El Gobierno iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios del Congreso para trasladarles el contenido del decreto ley para evitar nuevos apagones, unas medidas que el Ejecutivo prevé aprobar el próximo martes en su reunión del Consejo de Ministros y que en el plazo de un mes deberá votarse en la Cámara Baja. Fuentes del Gobierno han indicado que será el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, quien se reúna con los grupos de la Cámara Baja entre hoy y mañana para trasladar las medidas que pretende llevar a cabo el Ejecutivo para reforzar el sistema y evitar que suceda un cero energético como el acontecido el pasado 28 de abril.
Unas medidas que se han elaborado a partir del informe realizado por el Comité para el análisis de las circunstancias que concurrieron ese día y que concluyó que el apagón sucedió por una concatenación de episodios de sobretensión, oscilaciones y desconexiones de centrales de manera indebida.
Reunión a puerta cerrada en la Comisión de Secretos Oficiales
El contenido de ese informe lo ha presentado este jueves en el Congreso la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en una reunión a puerta cerrada de la Comisión de gastos Reservados que reúne a los nueve diputados, uno por grupo, que han sido autorizados por el Pleno para tener acceso a material clasificado. Y es que el documento del Ministerio incluye elementos que se han anonimizado por cuestiones de Seguridad Nacional o porque las empresas lo han pedido expresamente.
Desde el Ejecutivo destacan que la reunión que ha durado cerca de tres horas ha ido «bastante bien» y que los grupos parlamentarios han agradecido la información que Aagesen ha puesto sobre la mesa. Sin embargo, formaciones como Vox han criticado que las causas del apagón se tengan que darse a conocer en una reunión secreta y ha exigido que se haga con «luz y taquígrafos» para que la sociedad sepa toda la verdad.
Y Podemos, que aunque no tiene asiento en la comisión dispone de cuatro votos en el Congreso que pueden ser decisivos para la convalidación del decreto, ha aseverado que ve «inaceptable» que en el informe que ha elaborado el Gobierno se oculten los nombres de las centrales y el de las compañías propietarias de las mismas. Por ello, ha exigido al Ejecutivo que identifique a las empresas que tenían sus centrales térmicas inadecuadamente programadas el día del apagón.
Se busca reforzar el sistema para evitar nuevos episodios
La vicepresidenta ya avanzó el pasado martes que el decreto que ahora sondeará con los grupos establece ocho bloques de actuación desde el punto de vista de la operación del sistema y tres bloques de actuación desde el punto de vista de ciberseguridad y sistemas digitales.
La primera medida del decreto pasa por el refuerzo de la supervisión y la verificación del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones por parte de cada uno de los agentes. Además, se incluyen cuestiones como acelerar la puesta en marcha de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Como la causa principal del apagón fue la sobretensión, el Ejecutivo reforzará los recursos que pueden controlar la tensión y proteger al sistema ante oscilaciones, habida cuenta de que al ser España un país periférico está más expuesto a las oscilaciones.
Así, se impulsará un servicio de control de tensión para que la tensión dinámica pueda ser regulada no sólo por los equipos síncronos (hidroeléctricas, ciclos combinados de gas, centrales nucleares) sino también por las instalaciones de generación renovable, además de incorporar compensadores síncronos y mejorar los servicios de ajuste. También se actualizará el procedimiento de operación de reposición del suministro.
Otras de las medidas pasan por el impulso al incremento de la demanda eléctrica y la firmeza y flexibilidad del sistema eléctrico, acelerar la planificación de la red de transporte, apostar por el almacenamiento e impulsar las interconexiones. Por último, el Gobierno buscará acelerar la transposición de la Directiva de Ciberseguridad y Entidades Críticas para proteger a las redes de posibles ataques cibernéticos, además de impulsar la aplicación de controles y segmentación de redes e implementación de sistemas de detección y correlación de eventos.
El Gobierno defiende las conclusiones de su informe
Sobre quién fue el responsable de lo sucedido el 28 de abril, el Gobierno viene a decir que tanto Red Eléctrica como las empresas privadas tuvieron parte de culpa. Aagesen explicó que hubo problemas en la planificación que hizo Red Eléctrica para ese día y también hubo problemas en la operación de las centrales encargadas de controlar la tensión que son propiedad de las empresas privadas.
La vicepresidenta señaló que para ese día Red Eléctrica decidió dejar operativas nueve de las diez centrales disponibles para controlar la tensión. A su vez, explicó que esas nueve centrales no aportaron la suficiente potencia reactiva y no fueron capaces de amortiguar los piscos de sobretensión.
Sin embargo, la compañía que preside Beatriz Corredor defendió la gestión de Red Eléctrica aquel día y aseguró que había suficientes recursos en el sistema, pero fueron los agentes del sistema (las empresas) los que incumplieron los protocolos de control dinámico de tensión. Fuentes del Ejecutivo apuntan a que el relato que ha hecho el Gobierno sobre lo sucedido se ha basado en el «rigor y los datos» y se ha hablado en cuanto ha tenido toda la información. No obstante, esas mismas fuentes admiten que cada agente del sistema tendrá su visión de lo sucedido.
