La acusación particular del caso de Generación Zoe en España, que tuvo su sede en Elda, pide penas que suman 20 años de cárcel para los cabecillas de la trama, los hermanos Daniel y Camilo Paterna, por los delitos de estafa cualificada continuada, organización criminal, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución por alzamiento de bienes. Hay, además, otros doce procesados para los que también solicita distintas condenas de prisión.
El escrito presentado este pasado martes al Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional ofrece un exhaustivo relato de los hechos, la estructura de la presunta organización criminal y las múltiples pruebas documentales y testimoniales que sustentan la acusación.
Todo el entramado, señala la acusación particular, fue una réplica del fraude original creado y liderado en Argentina por Leonardo Cositorto, quien se encuentra preso tras una primera condena de 12 años de cárcel. Generación Zoe consistió en una macroestafa piramidal de ámbito internacional disfrazada de empresa de formación financiera y coaching. Sus responsables captaban inversores prometiéndoles altas rentabilidades mensuales a cambio de supuestos paquetes educativos, criptomonedas o bots financieros.
La red actuó en numerosos países, sobre todo en Sudamérica. En el caso de España lo hizo a través de la mercantil Pro Coaching FIF S.L. dirigida por el alicantino Daniel Paterna.
El despacho de abogados Marín & Ballester, que representa a las más de un centenar de víctimas que han denunciado en España, señala en su escrito que el dinero ingresado, mayoritariamente en efectivo y sin justificación, no se invertía realmente, sino que se utilizaba para pagar a inversores anteriores, sostener la apariencia de solvencia, publicitar la empresa en redes sociales para así atraer a más clientes, y financiar el lujoso estilo de vida de los implicados. Cuando el flujo de nuevos inversores cesó a raíz del desmoronamiento de la empresa matriz en Argentina tras las denuncias en varios países, los responsables dejaron de pagar y no devolvieron el dinero a los inversores.
Además, según recoge el citado escrito, se detectaron desvíos millonarios a cuentas extranjeras, compras de propiedades, creación de empresas pantalla y ocultación de activos para evitar la acción de la justicia.
Los acusados y sus roles
Encabeza la lista de procesados Daniel Paterna Lama, el líder de la trama en España, junto a su hermano Camilo Paterna Lama, con un rol directivo y de control financiero. Según la acusación, ambos importaron el modelo fraudulento desarrollado por Leonardo Cositorto en Argentina, replicando su modus operandi en Elda y extendiéndolo a otras ciudades españolas.
Los dos hermanos «aparentaban ser poseedores de bienes, negocios y empresas, con una campaña agresiva de marketing, manejaban coches lujosos, y bombardearon las redes sociales con videos como si dos estrellas de rock se tratara«; de la misma forma, añade el escrito acusatorio, «daban instrucciones al resto de integrantes de la organización para mostrar un cambio laboral favorable y radical, que les proporcionaba un nivel de vida desconocido con anterioridad a su incorporación a la asociación, ardid con el que lograban el convencimiento de las futuras víctimas, para lo cual se organizaban diferentes convenciones y eventos a los que asistían de forma gratuita una gran cantidad de personas y que se realizaban en lujosos hoteles», como en el Bali de Benidorm.
A su alrededor, prosigue el escrito, se articuló una red de colaboradores que «desempeñaban funciones clave»: desde la captación de víctimas, la gestión de fondos y criptomonedas, hasta la promoción en eventos y redes sociales:
- Andrea Acosta Benavides: señalada como enlace entre la sede española y la argentina, y encargada de gestionar el destino del dinero.
- Priscila Lantadilla Forné: descrita como la «mano derecha» de Paterna, con un rol activo en la promoción y captación.
- Nuria Almendros Jaén: figura como contable de la organización, acusada de conocer y facilitar la operativa fraudulenta, gestionando los movimientos contables que reflejaban ingresos ficticios. Se da la circunstancia de que esta procesada fue candidata en la lista del PP de Elda en las últimas elecciones municipales y aparece como consejera de la Empresa Municipal de Urbanizaciones de Elda SA.
- Aurimar del Rosario Mejías Salas y Lucía Llorente Jiménez: encargadas de entregar beneficios a las víctimas sin recibos y gestionar las operaciones de inversión desde la sede de Elda.
- Otros acusados como Sandra Rico Moreno, José David Pla Reig, José Blas Sánchez Lozano, Manuel Antonio Gómez Ruiz, Jezabel D’Agostini Duque, y Pedro Manuel Fernández González, todos con roles funcionales diversos dentro del entramado.
- A Teresa Guardiola Villalba, esposa de Camilo Paterna, se le imputa el delito de frustración de la ejecución por alzarse con bienes (vehículos) tras la detención de su marido, y su participación a título lucrativo, al haberse beneficiado directamente de los fondos obtenidos de la estafa.
A todos ellos, salvo para esta última, se les suma la petición de una multa de 18 meses con una cuota diaria de 100 euros, además de las indemnizaciones a las víctimas por las cuantías que invirtieron. También se reclama el decomiso de todos los bienes incautados durante la investigación, incluyendo inmuebles, muebles, dinero en efectivo o virtual, cuentas bancarias, monederos electrónicos y cualquier otro bien bloqueado o embargado durante el proceso judicial.
Argumentos de la acusación particular
La acusación particular sostiene que la organización constituyó en 2020 la mercantil Pro Coaching FIF S.L. con el propósito exclusivo de instrumentar el fraude, utilizando un falso modelo de formación financiera como cobertura. A través de membresías, bots de inversión y supuestos paquetes educativos, ofrecían rentabilidades irreales del 7,5% mensual hasta llegar al 330% anual, incentivando la reinversión y captación de nuevos inversores mediante un sistema piramidal.
Los fondos de las víctimas —superiores a los 4 millones de euros, según el análisis bancario que cita el escrito— eran ingresados por transferencia o en metálico y no eran destinados a ninguna inversión real. La estructura se sostenía con nuevas aportaciones hasta el colapso, momento en el cual los líderes desviaron importantes sumas al extranjero, adquirieron propiedades en Andorra, fundaron sociedades en Reino Unido y realizaron pagos anticipados a su defensa legal por más de 64.000 euros antes incluso de ser detenidos.
Los Paterna «han sido incapaces de justificar dónde han metido los cerca de 7 u 8 millones de euros que habrán pasado por las oficinas, entre lo que circulaba por cuentas bancarias y lo que circulaba en efectivo, no olvidemos que llegaron a comprar contadoras de dinero, de las que presumían en redes sociales y las víctimas manifestaron observar bolsas de basura llenas de dinero».
«Es tal la mezquindad con la que han engañado a personas de avanzada edad y a personas que confiaron en ellos, que sorprende que hasta la fecha, no hayan hecho intención alguna de reparar el estropicio», subraya el abogado de las víctimas.
La acusación destaca el carácter predeterminado y reiterado del fraude, que se sostuvo mediante engaños sistemáticos, falsas promesas de rentabilidad y una cuidada puesta en escena que incluía eventos en hoteles de lujo y la exhibición de un estilo de vida opulento. «Básicamente venden humo en un escenario bien orquestado», aseguran.
Asimismo, señala la existencia de numerosos testimonios de víctimas que corroboran los pagos en mano, la entrega de dinero en bolsas, el uso de máquinas contadoras y la falta de documentación legal. «La mayoría del dinero defraudado a las víctimas fue empleado para la adquisición de criptomonedas que hasta la fecha les permiten continuar con el mismo tren de vida».
La propia declaración de Daniel Paterna, añade, «es un despropósito, es completamente autoinculpatoria y pretende vender la versión de que es una víctima más, pero una víctima más no vacía sus oficinas dos días antes de su detención, no se alza con sus bienes, no crea infinidad de mercantiles y desvía ingentes cantidades de dinero que manifestaba no tener, dejando a infinidad de personas en la auténtica miseria. Su propia mujer no invierte en Zoe, salvando con ello el patrimonio familiar, por lo que es evidente que desde el minuto 0 sabía que lo que estaba vendiendo era una estafa piramidal».
La acusación particular considera que existen pruebas abrumadoras contra los procesados: declaraciones autoinculpatorias, pruebas documentales, registros policiales, vídeos promocionales y análisis contables que evidencian el origen ilícito de los fondos. Por ello, solicita la apertura de juicio oral ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con la expectativa de que se impongan penas proporcionales a la magnitud del daño causado a cientos de inversores en España en el que es, sin duda, uno de los fraudes piramidales más sonados de los últimos años en el mundo.
