Un grupo de relevantes juristas coordinados por el catedrático de Derecho Administrativo Andrés Betancor han presentado esta tarde en Madrid el Memorial por la recuperación de la normalidad democrática, un documento que nace de la preocupación por la actual crisis institucional y que quiere servir como «recordatorio de lo obvio»: «que el Parlamento controle y legisle; que el Gobierno gobierne al servicio del interés general; que los jueces juzguen sin tutelas; que la ley sea tan previsible como un buen reloj; que las empresas no dependan del capricho político; que los partidos sirvan a la participación ciudadana y no a la colonización de instituciones y empresas», señalan.
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional, y Pablo de Lora, catedrático de Filosofía del Derecho, han expuesto en un diálogo con Betancor el sentido del Memorial: hacer un llamamiento a que «cada ciudadano asuma que la Constitución no se defiende sola».
Junto a ellos, firman el documento el expresidente del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho Laboral Francisco Pérez de los Cobos; la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal, la expresidenta del Tribunal de Cuentas María José de la Fuente, los exmagistrados del Tribunal Constitucional Manuel Aragón y Jorge Rodríguez-Zapata; el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores Sebastián Albella; y los catedráticos Ignacio Dez-Picazo, Germán Fernández Farreres, Ángel Rojo, Eva Desdentado o Carlos Vidal, entre otros.
La fecha elegida para la presentación del Memorial no es indiferente: un 19 de junio, hace once años, Felipe VI fue proclamado Rey. «Aquel día simbolizó la normalidad democrática y la solidez de nuestras instituciones. Ese espíritu impregna este Memorial. Es una llamada de alerta y una reivindicación: no permitamos que nuestras instituciones se marchiten bajo la inercia tóxica que convierte la excepción antidemocrática en norma», afirman.
A su juicio, España atraviesa desde hace años una progresiva crisis institucional. «No se trata de un colapso repentino», explican, «sino de un proceso de erosión continua, marcado por la desconfianza ciudadana, la colonización partidista de los organismos públicos y la banalización de la vida política».
«La mercadotecnia ha sustituido a la deliberación; la imagen ha desplazado al contenido; y los partidos, instituciones llamadas a representar intereses y valores sociales, han abandonado su función sustancial para actuar como maquinarias de poder electoral, sin proyecto ni estructura de pensamiento», opinan.
Para estos juristas, el modelo de democracia constitucional está amenazado por dos dinámicas políticas disruptivas y convergentes: la partitocracia y el populismo.
La partitocracia «implica la apropiación del sistema institucional por parte de los partidos políticos». Estos «colonizan» las instituciones, especialmente las de control, manipulan los procesos legislativos y subordinan la técnica y la neutralidad a sus intereses partidistas.
«La Administración pública y los organismos reguladores ven mermada su autonomía por la ocupación partidista, y la separación de poderes se diluye en favor de una concentración de poder incompatible con la lógica constitucional», indican
El populismo, por su parte, se presenta como una «democracia directa emocional, donde el líder encarna la supuesta voluntad del pueblo y rechaza los intermediarios institucionales».
Ambos procesos «convergen en la degradación del principio democrático», señalan. «La ciudadanía, sometida a una sobrecarga informativa, inducida por medios de comunicación subvencionados de forma opaca y expuesta a la desinformación en redes sociales, se aleja de los cauces institucionales».
El resultado es una crisis de representación, manifiestan. «Las instituciones ya no logran articular la voluntad popular ni canalizar el conflicto político».
Consideran que, ante esta situación, se precisa «recuperar la normalidad democrática, que es la constitucional»: «vivificar las instituciones, fortalecer la educación cívica, asegurar la transparencia en la información, reformar el sistema de partidos y garantizar una mayor conexión entre representantes y representados».
«La ciudadanía», afirman, «debe volver a ser sujeto activo del poder, no cliente pasivo del espectáculo político. Solo así será posible frenar la deriva hacia la desinstitucionalización, restaurar la confianza en el sistema democrático y preservar la libertad e igualdad como fines sustantivos del Estado».
Corrupción
El Memorial también alerta de la corrupción, uno de los «principales vectores de degeneración institucional». No solo por sus efectos económicos, sino porque «quiebra la confianza de los ciudadanos en el poder que actúa en su nombre».
El descubrimiento de casos de corrupción y su confirmación judicial «no sólo no provoca la dimisión inmediata de los afectados, sino que se acompaña de acusaciones de lawfare contra la Judicatura, rompiendo los principios esenciales de todo parlamentarismo democrático».
Según el documento, el Parlamento ha perdido protagonismo legislativo en favor de un Ejecutivo «que legisla por decreto-ley con una frecuencia desmedida», utilizando esta figura excepcional como cauce ordinario de producción normativa sobre la base de la «desnaturalización» del presupuesto habilitante «que ha llevado a cabo el Tribunal Constitucional».
A esto se suma el «abuso» de procedimientos legislativos acelerados (lectura única, urgencia, tramitación por Comisión) y la inclusión de enmiendas carentes de conexión con el texto original, que «reducen drásticamente» la deliberación parlamentaria.
«Se legisla sin tiempo, sin debate y, a menudo, sin control previo. Las normas resultantes son técnicamente deficientes, incoherentes, confusas y carentes de una evaluación rigurosa. Las leyes se han vuelto instrumentales o simbólicas, subordinadas a la lógica de la urgencia política, la propaganda o la conveniencia del momento. Proliferan las ‘leyes ómnibus’ y las ‘leyes de telediario’, cargadas de disposiciones heterogéneas, de aplicación incierta y con escasa calidad técnica. Lejos de garantizar la seguridad jurídica, muchas generan litigiosidad», exponen.
En cuanto a la Justicia, sostienen que la «realización práctica» de la independencia judicial «se encuentra hoy comprometida».
«Las interferencias partidistas en el Consejo General del Poder Judicial, el sistema de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional y la creciente polarización en los órganos judiciales proyectan una imagen de dependencia incompatible con la confianza pública en la Justicia», dicen.
Añaden que «la vinculación con el Gobierno ha derivado en una deslegitimación del fiscal general del Estado fruto de prácticas clientelares y falta de objetividad, lo que exige una urgente reforma estatutaria que garantice la independencia real, el mérito, la transparencia y la rendición de cuentas».
Alertan también de la necesidad de una reforma profunda de la jurisdicción contencioso-administrativa, ya que el control judicial sobre la Administración, «teóricamente robusto, se ve debilitado por barreras procesales como la de la legitimación activa, que ha impedido recurrir decisiones políticamente sensibles como los indultos del procés o la financiación de actuaciones exteriores».
En otros casos, «la deferencia judicial ante la discrecionalidad administrativa ha derivado en sentencias ineficaces o simbólicas que apenas corrigen abusos y acaban reforzando la sensación de impunidad».
«La amnistía concedida a los secesionistas catalanes supone, por ahora, la última confirmación de la intervención política en un ámbito que corresponde exclusivamente a la Justicia. No solo quiebra la igualdad ante la ley, sino que anula, a posteriori, decisiones judiciales fundamentadas en la aplicación legítima de la legislación penal, como si se tratara de una tiranía cuyos restos deberían ser erradicados», afirman.
Reformas judiciales
A su parecer, la anunciada reforma del sistema de acceso a la carrera judicial, que está provocando fuertes protestas en la Judicatura, «incrementa el desasosiego al evidenciar que el ‘relajamiento’ de las exigencias de preparación técnica constituye uno de los caminos para debilitar la independencia judicial y, en consecuencia, su función de control del poder. Se suma a las otras iniciativas de reforma del ministerio fiscal para atribuirle la instrucción penal sin garantías de independencia».
Sobre la economía de mercado, señalan que «el intervencionismo creciente y muchas veces ineficiente ha erosionado los fundamentos de la libre iniciativa, hasta el extremo de que el Gobierno está interviniendo importantes empresas privadas. El Estado, que debería actuar como regulador neutral, tiende a comportarse como actor económico, distorsionando el mercado con medidas desproporcionadas, fiscalidad asfixiante o regulaciones de carácter ideológico».
Otro factor crítico es la inseguridad jurídica, indican. «La inflación normativa, los cambios constantes e imprevisibles en las reglas del juego, la baja calidad técnica de las leyes y la lentitud e imprevisibilidad judicial afectan gravemente al tejido productivo. Los ciudadanos y las empresas no saben a qué atenerse, lo que disuade la inversión, desalienta la innovación y reduce la competitividad».
El Memorial concluye que la política «debe recuperar su función institucional, revalorizar la representación y promover un nuevo pacto cívico que priorice el interés general por encima de la rentabilidad inmediata».
«Sin ese esfuerzo de reconstrucción, el Estado democrático de Derecho corre el riesgo de vaciarse por dentro hasta convertirse en una mera fachada de aparente legalidad ajena a los principios y valores que le caracterizan y sostienen. Ese, como la Historia nos enseña, sería el camino inexorable para su perdición», finalizan.
