El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido al Tribunal Supremo que archive su causa por revelación de secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso ante la falta de «verdaderos indicios objetivos», y ha rechazado «inferencias carentes de sustento» sobre presuntas indicaciones del Gobierno.
La Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general, impugna directamente ante la Sala de Apelación el auto del juez Ángel Hurtado que le dejó a un paso del banquillo, al considerar que «incurre en conclusiones patentemente erróneas, ilógica o equivocada o por incluir imputaciones (…) infundadas o voluntaristas» y «carentes de toda base o fundamento».
En su recurso, al que ha tenido acceso EFE, la defensa cuestiona la tesis del juez de que el fiscal general pudo facilitar a un medio el contenido del correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, admitía dos delitos fiscales en su nombre en busca de un pacto.
Y fue más allá el magistrado al apuntar a «indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno».
Responde al respecto el recurso que «pretender apuntalar la responsabilidad penal» del fiscal general «a partir del eventual uso político o mediático de un documento que ya era de dominio público excede por completo el juicio racional de indicios».
Subraya además que no consta que durante la noche de la filtración el fiscal general mantuviera «ninguna comunicación» con ningún periodista «y mucho menos» con alguien de Presidencia.
Ni revelación de secretos ni suficientes indicios
El recurso fundamenta la petición de archivo en dos ideas: no hay delito porque la información de aquel correo del novio de Ayuso ya había sido difundida, total o parcialmente, por varios medios de comunicación antes de que le llegase a fiscal general, y en todo caso no hay indicios racionales de que la filtrase él.
Sostiene que hay «múltiples elementos de refutación» omitidos por el juez, que apuntan a que al menos una decena de periodistas supieron de aquellas negociaciones entre el empresario González Amador -procesado por fraude a Hacienda en otro juzgado- y el fiscal antes que García Ortiz, y se apoya en las declaraciones de varios de ellos.
Esa información y ese correo, por tanto, ya no sería secreta y no habría delito, subraya. Pero en cualquier caso, defiende el abogado del Estado que «no existen verdaderos indicios objetivos» contra el fiscal general tras una «actividad intensa de investigación incriminatoria» del juez con «claro carácter invasivo».
Apunta al entorno de González Amador
Cree la defensa «altamente verosímil» que fuese González Amador; Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso; o su entorno quienes divulgasen esas negociaciones, y habla de «coordinación informativa» entre el empresario y «el entorno institucional de la Comunidad de Madrid», al mantener informado a Rodríguez de dichas comunicaciones con el fiscal para evitar ir a juicio.
De esta forma, cuando el titular del derecho a la intimidad «decide hacer partícipes a terceros de sus secretos o confidencias«, éstas pierden su carácter reservado.
Y -continúa- quien revela ante la prensa la existencia de negociaciones con el fiscal y reconoce haber incurrido en irregularidades fiscales, «no puede exigir —a renglón seguido— que dichas informaciones sean consideradas reservadas al objeto de preservar su intimidad».
Por último, respecto al «reproche innecesario» del juez sobre el borrado del móvil de García Ortiz, el abogado del Estado niega con dureza que el fiscal general haya hecho desaparecer «la información por capricho», pues el borrado es «ajeno a la instrucción» y por motivos de seguridad.
