El Gobierno de Navarra adjudicó en mayo de 2018, a través de la Consejería de Educación controlada entonces por Geroa Bai, un contrato público de 2,6 millones de euros a una sociedad llamada Alegure.
La empresa se constituyó en agosto de 2017, es decir, nueve meses antes de publicarse la licitación. Es propiedad de Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar 2000. De hecho, Alegure y Servinabar comparten el mismo domicilio social, en la calle San Nicolás de Pamplona.
El contrato tenía por objeto la construcción de un colegio público en Arbizu (Navarra). Esta adjudicación forma parte del conjunto de siete contratos por valor de 86 millones que recibió Servinabar. La sociedad ya está bajo investigación por posibles adjudicaciones irregulares.
En el Portal de Contratación de Navarra no figuran las actas de la mesa de contratación ni el número de ofertas presentadas. Alegure sigue activa pero no ha vuelto a concurrir a más licitaciones ni se le conoce actividad privada.
Su accionariado figura también al empresario vasco Iñaki Alzaga, consejero delegado del Grupo Noticias, editor de Diario de Noticias, un periódico alineado editorialmente con Geroa Bai.
La consejera de Educación en aquel momento era María Solana, periodista de formación y portavoz del Gobierno foral. Desde noviembre de 2024, Solana forma parte del Consejo de Administración de RTVE, en un nombramiento que generó protestas entre los trabajadores por la presunta politización del órgano.
La adjudicación de esta obra será investigada tanto por la Cámara de Comptos —el equivalente navarro al Tribunal de Cuentas— como por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), según anunció el miércoles la presidenta foral, la socialista María Chivite.
Los otros contratos
Además de esta obra en Arbizu, Servinabar 2000 fue beneficiaria de otros seis contratos públicos con la Administración foral.
Cuatro se concedieron durante el mandato de Uxue Barkos (2015-2019), cuando Geroa Bai gobernó en coalición con EH Bildu e Izquierda-Ezkerra.
Los tres restantes se firmaron ya bajo la presidencia de María Chivite, a partir de 2019. Dos de ellos están relacionados con promociones de vivienda pública y fueron gestionados también desde áreas controladas por Geroa Bai, uno de ellos con cofinanciación europea.
El más importante de todos es el de la duplicación de los túneles de Belate, adjudicado en diciembre de 2023 por 76 millones de euros, y considerado el mayor proyecto de obra pública licitado en Navarra en la última década.
El contrato se llevó a cabo desde el Departamento de Cohesión Territorial, que dirige el tío de la presidenta, el también socialista Óscar Chivite.
Chivite no dimite
Pese a las sospechas sobre la legalidad de esas adjudicaciones, Chivite insistió este jueves en que no tiene «ningún argumento para dimitir». Aseguró que «no existe informe alguno» que acredite irregularidades y prometió «llegar hasta las últimas consecuencias» para proteger la imagen del Ejecutivo.
Por el momento, el escándalo ha golpeado al núcleo más cercano a Chivite, forzando la renuncia de su vicesecretario general. Ramón Alzórriz dimitió este miércoles a última hora de la tarde tras admitir que no informó de que su pareja trabajaba para Servinabar.
Mientras tanto, la presión de la oposición se intensifica. El portavoz de UPN, Javier Esparza, exigió la dimisión inmediata de la presidenta, a la que ve «contaminada». «No puede seguir ni un minuto más», afirmó, tras recordar que «las dos personas más poderosas del PSN ya han caído».
Desde el PP reclaman también la renuncia de Chivite y la convocatoria de elecciones. Vox, por su parte, se refiere al Gobierno de Chivite como «la mafia navarra» y pide cárcel para los implicados.
