. Pero si opta por cambios quirúrgicos, como parece, el malestar podría desbordarse. Sobre todo porque, como decíamos al principio, hasta el 5 de julio puede salir más basura.
En términos políticos, someterse a una cuestión de confianza sería la fórmula más efectiva para demostrar que el presidente mantiene el apoyo del Congreso. Pero entraña muchos riesgos en el contexto actual. En la práctica, Sánchez depende de ocho partidos y no le puede fallar ni uno. Para evitar la tentación de hacerle caer, tendría que abrir otro rosario de negociaciones cruzadas a un precio presumiblemente más caro y con intereses contrapuestos entre los socios de izquierda y los de derecha.
Sánchez tampoco se plantea dimitir, por lo que tendría de reconocimiento de culpa y por otro sorprendente argumento que luego analizaremos. Pero su sacrificio tendría un problema añadido para el PSOE: quién sería el nuevo candidato (a una investidura o a unas elecciones). Tras perder la secretaría general de forma convulsa y recuperarla a los pocos meses con el apoyo de las bases, el líder fue sacándose de encima a los dirigentes que pudieran hacerle sombra, lo que hace que el partido carezca hoy de un banquillo sólido en el que buscar un recambio.
«Entregar las riendas del país a PP y Vox sería una tremenda irresponsabilidad». El argumento de Sánchez para rechazar el adelanto electoral es muy resbaladizo por dos razones: porque exhibe debilidad al reconocer que perdería el Gobierno si convoca elecciones, y porque quien ‘entrega’ el Gobierno a uno u otro partido es la ciudadanía con su voto. Dicho esto, en efecto, las urnas arrojarían un claro vuelco con la ultraderecha desatada, como ha reflejado esta semana la encuesta del GESOP para Prensa Ibérica. Pero el problema vuelve a ser el mismo: Sánchez no maneja ya los tempos de lo que pueda pasar. Dirigentes territoriales del PSOE, afines y críticos, presionan para que haya comicios cuanto antes para no contaminar las elecciones autonómicas de 2027.
«No me faltan ganas, me faltan cuatro votos. Si aparecen, no lo dudaré ni un instante». Alberto Núñez Feijóo también admitió esta semana que la moción de censura es un camino inviable que daría oxígeno al Gobierno. Si los socios, todos o algunos, se decidieran a tumbar a Sánchez, probablemente lo harían forzando una derrota tras otra en el Congreso antes que enrolándose en una pinza con Vox. Hasta que haya elecciones, no dan los números.
Mientras tanto, ventilador en mano, Sánchez cree que tras el verano hallará alivio porque llegarán grandes titulares que vincularán al PP con la corrupción. Se refiere a causas que se están instruyendo, como la dana o la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero también al último juicio por la trama Gürtel, que se iniciará en noviembre. Hay muchas más, como Kitchen, Púnica o Lezo, pero van para largo y afectan a dirigentes de anteriores etapas del PP. Demasiada poca árnica para aguantar dos años, que es mucho tiempo.
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