La primera batalla legal por el polémico despliegue de militares en Los Ángeles ordenado por Donald Trump sin que se lo solicitaran las autoridades de California se ha librado este jueves en un tribunal de San Francisco y ha resultado en una derrota del republicano. El juez federal Charles Breyer ha bloqueado ese despliegue de la Guardia Nacional y ha ordenado a la Administración que devuelva el control de ese cuerpo de reservistas al gobernador, el demócrata Gavin Newsom. La orden, que se da por seguro que el Gobierno va a apelar, toma efecto este viernes al mediodía.
“Sus acciones fueron ilegales, exceden el alcance de su autoridad reglamentaria y violan la Décima Enmienda de la Constitución«, ha escrito el magistrado en una referencia a la enmienda que regula los derechos de los estados fente al gobierno federal. «En nuestro sistema constitucional no corresponde al gobierno imporse al poder policial estatal cuando sea que está insatisfecho con lo rápido o lo vigorosamente que el estado está aplicando sus propias leyes», dictamina.
Su decisión ha llegado unas horas después de una vista donde Breyer había mostrado profundo escepticismo ante las acciones de Trump. En esa sesión el juez ha llegado a subrayar que EEUU «se fundó en respuesta a un monarca» y ha defendido que «la Constitución es un documento de limitaciones».
Ahora está por ver si la Casa Blanca y el Pentágono van a acatar su decisión. Este mismo jueves, en una comparencia ante el Congreso antes de la vista judicial, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, eludía contestar directamente sobre si lo harían. «No deberíamos tener jueces locales dictando la política exterior o de seguridad nacional del país”, declaraba el jefe del Pentágono, replicando un argumento que Trump y sus aliados han estado haciendo desde que volvió a la Casa Blanca cuando han enfrentado decisiones judiciales en contra.
El juez y la decisión
El juez Breyer fue nombrado por Bill Clinton en 1997 y es hermano de un magistrado retirado del Tribunal Supremo. Su decisión ha llegado en respuesta a una moción de emergencia que presentaron el martes el gobernador Newsom y su fiscal general, Rob Bonta., en la que pedían que limitara a proteger edificios federales el papel de los 4.000 reservistas de la Guardia Nacional y los 700 marines cuyo despliegue fue autorizado por Trump y Hegseth.
El temor expresado por California era que los militares fueran autorizados para participar o ayudar en las redadas y operaciones de arresto de inmigrantes que ICE, la agencia policial de inmigración, ha estado realizando en una campaña endurecida desde el pasado viernes. De hecho, efectivos de la Guardia Nacional habían ya empezado a acompañar a agentes de ICE para protegerles durante sus operaciones .
Los 700 marines aún no se habían desplegado en las calles, y se había anunciado que empezarían a operar este viernes, y por eso el juez ha decidido que no puede dictaminar sobre ellos.
El magistrado, no obstante, ha ido más allá de lo que pedía la moción de emergencia respecto a la Guardia Nacional y ha incluido en su decisión la orden de devolver a Newsom el control sobre ese cuerpo de reservistas.
Las protestas y Trump
Las protestas contra los arrestos de inmigrantes y las redadas empezaron el viernes en Los Ángeles y otras ciudades de los alrededores afectadas por esas operaciones policiales. Esporádicamente implicaron actos vandálicos y de violencia. Y aunque las autoridades locales, incluyendo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, aseguraron que sus fuerzas policiales bastaban para contenerlas, Trump autorizó el despliegue de militares el sábado.
Lo hizo a través de una proclamación en la que llegaba a hablar de actos de “rebelión” contra Estados Unidos. Pero el mandatario invocó el Título 10 del Código de EEUU, que limita la capacidad de los militares a proteger temporalmente a agentes de ICE, otro personal del Gobierno y propiedades federales. También pueden, por ejemplo, detener temporalmente a alguien que ataque a agentes del orden pero no podrían realizar arrestos.
Fronteras borradas
Si Trump quiere expandir los poderes de los militares para que puedan realizar acciones de aplicación de ley y orden en suelo estadounidense, algo en general prohibido por la Ley Posse Comitatus, debe invocar la Ley de Insurrección de 1807. Y aunque el republicano no ha descartado esa posibilidad, de momento no lo ha hecho.
Incluso así California temía que Trump y el secretario de Defensa, Hegseth, fueran a ampliar las capacidades de los militares. Y por eso en la moción de emergencia se pedía expresamente al juez que impidiera a reservistas y marines “patrullar las calles de Los Ángeles y participar en actividades que entrelazan excesivamente fuerzas militares con fuerzas del orden civiles”.
Retirada de las tropas
Esa moción se había añadido a una demanda presentada el lunes sobre todo el despliegue en sí, en la que se solicita directamente la retirada de reservistas y marines, cuya llegada según las autoridades locales no era necesaria y solo ha servido para incendiar las tensiones. Casi dos docenas de estados han presentado escritos de apoyo a esa petición de bloquear el despliegue en California, que en la demanda afirmaba que Trump está saltándose los derechos de los estados reconocidos en la Décima Enmienda de la Constitución, algo en lo que le ha dado la razón el juez Breyer.
La última vez que un presidente desplegó militares sin que se lo solicitara un gobernador fue en 1965. En aquel caso lo hizo Lyndon Johnson para proteger a activistas y manifestantes de los derechos civiles en Alabama después de que el gobernador, segregacionista, se negara a darles protección policial.
La moción de emergencia de California pedía solamente que se limite la actuación militar mientras se decide sobre si los militares pueden o no desplegarse en Los Ángeles. La virulencia inicial de las protestas se ha reducido considerablemente desde el miércoles, cuando las autoridades locales empezaron a aplicar un toque de queda entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana en una limitada zona del ‘downtown’ de esta inmensa metropolis de cuatro millones de habitantes. Trump, pese a ello, atribuye a sus decisiones la calma.
En la documentación judicial California aseguraba que Trump actuó “sin la valoración o el consentimiento” de Newsom. Acusa al presidente de estar ofreciendo con sus acciones “una visión extraordinaria de poder ejecutivo ilimitado y exento de control”.
El Departamento de Justicia, por su parte, había defendido que la acción del presidente es legal y que el mandatario no necesita ni consultar ni conseguir la aprobación del gobernador. En la documentación presentada ya el miércoles para el caso, los representantes legales del Gobierno aseguraron también que los militares “no están desempeñando labores policiales. De hecho”, escribieron, “están protegiendo a las fuerzas del orden”.
