Como acostumbra a hacer, Pedro Sánchez ha empleado su comparecencia de este jueves tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán para hacerse la víctima y eludir sus responsabilidades.
Con un impostado aire compungido, ha pedido perdón a la ciudadanía por haber confiado en Cerdán. Y ha justificado que el Gobierno y el PSOE hayan seguido defendiéndole hasta ahora (incluso poniendo la mano en el fuego por él, como hizo María Jesús Montero) alegando que «hasta esta misma mañana estaba convencido de [su] integridad».
Sánchez ha dicho que asumía su «triple responsabilidad», pero la ha limitado al cese de Cerdán y a encargar una auditoría externa sobre las finanzas del PSOE.
Pero lo uno supone confundir su responsabilidad con la del propio Cerdán, y lo otro es un brindis al sol, pues ningún partido registra su financiación ilegal en la contabilidad oficial.
Cesarlo como secretario de Organización era lo mínimo que podía hacer después del devastador informe de la Guardia Civil que presenta al hasta ahora número tres del partido como el coordinador de una «organización criminal» que ha funcionado durante diez años en la cúpula del PSOE.
Entre otros muchos elementos, el informe recoge que Cerdán se habría repartido mordidas de muchos cientos de miles de euros con José Luis Ábalos y Koldo García. Y que habría coordinado con ellos los amaños de obras públicas, inicialmente en Navarra y posteriormente en el resto de España, con la complicidad de altos cargos del entonces Ministerio de Fomento.
Incluso le atribuye haber ordenado meter votos fraudulentos en las primarias del PSOE en 2014. Y no cabe minusvalorar la trascendencia de esta intervención por tratarse de dos votos, que es como argumentar que los más de 600.000 euros que según la UCO «gestionaba» Cerdán son una minucia en comparación con las magnitudes del presupuesto público.
Es un estigma que hace presuponer que pudieron manipularse muchos más. Aquel proceso electoral sí merece una auditoría
Todos estos hallazgos no son inferencias a partir de un análisis, ni producto de una conjetura, como dice el Gobierno sobre el auto del juez Hurtado
Se trata de un concienzudo y voluminoso informe policial basado fundamentalmente en los audios y mensajes intercambiados por los miembros de la trama.
Y lo que se deduce del cuadro que permiten reconstruir estas pruebas son «consistentes indicios» de la comisión de delitos de cohecho y organización criminal que el juez instructor del procedimiento abierto a Ábalos atribuye a Cerdán.
Pero este informe debe suponer, además, un antes y un después en la vida política española.
La postura del presidente es insostenible. Ya no hay cortafuegos posible que pueda blindar a Sánchez del escándalo.
Porque si a uno le engaña su primer secretario de Organización, puede ser culpa de ese truhán. Pero si le engaña también el segundo, la culpa es de quien los ha elegido.
De ahí que este caso no pueda saldarse con la mera purga de Cerdán. La responsabilidad in eligendo e in vigilando de Sánchez es incontestable.
A Sánchez no le queda otra opción que dimitir como secretario general del PSOE y como presidente del Gobierno. Y más le vale hacerlo cuanto antes. Porque cuanto más se atrinchere, más obscena se hará la operación desesperada que está orquestando para desvincularse de la degradación de su entorno.
Debe renunciar como líder del PSOE, por haber puesto su confianza, y mantenido en el cargo durante la práctica totalidad de su década al frente del partido, a dos secretarios de Organización envueltos en la misma trama de corrupción.
Máxime cuando Sánchez tumbó el Gobierno de Mariano Rajoy por haber albergado una trama similar.
La UCO apunta a que Cerdán era el auténtico cerebro de la trama, y que Koldo era realmente el hombre de Cerdán que actuaba como nexo con Ábalos. Formaron la llamada banda del Peugeot que aupó a Sánchez al poder.
Pero debe dimitir también como presidente del Gobierno. Por haber permitido que brotase en su Administración una red de adjudicaciones fraudulentas de obra pública, y de otros contratos como los de las mascarillas. Amén de toda una panoplia de casos de corrupción cuyo principal efecto ha sido, a la postre, detraer recursos del erario para fines particulares .
Todo indica que el presidente presuntamente conocía en 2021 que Ábalos no era trigo limpio, y a pesar de eso lo rehabilitó en 2023. El informe de la UCO también sugiere que recibió el recado sobre la situación de Koldo tres meses antes de su detención. Por lo que debía estar al tanto igualmente de todas las actividades ilícitas de Ábalos.
Y si esto no fuera verdad, su ignorancia sería flagrantemente culposa, porque medios no le faltaron para enterarse.
Además, como ha subrayado este jueves Feijóo, los contratos de obra pública no se adjudican (y por tanto no se manipulan) desde la sede del PSOE, sino en la Administración. Santos Cerdan no tenía ningún cargo en ella, por lo que tuvo que contar con la complicidad de toda una red dentro de los ministerios.
Y Sánchez debe dimitir de ambos cargos por haber, como mínimo, tolerado la creación de una trama de guerra sucia paralela al partido para difamar a policías, jueces y periodistas.
En esta campaña de difamación de quienes considera sus adversarios políticos tiene Sánchez una responsabilidad directa. Porque fue él quien encabezó la ofensiva contra la «máquina del fango» después de los cinco días de reflexión de hace poco más de un año.
De un tiempo a esta parte, el debate ha venido centrándose en la necesidad de que Sánchez convoque elecciones, como salida a la páralisis política que vive el país por su minoría parlamentaria y su incapacidad de aprobar los Presupuestos. También como forma de rendir cuentas por haber traicionado promesas electorales como la de que no concedería la amnistía.
Pero el debate ahora no es ese, sino si Sánchez puede seguir al frente del Gobierno y del PSOE, después de un informe que le descalifica desde un punto de vista ético
Los robustos indicios de que conocía gran parte de la trama le obligan no a adelantar las elecciones, sino a dimitir.
Y no en virtud de ningún cálculo político. De hecho, como ha recordado este periódico, lo más conveniente para el cambio de Gobierno sería que Sánchez siguiera resistiendo y abrasándose.
Pero las consideraciones éticas son previas a cualquier cábala electoralista. Sánchez debe dimitir con independencia de que se celebren o no esas elecciones que ha vuelto a resistirse a convocar hasta 2027.
Para reafirmarse en su obstinación por agotar la legislatura, ha argumentado que «esto no va de mí ni del PSOE, va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas para nuestro país».
La cuestión es precisamente que Sánchez se ha convertido en una rémora para ese proyecto. Y por eso tiene la oportunidad de marcharse y permitir que su partido se regenere en los dos años que quedan de legislatura.
El PSOE siempre podría volver a elegir un nuevo líder y proponer un nuevo candidato para la investidura que no esté manchado. Si no, quedará claro que lo importante es de hecho Sánchez, y no el proyecto.
Lo que ocurre es que, sencillamente, ni los españoles ni los socialistas decentes (que son la mayoría) merecen que al frente de la presidencia del Gobierno y de la Secretaría General del PSOE permanezca alguien que se ha rodeado de estos colaboradores, y que ha permitido por activa o por pasiva sus graves fechorías.
