A Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, no le hacen falta grandes circunloquios para darse a entender: «Con el acuerdo, se salvan 15.000 puestos de los trabajadores transfronterizos, 11.000 de ellos residentes en La Línea a los que se suman los miles de autónomos que cruzan a diario la frontera. Hemos salvado que los de aquí puedan ir a trabajar al Peñón, y que los del Peñón vengan aquí a gastar, sólo por eso ya es para dar volteretas, pero quedan muchas incógnitas encima de la mesa que por ahora no están resueltas«.
Las respuestas deben venir del Ministerio de Exteriores que, según ha podido saber este periódico, ha convocado el próximo viernes por la mañana a alcaldes, entre ellos el de La Línea y Algeciras, portavoces de instituciones, como la Mancomunidad de Municipios, y representantes sociales y sindicales de la comarca para abordar las dudas sobre el acuerdo alcanzado este miércoles en Bruselas entre la Unión Europea, con España como actor protagonista, y Reino Unido al respecto de Gibraltar.
Soñado por el Campo de Gibraltar, el acuerdo tiene ahora que convertirse en un texto jurídico, que tendrá naturaleza de tratado y, por tanto, habrá que ser ratificado por el Parlamento Europeo, por el Consejo y por el Parlamento Europeo, y a, entre otros puntos busca hacer avanzar la zona hacia un equilibrio fiscal, competencia justa y la igualdad entre trabajadores. Pero esa retórica hay que aterrizarla.
Todavía quedan flecos por atar que se traducen en forma de tres retos: vivienda, infraestructura y fiscalidad, además de conocer el detalle de las pensiones y la doble tributación de los trabajadores en Gibraltar. «Sin acuerdo estábamos abocados al suicidio; con este acuerdo hay una base sobre la que construir el futuro que queremos y para el que todas las administraciones tienen que poner de su parte», ha declarado a este medio el alcalde de La Línea poco después de darse a conocer una noticia tildada de «histórica» y que abre una nueva etapa en el Campo de Gibraltar.
Gibraltar, colonia de Reino Unidoy, desde el Brexit, fuera de la Unión Europea, se integra en el espacio Schenguen. Según el acuerdo, la histórica Verja -un puesto transfronterizo cuyo control se ha endurecido en virtud del humor diplomático de cada momento – desaparecerá. No habrá frontera física por tierra, el control fronterizo se desplaza al puerto y al aeropuerto y habrá un control doble, de la Policía española y la gibraltareña, como ocurre con el control de pasajeros del tren Eurostar que, a través del Eurotunel, conecta Londres con varias ciudades de Francia. Es decir, desaparecerá «el último muro de la Europa occidental», en palabras del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y habrá libre circulación de personas y mercancias.
En la práctica, se cruzará de un país a otro con la misma facilidad que se cruza a Portugal o Francia, por ejemplo. Un aspecto especialmente importante para la masa laboral que depende de la relación con Gibraltar: 15.000 trabajadores transfronterizos dados de alta en Gibraltar (11.000 de La Línea y el resto comunitarios y no comunitarios), los miles de autónomos con cartera de clientes en el Peñón y un sector servicios de La Línea -comercio y hostelería, principalmente- que se mantiene a flote y crece gracias al siempre abultado bolsillo del yanito. Pero que en esta nueva etapa puede que salga más beneficiado en detrimiento de los linenses, ese es uno de los temores del alcalde.
Vivienda, infraestructuras y fiscalidad, tres incógnitas
El asunto de la vivienda es uno de los que más preocupa en estos momentos. El gobierno municipal de La Línea de la Concepción (con mayoría absoluta del partido independiente La Línea 100×100) acaba de aprobar un PGOU con la frontera pintada en los mapas, una Verja que será eliminada proximamente. Sin Verja, el movimiento de gibraltareños con interés en asentarse en suelo linense será mayor, sobre todo teniendo en cuenta que el mayor problema del Peñón (con una extensión de siete kilómetros cuadrados) es la falta de terreno. Esta es la razón por la que, en una cuestionada estrategia urbanística, el gobierno de Fabián Picardo está impulsando proyectos de rellenos sobre la cara posterior de la Roca para conseguir suelo sobre el mar donde edificar nuevas viviendas (también se ha referido Albares a un mayor control de estas operaciones). «Si la vivienda pega un subidón bestial, ¿los linenses no van a poder comprar casa en La Línea?», se pregunta Franco. El precio de la vivienda, como explicaba a este medio en una entrevista hace un año, no ha parado de crecer en los últimos años.
Otro de los aspectos que más preocupa es el de la capacidad de las infraestructuras actuales. Hasta ahora, el problema de acceso al Peñón ha sido un verdadero quebradero de cabeza: retenciones kilométricas, autobuses que han tenido que modificar sus rutas y un problema diario de movilidad para locales y visitantes. Sin Verja, estas dificultades desaparecen pero se crean otras: ¿cómo se va a gestionar ese flujo continuo de vehículos de un lado a otro?, ¿qué inversiones habrá y quién las sufragará? Este nuevo plan viario en ese espacio compartido requiere de un proyecto que supera con creces las competencias municipales.
Aunque, en el lado de los logros que llegan con el acuerdo está la del uso compartido del aeropuerto por el que la comarca gana un enclave estratégico de primer orden para conectar el sur del sur de Europa con las principales capitales comunitarias.
Por último, uno de los aspectos más repetidos es la necesidad del equilibrio fiscal para garantizar ese espacio de prosperidad compartida, el deseo de todos los actores de este acuerdo. En la práctica esto pasa por la creación de un régimen fiscal propio como lo tiene Ceuta y Melilla.
Hay una realidad: las empresas tienen unas condiciones fiscales muy dispares en apenas diez metros de distancia. También es radicalmente distinto el mapa social: a un lado La Línea tiene un 70% de paro y enfrente apenas un 1% de paro. La Junta de Andalucía defiende un estatuto fiscal propio para La Línea para hacer atractivo a los inversores la instalación de empresa e industrias en la zona. En el acuerdo se contempla como una de las novedades la creación de «un mecanismo financiero adecuado para promover la cohesión y apoyar la formación y el empleo en la región», lo que refleja el compromiso de todas las partes con el desarrollo económico y social del área, se lee de manera literal. Esta pelota está en el tejado del Gobierno de España.
Hay satisfacción, confianza en el futuro y la certeza de haber sorteado lo peor -el no acuerdo era «un sucidio»- pero queda mucho trabajo por aterrizar, negociaciones a otra escala y la esperanza en la voluntad de entendimiento.
Ninguno de los flecos que quedan por resolverse pasa por la cuestión de la soberanía, un aspecto que no ha estado presente en ningún momento de las negociaciones. Aunque se lea de forma literal que «el futuro Acuerdo salvaguarda las respectivas posiciones jurídicas de España y el Reino Unido en materia de soberanía y jurisdicción» este punto responde a precisamente a dejar por escrito que en este acuerdo no cabe la reclamación de la Roca, sino el trabajo por responder a los retos que dejó el Brexit y que han mutado a la situación que hay hoy tras seis años de negociaciones.
De manera extemporánea y en la misma línea de Vox, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a poner sobre la mesa cuando ha entrado a valorar este acuerdo. En un mensaje en X, Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta, ha subrayado que «los vecinos del Campo de Gibraltar merecen el mismo progreso y bienestar que los del Peñón. Eso sólo es posible en condiciones de igualdad fiscal, exigencias legales y medioambientales».
En una coletilla final en su mensaje ha declarado que «un acuerdo siempre es positivo. Esperemos a ver su desarrollo y sin renunciar a la soberanía«.
En esta etapa postBrexit, los esfuerzos de todos los interlocutores en las reuniones se han centrado en despejar de ruido unas negociaciones que no han sido sencillas. Ruido es agitar la bandera y clamar por la soberanía de una Roca perdida por España en 1713.
