El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la petición de medidas cautelares de Airbnb y se ha mantenido firme en la orden de retirada de 5.800 anuncios ilegales de pisos turísticos, en relación con las acciones puestas en marcha desde el Ministerio de Consumo el pasado mes de mayo, cuando la cartera de Pablo Bustinduy impuso a la empresa la retirada de más de 65.000 anuncios ilegales. «Airbnb presentó un recurso de reposición y han vuelto a perder», ha señalado este jueves el propio ministro, celebrando que el auto avala las actuaciones de su cartera ministerial.
Hasta el momento, la Justicia había avalado la eliminación cautelar de una primera tanda de 5.800 anuncios «de manera inmediata», ante lo que la plataforma presentó un recurso que no ha sido admitido. Estas páginas afectan a pisos que se encuentran en Andalucía, Madrid, Catalunya, Valencia, las Islas Baleares y el País Vasco. «Tras este segundo auto, todos esos anuncios deben ser retirados, tal y como requirió la Dirección General de Consumo», explican desde este departamento.
«Las empresas en España deben cumplir con la legislación vigente y eso es especialmente importante en materia de vivienda, donde hay un puñado de fondos de inversión y de grandes plataformas que se están lucrando a costa de cercenar el derecho constitucional a la vivienda de millones de familias«, ha elevado Bustinduy, optimista ante el precedente que puede sentar esta decisión judicial. «Es una buena noticia. Espero que vengan más en el futuro y que pongamos orden al mercado de la vivienda en España», ha añadido.
Hasta 65.000 anuncios ilegales
Consumo había detectado decenas de miles de anuncios que no cuentan con número de licencia o registro, que es obligatorio en varias normativas autonómicas, que no coinciden con los expedidos por las administraciones o que son opacos sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores y, por tanto, afectan a los derechos de los consumidores.
El departamento de Bustinduy está tratando de abordar las irregularidades de empresas vinculadas a la vivienda por varias vías además de esta. Por ejemplo, esta misma semana, anunció la apertura de otro expediente sancionador a una inmobiliaria por el presunto cobro de comisiones ilegales a los inquilinos o por forzarles a contratar servicios no solicitados. La primera agencia con un expediente abierto ha sido Alquiler Seguro, que ha presentado alegaciones a las medidas llevadas a cabo por el Ministerio.
A su vez, la Dirección General de Consumo se encuentra investigando a los grandes gestores de pisos turísticos por posibles prácticas fraudulentas, tras detectar indicios de que ofrecen «información falta o que, a pesar de ser veraz, puede inducir a error a los destinatarios, por su contenido o presentación», como hacer ver que el propietario es un particular y no una empresa.
A la caza de los especuladores
Bustinduy ha trasladado su objetivo de colaborar con las administraciones públicas competentes para «acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos”, así como para «favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores». En esta línea, desde Consumo se está trabajando en diversas actuaciones complementarias a las que puedan desarrollar otras autoridades y que pueden sumarse a la elevada actividad que el Ministerio viene desarrollando estos últimos meses.
«El Ministerio redobla su compromiso con esta causa aportando la información que está recopilando la Unidad de Análisis de Consumo y ofreciendo asistencia técnica a otras administraciones para que actúen en esta línea y pongan fin a los miles de anuncios ilícitos detectados», expone Consumo, que recuerda que ya ha abierto tres expedientes sancionadores: uno en diciembre de 2024 a Airbnb, otro en febrero de este año a empresas de la misma naturaleza y el último en marzo a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos.
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