El
presidente de Cáritas, Manuel Bretón, ha defendido la
regularización de medio millón de migrantes en situación
administrativa irregular pero con arraigo desde hace años en nuestro
país, en virtud de la Iniciativa Legislativa Popular que apoyaron
más de 600.000 ciudadanos.
En
la Comisión de
Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
del Congreso de los Diputados, Bretón ha subrayado que esta
regularización sería efectiva en términos laborales, ya que
contribuiría a “combatir el fraude y controlar el mercado
laboral”, además de ser un apoyo para “sectores como la
agricultura”, por lo que insiste en la necesidad de aprobarla tras
ser tomada en consideración por la Cámara Baja en diciembre de
2024.
En
este sentido, el presidente de la entidad social de la Iglesia ha
sostenido que España necesita una población activa donde “la
migración no es una carga, es una inversión en el futuro”. Y es
que como ha manifestado, la irregularidad afecta a todos los sectores
como la vivienda, el empleo, la salud o la educación. “ Es justo y
hay precedentes y no es la primera vez, España ha realizado seis
procesos de regularización”.
Ni efecto llamada ni ocupan puestos de trabajo: Ana abril desmonta los mitos en torno a los migrantes
Por
su parte la coordinadora de Incidencia Política de Cáritas, Ana
Abril, ha reclamado a los grupos parlamentarios dar luz verde a la
ILP y el Gobierno apruebe el Real Decreto, bajo el argumento de que
“la irregularidad aboca a las personas a vulneraciones de derechos
y exclusión”, y ha reclamado reforzar las oficinas de Extranjería.
“Es una medida viable, justa y legitima. Son vecinos y vecinas que
viven con nosotros, construyendo, aportando”.
Abril
ha tratado de convencer a los grupos parlamentarios representados en
la comisión para aseverar que ningún estudio avala que una
regularización extraordinaria de migrantes conlleve “un efecto
llamada” ni que su presencia implique “quitar puestos de trabajo
a otras personas”.
De ahí que
Cáritas haya subrayado que la organización eclesial “ acompaña a
todas las personas desde la dignidad de cada una” defendiendo “el
derecho a migrar y no migrar”. “Ojalá las personas no tuvieran
que salir de su tierra pero lo tienen que hacer”, ha lamentado
Abril.
Las sugerencias los grupos de la iglesia que reclaman la regularización extraordinaria
Entre
las sugerencias, fruto del trabajo conjunto de este grupo eclesial
integrado por Cáritas, el Departamento de Migraciones de la
Conferencia Episcopal Española, REDES y CONFER, destacan la
necesidad de que las personas migrantes susceptibles de acogerse a la
regularización extraordinaria acrediten una permanencia previa en
España de un máximo de seis meses anterior a la solicitud a través
de cualquier medio de prueba válido en derecho.
Las entidades sugieren
además la posibilidad de que estas personas puedan acreditar la
identidad mediante su pasaporte de país de origen, ya sea que esté
en vigor o caducado (sobre todo para aquellas nacionalidades que no
tienen posibilidad de renovarlos). Como alternativa proponen que
puedan hacerlo también mediante una cédula de inscripción emitida
por el Ministerio del Interior, o identificándose con cualquier
medio de prueba válido en derecho, que acredite la identidad, así
como mediante cualquier documento que identifique a los solicitantes
de protección internacional o apatridia.
En relación al requisito
de carecer de antecedentes penales en España y en país de origen,
recomiendan que se establezca una serie de normas claras respecto a
la valoración de antecedentes penales en España y una serie de
excepciones a la obligación de aportar los antecedentes penales de
país de origen, así como una aplicación conforme a la
jurisprudencia de las denegaciones que se justifican por parte de la
administración cuando se alegue que esas personas suponen “una
amenaza real, actual y suficientemente grave para el orden público,
la seguridad o la salud pública”.
