En las grabaciones obtenidas por la Guardia Civil de conversaciones entre los ex secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y el ex asesor del Ministerio Koldo García, Andalucía tiene un papel protagonista. Por un lado, por los contratos de obras en los que aparecen incidios de adjudicaciones irregulares o cobros de comisiones como la ampliación del Puente del Centenario o el desdoble de la N-IV. Por otro lado, por la ramificación granadina de esta trama que ha provocado la mayor crisis del PSOE desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez.
De hecho, en los registros que se produjeron a instancias del Tribunal Supremo y justo a continuación de la presentación del informe de las grabaciones por parte de la UCO, Granada ha tenido un papel protagonista. La Guardia Civil ha realizado hasta tres intervenciones en esta provincia andaluza en los que ha requisado móviles, informes, expedientes y comunicaciones relacionadas con contratos de la Administración Pública y también privados. El resto de registros se han realizado en Valencia y Madrid.
«Para comprender la relación de Koldo con los hermanos Daniel y Antonio Fernández Méndez, es imprescindible destacar en primera instancia que a ambos les unen lazos familiares (cuñados) con Fernando Merino, directivo de Acciona. Habría sido éste, por tanto, quien, aprovechando su relación con Koldo desde que coincidieron en Navarra, habría introducido a sus cuñados en el MITMA (Ministerio de Transportes)», explica el informe de la Guardia Civil en una frase que justifica los registros que se han producido en Granada en esta semana.
La Guardia Civil apunta de forma directa a Antonio Fernández, quien fue asesor del delegado del Gobierno en Andalucía, pero no por su papel en esta institución sino por el que desempeñó posteriormente en la empresa privada Obras Públicas y Regadíos (OPR). Apunta también a su hermano, quien no reside en Granada, y a un directivo de Acciona, que es familiar y que sí reside en esta provincia. Estos tres nombres unen, según la Guardia Civil, al Ministerio de Transportes, a través de la figura de Koldo García con dos empresas que figuran como adjudicatarias de contratos investigados: Acciona y OPR.
Tres registros
El primer registro se produjo el pasado 10 de junio en el domicilio de Fernando Merino en Huétor Vega. Su nombre aparece en el primer informe de la UCO como directivo de Acciona, una de las empresas investigadas por su participación en adjudicaciones del Ministerio. En la documentación a la que ha tenido acceso este periódico se constata que se ha requistado documentación de distintos contratos en los que participaba Acciona con el Ministerio y con otras administraciones, el teléfono móvil, discos duros y acceso al correo electrónico.
En el registro, que duró seis horas, se encontró «una copia de un contrato de construcción y reforma», de 4 de enero de 2021, relativo a una vivienda ubicada en el municipio alicantino de Polop de la Marina. La UCO precisa que en dicho contrato figuran como «intervinientes» Joseba García, el hermano de Koldo García -el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes- y la empresa MER Construcción y Mantenimiento. Además, los agentes de la UCO encontraron «diversa documentación relacionada con la obra efectuada por MER en la vivienda» mencionada.
También en la provincia de Granada, la Guardia Civil registró el domicilio de Antonio Fernández en Baza empresario que ocupó un puesto de asesor en la Delegación del Gobierno en Andalucía. La investigación se centra no obstante en su papel como apoderado de la empresa Obras Públicas y Regadíos desde 2023. Allí se intervinieron expedientes de revisión de precios, facturaciones y distintos contratos de obras. También aparece, según se recoge en las actas, una tarjeta de visita de Koldo con «anotaciones manuscritas en la parte trasera». Se incautaron móviles, dispositivos electrónicos y acceso a distintos correos electrónicos.
Por último, la Guardia Civil ha registrado la empresa Obras Públicas y Regadíos con sede en el municipio granadino de Peligros, donde se ha intervenido documentación en relación a la UTE Ave Sevilla Córdoba o a la empresa Aridos Anfersa, que aparece en las grabaciones vinculada a la contratación de la esposa de Koldo García. En este registro se actuó en el puesto de trabajo de Antonio Fernández, donde se localizaron «notas manuscritas de facturación y licitaciones y adjudicaciones históricas del Ministerio de Fomento». De otros puestos de trabajo se retiraron ordenadores y equipos informáticos.
En todos estos registros, además, la UCO ha ido recopilando información sobre los contratos que aparecen en las grabaciones vinculados a posibles cobros de comisiones como es el caso de la ampliación del puente del Centenario.
