Técnicos enviados por el Gobierno de Aragón se incorporaron este miércoles al grupo de trabajo que deberá evaluar y elaborar los trabajos necesarios para el traslado de las pinturas de la sala Capitular de Sijena, que se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).
El Patronato del MNAC acordó el pasado lunes 16 de junio pedir a las diferentes administraciones que conforman el consorcio (Generalitat, Ministerio de Cultura y Ayuntamiento de Barcelona) la creación de un grupo de trabajo de carácter técnico e integrado únicamente por personal especializado.
En esa misma reunión se invitó al Gobierno de Aragón a formar parte de esa comisión técnica.
Según han confirmado fuentes del museo, este grupo de trabajo, que se ha constituido este miércoles, está integrado por personal especializado, que deberá «evaluar y llevar a cabo los trabajos necesarios para el cumplimiento de las resoluciones jurídicas dictadas en relación con las pinturas de la sala Capitular de Sijena».
Además de los técnicos designados por el gobierno aragonés, las otras administraciones también han elegido a sus respectivos técnicos y el grupo se completa con el experto seleccionado por el propio MNAC, en este caso la jefa de restauración y conservación preventiva del museo, Carme Ramells.
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ya expresó el mismo lunes su disposición a participar en un grupo de trabajo que «desde el primer momento tenga claro que el objetivo es cumplir la sentencia» del Tribunal Supremo «con el máximo respeto a las pinturas de Sijena pero en el menor plazo de tiempo». Azcón avanzó que para evitar dilaciones iba a exigir «un cronograma» para comprobar que la voluntad de la Generalitat y del Gobierno de España es que las pinturas «lleguen lo antes posible a Aragón.
Recurso en el TC
Por su parte, el colectivo de abogados Acció Cassandra ha anunciado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el «paso previo» a escalar la cuestión a «instancias internacionales», que se argumenta en la «defensa del derecho fundamental» de la ciudadanía «de gozar del patrimonio artístico en condiciones de acceso universal y adecuadas», ante la perspectiva de que las obras «sean trasladadas a un espacio privado y de difícil acceso». Acció Cassandra considera que el debate se ha desplazado «indebidamente» al ámbito civil, cuando la cuestión «afecta de lleno al interés público y al derecho colectivo de acceso al arte».
Los abogados recuerdan que todo el procedimiento judicial en torno a las obras «ha sido posible por la cesión de derechos procesales» de una monja sanjuanista residente en Vitoria en el Gobierno de Aragón, lo que ha permitido a esta administración actuar en nombre de la orden religiosa privada. Según Acció Cassandra, se trata de una situación que «genera perplejidad» en el propio Tribunal Supremo, dado que, en un litigio donde intervienen administraciones públicas de primer orden, «la clave procesal reside en la voluntad de una única persona física vinculada a una entidad religiosa y, por tanto, privada».
En este sentido, el grupo de abogados opina que el traslado de las pinturas «a un monasterio de titularidad privada, con acceso restringido y condiciones precarias de exhibición», supone «una vulneración grave» del derecho colectivo de acceso al arte.
En caso de que el Tribunal Constitucional no admita el recurso o no suspenda la ejecución de la sentencia, Acció Cassandra ya contempla la «internacionalización» del caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para garantizar la tutela efectiva de los derechos colectivos vulnerados».
En paralelo, los abogados opinan que la actitud que han adoptado el MNAC y la Generalitat es «ingenua» y «perdedora», porque se han «limitado» a cumplir la sentencia y han «renunciado» a llevar el caso a las instancias constitucionales o internacionales.
La iniciativa jurídica de Acció Cassandra ha sido posible gracias a una campaña de micromecenazgo específica en la que se ha recaudado el objetivo mínimo de 10.000 euros en menos de 2 semanas, con la aportación de más de 250 personas particulares.
