El Atlético de Madrid se quedó con la gallina de los huevos
de oro que suponen los conciertos en la capital de España. Algo que en un
primer momento estaba destinado al Real Madrid, pero que los vecinos de la zona
del Bernabéu se encargaron de tumbar con sus protestas y sus denuncias.
Los eventos se mudaron al Metropolitano, con el suculento
premio económico que eso supone, pero los vecinos de la zona también se han
puesto en pie de guerra. En las redes sociales se acumulan los vídeos en los
que se denuncian el ruido y el exceso de decibelios en el barrio de Canillejas
en los últimos días tras los conciertos de Ed Sheeran, Lola Indigo y Natos y Waor.
Imagen de un concierto en el Metropolitano.
Ahora, según avanza el diario El Mundo, desde la Comunidad
de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, se va a intentar mantener a la
región en el epicentro mundial de la música o al menos intentar que no se
pierda lo que se ha conseguido en los últimos tiempos, que los grandes artistas
hagan parada en Madrid.
Un tipo de ocio que deja mucho dinero. Y es que, por
ejemplo, en los días del pasado verano en los que Taylor Swift desembarcó en
Madrid hubo un impacto de 120 millones de euros en la región. Y es algo demasiado
suculento para perderlo.
El problema está en las asociaciones vecinales que tras el
éxito relacionado con el Bernabéu, consiguieron parar la actividad musical en
el exterior de los pabellones del Ifema y amenazan ahora al Metropolitano e
incluso a la Caja Mágica y al Movistar Arena.
Miles de personas llenan las gradas del Bernabéu en un concierto de Manuel Carrasco.
Para evitarlo Ayuso habría encargado a la Consejería de
Interior, que se responsabiliza de los eventos en la Comunidad de Madrid, que
estudie y proponga un escudo legal para todos aquellos acontecimientos de
primer nivel y de interés regional. Una medida que permita la convivencia entre
los grandes conciertos y los vecinos.
Se estaría diseñando una modificación de la LEPAR (Ley de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas), traducida en una elevación de
los permisos de decibelios, en parámetros razonables y descartando la exención
total. La idea es hacer algo similar a lo que se aplica en ciudades europeas y
centrarse en las medias de ruido durante el evento y no en los picos máximos a
la hora de fijar la ilegalidad. Una medida que se aplicaría solo en los eventos
de primerísimo nivel, que también se encargaría de fijar la Comunidad de Madrid,
y que deberán cumplir también unas grandes exigencias en materia de seguridad y
limpieza para tranquilizar a los vecinos de los recintos.
