Francisco Cano, portavoz en la Región de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), afirma que «en Murcia hay un 80% de jueces que pertenecen a asociaciones que han votado a favor del calendario» que incluye una concentración el 28 de junio ante el Supremo y una huelga los tres primeros días de julio si el Gobierno de Pedro Sánchez no retira el proyecto de ley que modifican el acceso a su carrera.
En concreto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) respaldan hacer huelga contra el Ejecutivo los días 1, 2 y 3 de julio, si las reformas con las que no están de acuerdo no se retiran antes. Algo que ven improbable.
«No es una huelga política»
«Existe mucho enfado con unos proyectos de ley, uno de los cuales se tramita por la vía de urgencia, que entendemos rebajarían el nivel de conocimientos para acceder a la carrera judicial y que afianzan la posición del Fiscal General del Estado con mayores competencias a pesar de que habitualmente su nombramiento depende del Gobierno de turno», resalta Cano, que quiere dejar claro que «no es una huelga política, ni contra un Gobierno, sino en defensa de la independencia judicial y de la separación de poderes».
Además, pararán «en favor de un cuerpo de opositores que puede ver vulnerado su sueño de entrar en la carrera judicial después de años de esfuerzo y dedicación y de tratarse de los mejores curriculum universitarios», subraya. «Murcia es tierra de opositores», dice.
En cuanto las consecuencias de la huelga, «cientos de juicios y actuaciones de todo tipo resultarían afectadas». No solo juicios: «Divorcios, despidos, reclamaciones formuladas por consumidores o frente a la Administración, se verían afectadas», espeta. La pasada semana ya celebraron un paro contra la reforma del Gobierno que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal.
Por su parte, Fernando Madrid, presidente de la sección territorial de Murcia de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), no se atreve a aventurar cuántas actuaciones judiciales podrán verse afectadas en la Región, si al final hay huelga. Alrededor de cuatro decenas de jueces están asociados en la Comunidad en APM, explica.
La intención de este paro es «denunciar el grave ataque al Estado de Derecho que estas reformas legislativas suponen», detalla.
Y es que «se pretende colocar a más de 1.300 jueces y fiscales interinos, prescindiendo de los criterios de mérito de capacidad, alegando que son exigencias de Europa», hace hincapié.
«No es tan alarmante»
Aunque hay jueces que no pararán: los progresistas. Miguel Rivera, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia en la Región, explica que desde su asociación tienen claro que «no está en riesgo la independencia judicial», por lo que los magistrados que forman parte de la misma «no secundamos ni el paro ni la huelga», hace hincapié.
«Hay algunos aspectos de la ley que deben revisarse y ser fruto de una reflexión más profunda, como el tema de la estabilización de los jueces sustitutos, somos críticos con esa medida», subraya el juez de la Audiencia Provincial de Murcia, que dice que en la misma norma «hay otros aspectos positivos de los que no se está hablando».
Miguel Rivera, magistrado de Juezas y Jueces para la Democracia. / Tony sevilla
Entre ellos, citó «el sistema de becas y la creación de un centro público de opositores», algo que «no compromete la independencia judicial», manifiesta.
«No pensamos que la cosa sea tan alarmante como para ir a una huelga de tres días», recalca Rivera, «respetamos la posición de las demás asociaciones, pero no lo compartimos».
El Gobierno dijo este martes que seguirá adelante con la tramitación parlamentaria de las reformas del acceso a las carreras judicial y fiscal.
