La fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha recurrido el auto con el que magistrado de la Sala Segunda del Tribuna Supremo, Ángel Hurtado, le ha dejado tanto a ella como al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al borde del banquillo. Rodríguez permanece imputada en la causa que investiga Hurtado en relación a la filtración de un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confesaba haber defraudado 350.000 euros. Según entiende la fiscal, la información que contenía el mail dejó de ser “secreta” en el momento en el que el empresario remitió un correo del fiscal al jefe de gabinete de su pareja, Miguel Ángel Rodríguez.
Rodriguez ha sido procesada recientemente junto al fiscal general del Estado por el magistrado Ángel Hurtado, quien considera que ambos tramaron un plan para conseguir y filtrar posteriormente el correo fechado el 2 de febrero del año pasado. En el mail, Carlos Neira, abogado de González Amador, informaba a la Fiscalía que su cliente se declaraba culpable de dos delitos fiscales si podía llegar a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal para tratar de solventar la situación de la forma más rápida posible y sin damnificar la figura de Díaz Ayuso.
Según el auto dictado por el juez que instruye la causa, el fiscal general actuó en base a unas directrices enviadas directamente desde Moncloa. Además, en el auto sugiere que amos imputados fueron los encargados de filtrar a la prensa dicho correo, aunque por el momento no existe ningún indicio que sugiera esto.
La postura de la fiscal en la causa
Con la primera imputación en el Tribunal Superior de Justicia, Pilar Rodríguez ya alegó que su papel tan solo se limitó a remitir toda la información recabada a sus superiores enmarcándose en el marco legal establecido por la Fiscalía. En este sentido, la fiscal ya pidió que se archivara el caso a comienzos de mes defendiendo que no existen pruebas que la sitúen como responsable en la filtración del correo. En un escrito, Rodríguez defiende su inocencia alegando que ella no participó en la redacción del comunicado de la Fiscalía sobre el caso de la pareja de Díaz Ayuso y señala que no han aparecido pruebas que la señalen como ella o el fiscal general filtraron el correo electrónico.
El argumento de mayor peso en el recurso presentado por Rodríguez se basa en que fue González Amador el primero en romper la confidencialidad de las conversaciones entre Neira y el fiscal del Supremo Julián Salto. La mañana que se dio a conocer que el empresario había sido denunciado por presuntos delitos fiscales, el 12 de marzo de 2024, González Amador remitió a Miguel Ángel Rodríguez un mensaje en el que se incluía un correo de su abogado enviado a fiscal Salto. “La confidencialidad ya se había infringido con los reenvíos de determinado correo y la publicación de la información de El Mundo”, reza el recurso.
Daniel Campos, el abogado de la fiscal madrileña, sostiene que esas comunicaciones “dejaron de ser secretas desde el momento que el letrado Neira le hizo llegar a su cliente el correo del 12 de marzo y el Sr. González lo remitió a D. Miguel Ángel Rodríguez que, a su vez, lo divulgó”. Fue el jefe de gabinete de la presidenta madrileña quien reconoció haber hecho circular esta información entre periodistas la noche del 13 de marzo.
Como ya se ha señalado en numerosas ocasiones, Pilar Rodríguez ha reiterado que al menos media docena de periodistas ya han relatado ante el Supremo que ya se conocían las negociaciones entre el abogado del empresario y el Ministerio Fiscal antes de que García Ortiz fuera conocedor de la misma. “Esa información ya había llegado a la prensa, lo que obligatoriamente nos lleva a descartar que ninguno de los investigados en la presente causa fuera la fuente de la información publicada”, relata el recurso.
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