El 2024 comenzó en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas «arrastrando la situación de hacinamiento e insalubridad de las salas de solicitantes de protección internacional«. También con retrasos en la formalización de las solicitudes, que en todo el año alcanzaron las 6.526. Muchas llegaban de Venezuela, Mauritania, Egipto, Marruecos, Ecuador, Colombia y Sudán.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha destacado en su Informe Anual sobre las personas refugiadas en España y Europa las condiciones del aeródromo para las personas que llegan a España por él para pedir protección internacional que, si bien comenzó con una situación complicada, no mejoró demasiado durante todo el año.
Así, el año pasado comenzaba con unas 390 personas en «condiciones indignas e inhumanas», de las cuales unas 180 todavía no habían formalizado su solicitud. La mayoría venían con pasaporte de Somalia, Senegal, Colombia o Venezuela. La Policía Nacional solicitó el internamiento de 50 personas en el CIE, actuación acordada el 16 de enero de 2024 por el Juzgado de Instrucción n.º 46 de Madrid «como extensión de las salas de alojamiento de asilo del aeropuerto como dependencia habilitada de urgencia».
Sin embargo, denuncian que esto se realizó sin comunicación previa a los y las letradas actuantes, por lo que CEAR solicitó la nulidad de las actuaciones al afectar a un derecho fundamental como es la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho de defensa. La Fiscalía también recurrió esta decisión, que finalmente fue anulada el 19 de enero de 2024.
Imagen de varios migrantes en una sala de asilo de Barajas en enero de 2024. / CEDIDA
Ese día, el Defensor del Pueblo hacía una visita a las instalaciones para concluir las condiciones de habitabilidad de las salas habían empeorado, con «un hacinamiento sin precedentes y un deterioro de los estándares de higiene y salubridad mínimos«. «La única ducha se encuentra fuera de servicio desde hace dos semanas, carecen de kits de higiene básicos y de material de higiene femenino», escribió.
Paralelamente, la Comisión también reclamó al Ministerio del Interior medidas urgentes para garantizar los derechos fundamentales de las personas solicitantes en el aeropuerto, como autorizar la entrada excepcional por razones humanitarias a las personas con necesidades de protección o necesidades específicas, el alojamiento en recursos de acogida adecuados y citas en la comisaría que les correspondiera.
Sin intérpretes
También pidieron medidas más estructurales, como habilitar instalaciones adecuadas para la acogida en condiciones de dignidad, implementar recursos humanos y materiales para reducir los tiempos de tramitación o eliminar los visados de tránsito para las personas necesitadas de protección internacional.
Y aunque algunas de estas medidas sí se adoptaron, la no implementación de otras «dio lugar a nuevas situaciones de deterioro de las condiciones de acogida y de las garantías del procedimiento a lo largo del año 2024». «Así, la falta de disponibilidad de intérpretes de diversos idiomas, de suficientes espacios con garantías de confidencialidad para las entrevistas, de material básico en estos espacios, como mesas o teléfonos para comunicarse con las personas intérpretes, y de una coordinación efectiva entre todas las Administraciones y los actores involucrados, dificultó la asistencia jurídica efectiva a personas que buscaban protección en un procedimiento tan acelerado como el de frontera», exponen.
Posibles víctimas de trata
En el verano de 2024 se volvió a registrar un aumento del número de solicitantes de protección internacional en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, principalmente de mujeres procedentes de Mauritania y la República Centroafricana acompañadas de niños y niñas, donde no siempre estaba acreditada la relación de parentesco.
«Muchas de estas mujeres, además, reunían indicios de que pudieran ser víctimas de trata, por lo que se informó inmediatamente a la Brigada Provincial de Extranjería y Frontera para que su grupo, presente en el aeropuerto, iniciara los trámites de identificación formal como víctimas de trata de seres humanos. Sin embargo, de los diez casos asesorados por CEAR que fueron comunicados, solo una fue identificada formalmente. En los otros nueve casos, y aunque no fueron formalmente identificadas, como una entidad especializada confirmó la detección de estos indicios, se siguió con la buena práctica de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio de Interior (OAR) de admitir a trámite su solicitud y de derivar a un recurso de acogida especializado por parte del Ministerio de Inclusión», resaltan.
A pesar de que se trataba de perfiles en situación de gran vulnerabilidad, exponen que la alta ocupación de las otras salas de las terminales 1 y 4 hizo que las mujeres y niños y niñas que las acompañaban fueran alojadas en una sala de la terminal 2 que no reunía las condiciones mínimas de acogida exigidas en la normativa europea, como espacios al aire libre, luz natural o medidas de seguridad para las niñas y los niños (por ejemplo, barandillas en las literas o protección de enchufes y cables).
«Las condiciones de higiene y salubridad tampoco eran óptimas. Además, en esa sala no existían espacios con garantías de confidencialidad para que las mujeres pudieran entrevistarse con sus representantes legales, por lo que se vulneraba una garantía básica del procedimiento de protección internacional», prosiguen. Tras una nueva queja al Defensor del Pueblo por parte de CEAR, que ya en enero había alertado de las condiciones en las que estaban estos menores estaban lejos de ser las adecuadas, esta sala fue desalojada, y a las mujeres, niños y niñas se les trasladó a las otras terminales.
Solicitud de saharauis
En septiembre de 2024, varias personas de origen saharaui residentes en territorios ocupados del Sáhara Occidental solicitaron protección internacional en el aeropuerto, y se inició de oficio la solicitud de apatridia, en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo obtenida por CEAR en 2020.
A pesar de ello, «muchas de aquellas personas que vieron denegada su solicitud de protección internacional fueron devueltas a Marruecos, aunque tenían pendiente su solicitud de apatridia«. CEAR denunció estas devoluciones públicamente y ante la Audiencia Nacional y el Defensor del Pueblo144, solicitando que, en aquellos casos en que no se cumpliesen los requisitos de admisión a trámite de la solicitud de asilo, fuera autorizada su entrada por motivos humanitarios debido a la situación que vive la población saharaui en territorios ocupados y para continuar con su solicitud de apatridia, todavía en trámite, con todas las garantías.
Visados de tránsito
«En octubre de 2024, se produjo un nuevo aumento del número de solicitudes en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con la llegada de personas egipcias de confesión copta, minoría religiosa que se enfrenta a diferentes formas de discriminación y persecución. Como en otras ocasiones, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, para evitar nuevas situaciones de sobreocupación de las salas, en vez de apostar por medidas estructurales que redundaran en los derechos de las personas necesitadas de protección, optó por imponer un visado de tránsito a Egipto en noviembre de 2024, como anteriormente se impuso a Mauritania y República Centroafricana (agosto de 2024), Sudán y Chad (junio de 2024), Senegal (febrero de 2024) y Kenia (enero de 2024), conforme esas nacionalidades iban despuntando en número de solicitudes de protección internacional, dados los graves conflictos y violaciones de derechos humanos que viven sus habitantes»
«Una vez más -añaden-, se da la paradoja de que se impone este visado de tránsito a nacionalidades con una alta tasa de protección, como en años anteriores se hizo con Siria, Yemen, Palestina o Burkina Faso. A final de año, España era el Estado miembro que más recurría a esta medida excepcional que en ningún caso debería usarse para impedir el acceso al territorio y, por tanto, a la protección de personas que la necesitan».
Por todo, la organización sostiene que «ahora más que nunca» se necesitan políticas «que sirvan de dique de contención ante las oleadas antimigratorias y la amenaza que supone el Pacto Europeo de Migración y Asilo si no se implementa de forma garantista con los derechos, en un mundo en el que cada vez más personas tienen que huir de sus países».
