Balears tiene uno de los índices de pobreza infantil más elevados de España. ¿La sociedad es consciente de esto, cómo podemos tolerarlo?
En tertulias me he encontrado con personas que directamente niegan que haya cerca de 200.000 personas en situación de pobreza o exclusión en Baleares. ¿Cuántas víctimas de violencia de género aceptaríamos? Todos diríamos que cero. ¿Cuántos niños acosados en la escuela? Cero. Pero, ¿cuántas personas pobres o excluidas aceptamos? Casi 200.000. Uno de cada tres niños en Baleares está en riesgo de pobreza o exclusión. Y eso, en una comunidad con buena situación económica general. La riqueza se distribuye muy mal y estamos condenando a muchas personas a la vulnerabilidad, sobre todo menores.
Balears es una comunidad con mucha desigualdad, ¿le sorprende que no se haya producido ya un estallido social?
Empezamos a ver algunas reacciones. Internamente nos preguntamos cómo es posible que no haya estallado todo, cuando incluso clases medias tienen dificultades con el acceso a la vivienda. Es un tema preocupante. Se están poniendo parches, pero no se aborda el problema de fondo. Mientras se siga tratando la vivienda como una mercancía y no como un derecho, cualquier política será ineficaz.
¿La brecha ahora es de patrimonio más que de clase?
Absolutamente. La clave ahora mismo es la vivienda. La educación ya no garantiza el ascenso social, y el trabajo tampoco. Hay entre un 12 y un 15% de personas con empleo que aún así están en pobreza. Y eso sin contar el coste de vida y la dificultad de acceso a la vivienda.
Al menos los índices de pobreza van bajando, ¿no?
Se han reducido. Baleares ha tenido en los últimos años la mayor caída en los indicadores de pobreza entre todas las comunidades autónomas, se sitúa junto con el País Vasco y Navarra como una de las regiones con menores índices. ¿Eso significa que ya se ha superado el problema? No, en absoluto. Estamos mejor que otras comunidades, pero aún queda muchísimo por hacer. Si en un momento en que la locomotora turística está funcionando a pleno rendimiento, con un paro prácticamente técnico, seguimos condenando a cerca de 200.000 personas a situaciones de pobreza o exclusión, algo no está funcionando.
Más allá de ayudas y programas, ¿qué medidas estructurales debería tomar la Administración?
Una de ellas, ya lo he mencionado, es dejar de tratar la vivienda como una mercancía y garantizar el derecho efectivo a la vivienda. Otra medida, que se está empezando a poner sobre la mesa, aunque aún tímidamente, es la renta básica universal. Las rentas mínimas son condicionadas: tienes que demostrar que eres pobre para poder acceder. En cambio, la renta básica universal se da de forma directa, independientemente de la situación económica. La recibiría desde la persona más pobre hasta Amancio Ortega. Luego, obviamente, se corrige vía impuestos. Está calculado que una renta básica mejoraría o al menos no empeoraría la situación del 80% de la población. Solo el 20% más rico vería un impacto, y precisamente ese 20% es el que debería financiarla. Además de garantizar una existencia digna, serviría como elemento de redistribución social. Pero claro, luego viene la pregunta de siempre: ¿quién paga esto? Los que más tienen. Hace falta una reforma fiscal valiente, que garantice que quienes más tienen contribuyen al Estado del Bienestar. Tenemos que abordar esta evasión fiscal estructural, y también combatir los paraísos fiscales, incluso los que no figuran en las listas oficiales.
Estudiar y trabajar ya no garantiza una vida digna, ya hemos comentado que la vivienda es lo determinante. ¿Qué consecuencias puede tener para un sistema democrático que el contrato social se haya roto?
Una de las consecuencias más graves es el avance de discursos de extrema derecha y de odio. Discursos aporófobos, xenófobos… Se señalan los problemas individuales culpando a quienes están más abajo. Hay una canción que decía algo así como: “yo ya he subido, tú ya no puedes”, y eso es lo que pasa. Mucha gente compra esa narrativa: “no tengo trabajo porque se lo dan a otro”, “mi barrio es inseguro por culpa de los migrantes”, “la escuela de mi hijo ha bajado de nivel porque hay muchos niños extranjeros”. Se ofrecen soluciones mágicas a problemas complejísimos.
¿Se pueden afrontar las causas estructurales de la pobreza sin cambiar el actual modelo económico de Baleares?
No, es muy difícil. Y no solo en Baleares, sino en todo el mundo occidental. La desigualdad está creciendo, la acumulación de riqueza —y por tanto de poder— es muy preocupante. Las grandes tecnológicas no solo acumulan patrimonio brutal, sino que también pueden moldear la opinión pública. Hemos visto cómo han influido en elecciones. Si yo soy propietario de una red social, puedo dirigir mensajes específicos a ciertos grupos. Y como el pensamiento crítico escasea, la gente se queda con el titular, lo hace suyo y eso tiene consecuencias enormes.
EAPN forma parte del Fòrum de la Societat Civil, que abandonó el Pacto por la Sostenibilidad. ¿El modelo económico de Baleares es sostenible a nivel social?
No. Ni social, ni económica, ni medioambientalmente. Hemos vivido dos grandes crisis: la financiera de 2008 y la del COVID en 2020. Recuerdo los mensajes de entonces: “saldremos mejores”, “hay que diversificar”, “no podemos poner todos los huevos en la misma cesta”, pero ¿qué hemos hecho? Volver a invertir en la misma cesta turística, incluso más. Para mantener el mismo PIB, hemos tenido que multiplicar el número de turistas. Esto tiene consecuencias demográficas, ambientales, sociales, económicas… La riqueza no se está redistribuyendo. Y al final, las islas tienen un territorio limitado. No podemos asumir todo el coste social y ambiental que supone este modelo de turismo masivo. Desde muchos foros ya se está defendiendo el decrecimiento turístico, no por ideología, sino por supervivencia.
En esa lucha por el decrecimiento, ¿cree que hay posibilidades de sumar a los trabajadores del sector turístico que defienden el actual modelo, que en definitiva les da de comer?
Hay que hacerles ver que este modelo tiene un límite. No se puede crecer infinitamente en número de turistas ni depender únicamente del turismo. En algún momento esto colapsará, y quienes sufrirán serán precisamente los trabajadores del sector. Cualquier reestructuración económica tendrá víctimas colaterales, por supuesto. A esas personas hay que apoyarlas, por ejemplo, reorientarlas laboralmente, darles formación… Si una persona mayor de 55 años pierde su empleo, no se le puede dejar tirada. Hay que facilitar su transición hacia otro sector. Los cambios siempre son traumáticos, pero debemos procurar que lo sean lo menos posible y, sobre todo, explicar que este modelo tiene fecha de caducidad. Y ese final, creo, está más cerca de lo que pensamos.
