La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en el registro del domicilio de Joseba Antxon Alonso Egurrola un documento que revela que el ya ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán era dueño del 45% de Servinabar 2000 SL, una de las principales empresas vinculadas a la presunta trama de amaños de obra pública.
En el informe de los registros efectuados la semana pasada en distintas casas y empresas, la UCO precisa que en casa de Alonso Egurrolla, en Vizcaya, encontró «una escritura privada de compraventa de participaciones sociales» entre él y Cerdán.
Por virtud de la misma, fechada el 1 de junio de 2016 -un año después de que, según los investigadores, comenzaran las presuntas corruptelas- Alonso Egurrolla transfirió a Cerdán «1.350 participaciones sociales de las 3.000 que constituye la sociedad», lo que supone un 45%.
Servinabar 2000 SL es la constructora de Antxon Alonso que está siendo investigada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por sus vínculos tanto con el exasesor de José Luis Ábalos como con el actual secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Joseba Antxon Alonso, exsocio de Koldo García en una cooperativa llamada Noran, ha logrado adjudicaciones millonarias presentándose en UTE junto a Acciona en Navarra.
A esta pequeña empresa de nueve empleados le han sido adjudicados, siempre junto a Acciona, seis contratos por más de 100 millones de euros.
Entre estas seis adjudicaciones se encuentra la construcción de 46 viviendas públicas en Pamplona financiadas con Fondos Next Generation de la Unión Europea.
El contrato de mayor valor concedido al exsocio de Koldo García y Acciona es la duplicación del túnel de Belate por 76 millones de euros.
Esta adjudicación lleva tiempo en el foco de la UCO al existir dos denuncias por irregularidades en la mesa de contratación. Una de ellas fue interpuesta por Unión del Pueblo Navarro (UPN) y la otra por un particular a finales de 2024.
Santos Cerdán participó activamente en las negociaciones entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Transportes para impulsar las obras en el túnel de Belate.
Las seis adjudicaciones
La primera adjudicación a Servinabar 2000 y Acciona fue las obras para la construcción de las oficinas del Navarra Arena en 2017.
Este contrato, de 3,7 millones, dependía del área de Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de Uxue Barkos (Geroa Bai).
El siguiente contrato adjudicado a una empresa de Antxon Alonso fue el de las obras del colegio público Arbizu en 2018.
Antxon Alonso utilizó en esta ocasión otra sociedad diferente a Servinabar 2000 para acudir en UTE junto a Acciona.
Alegure SL fue creada por Antxon Alonso unos meses antes de que el departamento de Educación del Gobierno de Navarra sacara a concurso la licitación.
No se le conoce más actividad a esa sociedad, que jamás presentó cuentas en el Registro Mercantil. Este contrato ascendió a 2,6 millones de euros.
También en 2018, el Gobierno de Uxue Barkos adjudicó a Servinabar 2000 y Acciona las obras del Archivo General de Navarra por 2,4 millones.
Nasuvinsa, la entidad de vivienda pública de Navarra, sacó a concurso la construcción de 62 viviendas de protección oficial en el barrio de Erripagaña (Pamplona).
Acciona y Servinabar 2000 ganaron la adjudicación de 6,8 millones de euros en diciembre de 2018.
En enero de 2023 fue la adjudicación de las 46 viviendas de protección oficial financiadas con Fondos Next Generation de la UE ya mencionada antes.
Esta construcción también se realizó en el barrio de Erripagaña y el coste fue de 8,3 millones de euros.
Por último, la adjudicación más polémica y en la que se involucró personalmente Santos Cerdán.
Las obras para la duplicación del túnel de Belate, cuyo contrato asciende a 76 millones de euros, fueron adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar en enero de 2024.
El proceso de adjudicación estuvo marcado por el oscurantismo, lo que provocó varias reclamaciones y dio origen a dos denuncias sobre este contrato.
El Gobierno de María Chivite está acusado de haber favorecido a Acciona y Servinabar 2000 en la adjudicación.
Casi la mitad de los miembros de la mesa de contratación, tres de los ocho que la conformaban, emitieron votos particulares, ya que consideraban que el proceso de valoración fue manipulado y que no existió la imparcialidad requerida para las adjudicaciones públicas.
