No le frenan la moral ni las leyes pero sí el dinero y el interés electoral. Donald Trump ha dado un giro radical en su campaña de deportaciones masivas y ha ordenado parar prácticamente en seco arrestos de inmigrantes y redadas en granjas, hoteles y restaurantes.
El abrupto cambio se debe al impacto económico negativo que las detenciones de trabajadores estaban teniendo en los sectores donde esa mano de obra es fundamental y desde los que se habían estado trasladando quejas a la Administración. Y el presidente estadounidense ha demostrado la importancia que tiene para él no perder apoyos entre esas industrias y entre partes clave de su electorado como los granjeros, que se han quejado a representantes republicanos del golpe doble de sus aranceles y de la pérdida de mano de obra.
“Casi imposibles de reemplazar”
Ya el jueves, primero en un mensaje en Truth Social y luego en unas declaraciones ante la prensa, Trump dejó claro que entendía el daño que la endurecida campaña de arrestos de inmigrantes que ha puesto en marcha estaba provocando. “Nuestros granjeros y gente del sector de hostelería y entretenimiento han estado diciendo que nuestra agresiva política de inmigración les está quitando empleados muy buenos y veteranos cuyos trabajos son casi imposibles de reemplazar”, escribió. “Eso no es bueno… ¡Vienen cambios!”
Ese mismo día, según ha revelado ‘The New York Times’, un alto cargo de ICE, la agencia policial de inmigración y aduanas, envió un correo electrónico dando las instrucciones de la pausa a todos los líderes regionales del departamento que investiga y ejecuta las operaciones en lugares de trabajo.
“A partir de hoy frenen todo el trabajo de investigación y operaciones en lugares de trabajo de agricultura (incluyendo piscicultura y plantas empacadoras de carne), restaurantes y hoteles en funcionamiento”, se lee en el mensaje.
“Colaterales no criminales”
La nueva directriz, cuya autenticidad ha confirmado una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, también dice que las oficinas de ICE pueden mantener investigaciones relacionadas con “tráfico de personas, lavado de dinero y tráfico de drogas” en empresas de esos sectores pero insta a los agentes a no arrestar a “colaterales no criminales”.
Esa es una forma de referirse a inmigrantes sin papeles que no tienen historial delictivo, a los que el Gobierno de Trump ha incluido en su feroz campaña de arrestos y deportaciones.
Aunque como candidato el republicano dijo que expulsaría del país a criminales violentos, “lo peor de lo peor”, desde que ha llegado a la presidencia su gobierno ha endurecido de forma brutal los parámetros y ha elevado la entrada o estancia sin papeles, que es falta administrativa, a la categoría de delito penal.
La nueva directriz puede dificultar para ICE cumplir el objetivo de 3.000 arrestos diarios que había marcado para la agencia el ultra Stephen Miller, asesor de Trump y arquitecto central de su política de inmigración. De hecho, el correo distribuido con las instrucciones de pausar los arrestos de esos empleados admite: “Quitando esto de la mesa eliminamos un número significativo de posibles objetivos”.
El interés económico y electoral de esta última decisión de Trump queda en evidencia por la persistencia, sin cambios, de arrestos en otros sectores de la sociedad y económicos, pese al impacto humano. Se mantienen, por ejemplo, los arrestos de menores en colegios. En los últimos días ha habido varias informaciones de detenciones de mujeres que trabajan como niñeras en parques públicos donde estaban con los menores a su cuidado. Y el Departamento de Seguridad Nacional ha lanzado una criticada campaña animando a ciudadanos a llamar a un teléfono para denunciar a los “invasores extranjeros”.
