Cada fin de semana, miles de urbanistas
abandonan el asfalto de las ciudades en busca de un respiro en el
campo. Lo que muchos desconocen es que esta escapada idílica puede
convertirse en un dolor de cabeza económico: circular con vehículos
a motor por caminos rurales, pistas forestales o terrenos no
asfaltados está prohibido por ley y acarrea multas que oscilan entre
los 300 y los 5.000 euros, pudiendo alcanzar los 30.000
euros si se considera un delito ecológico, según datos de la
Dirección General de Tráfico (DGT) y normativas autonómicas.
Multas de hasta 5.000 euros
La popularización de los SUV —el
59,7% de los vehículos matriculados en 2024 fueron todoterrenos
ligeros— ha incrementado la afluencia de conductores a entornos
naturales. Sin embargo, tanto la Ley de Montes (43/2003) como la Ley
de Vías Pecuarias (3/1995) prohíben expresamente la
circulación motorizada fuera de carreteras asfaltadas, salvo
contadas excepciones.
«No se trata solo de una infracción
administrativa; en casos graves, como daños a ecosistemas
protegidos, puede derivar en responsabilidad penal», advierte un
portavoz de la DGT.
Campaña control uso del cinturón de seguridad
Las sanciones varían según la
gravedad: desde 300 euros por circular sin autorización
hasta 5.000 euros si se transita por zonas protegidas o se
altera el terreno. En casos extremos —como grupos de vehículos
organizados—, la multa puede escalar a 30.000 euros por
considerarse un delito contra el medioambiente. Comunidades como
Madrid, Valencia, Asturias o Baleares son especialmente rigurosas en
su aplicación.
Excepciones: sin sanción de Tráfico
No todo está perdido para los amantes
del campo. La normativa contempla excepciones, como acceder a fincas
privadas o poblaciones sin alternativa vial. Eso sí, los conductores
deben circular a menos de 20 km/h y evitar grupos
numerosos. «El sentido común prima: si no hay otra ruta, no hay
sanción. Pero si el camino está señalizado como prohibido, la
multa es segura», explica un agente de la Guardia Civil
especializado en medioambiente.
Además, las ordenanzas municipales
—como las de Vigo, que regula zonas acústicamente saturadas y
espacios naturales— pueden imponer restricciones adicionales. Por
ejemplo, en Cataluña, la Ley 9/1995 prohíbe expresamente
circular por cauces secos de ríos, cortafuegos o vías forestales,
con sanciones que incluyen la inmovilización del vehículo.
Control de la Guardia Civil de Tráfico
El declive del ‘off-road’ en España
La práctica del todo terreno parece
condenada a desaparecer. Las multas recurrentes y la presión
ecologista han llevado a muchas autonomías a cerrar accesos. «Hemos
pasado de la tolerancia a la tolerancia cero. Ahora, hasta una moto
en una senda puede costarte 3.000 euros«, relata Javier M., un
aficionado madrileño que abandonó el hobby tras dos sanciones.
La DGT insiste en que el objetivo
es proteger el patrimonio natural: «Los vehículos modernos
tienen potencia suficiente para dañar suelos y hábitats en minutos.
No es solo una cuestión legal, sino de responsabilidad»,
subraya su portavoz.
Cómo evitar la multa
- Consultar las ordenanzas locales: Ayuntamientos como el de Vigo publican normativas detalladas sobre zonas prohibidas.
- Solicitar autorizaciones: Para
eventos deportivos o accesos privados, se requiere permiso previo de
la consejería de medioambiente autonómica.
- Circular solo cuando sea
imprescindible: Si no hay alternativa asfaltada, hacerlo a velocidad
reducida y sin invadir espacios sensibles.
En definitiva, el campo ya no es
territorio libre para los vehículos. Con sanciones que superan el
precio de un viaje al extranjero, los «domingueros» deberán
pensárselo dos veces antes de abandonar el asfalto. Como resume la
DGT: «El disfrute de la naturaleza no puede pasar por
destruirla».
