Los socios del Gobierno han salvado el proyecto de ley impulsado por el Gobierno por el que se pretende reformar el acceso a las carreras judicial y fiscal. XXXX han tumbado hoy, en el primer trámite en el Congreso, las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox, tan sólo un día después de que centenares de jueces y fiscales de todo el país, incluida la cúpula del Tribunal Supremo, se manifestaran para reclamar la retirada de esta iniciativa por entender que ataca al principio de independencia judicial.
En un debate en el que se ha hablado más sobre la presunta implicación del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la trama Koldo, que de la norma que se estaba debatiendo, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha afanado en defender que la ley ayudará a «la mayor transformación de la Justicia en décadas». «Queremos una justicia que sea un poder del estado y un servicio público que sea más ágil, cercano, digital, más adaptado a lo que los ciudadanos nos piden», ha reivindicado, antes de asegurar que en unos años será bien vista por todos.
Sus palabras no han servido para convencer a PP y Vox que han centrado sus discursos en las polémicas que cercan al Ejecutivo. Con la bancada popular gritando «dimisión, dimisión», tras cada intervención, la coportavoz del partido en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha denunciado la «corrupción» de Pedro Sánchez y ha señalado que la norma solo busca «controlar la Justicia»: «El Gobierno ha declarado la guerra a la Justicia y como la Justicia no se rinde, la colonizan«. Además, ha sacado a relucir las manifestaciones de jueces y fiscales a los que Bolaños «ha ignorado» y les ha acusado de «propagar bulos».
Y en la misma línea se ha expresado la portavoz de Vox, Pepa Millán, que ha denunciado que la norma es «la plasmación por escrito de años llamando a los jueces fachas con toga» y que solo busca «debilitar la justicia, secuestrar el poder judicial y dinamitar la separación de poderes«. Ante estas denuncias, varios de los socios del Gobierno han ironizado con el «catastrofismo» de sus discursos y han recordado al PP las polémicas que han protagonizado sobre el control del poder judicial. No obstante, todos los socios, incluido Sumar, han asegurado que la propuesta de Bolaños es «muy mejorable» y que en algunos aspectos plantea reformas «tímidamente».
El contenido de la norma
El proyecto incluye, entre otras novedades cuestionadas por las carreras judiciales, un nuevo examen escrito para las pruebas de acceso a juez y fiscal, el blindaje de las becas a los opositores, modificaciones en el sistema de preparación de las pruebas y la prohibición de la financiación privada de las asociaciones judiciales, además de medidas de regularización para los jueces sustitutos. Una vez se apruebe, según ha anunciado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las cortes, tendrá lugar una ampliación sin precedente del número de plazas de jueces y fiscales, que será de unas 1.500 en los tres próximos años.
A petición de las asociaciones de jueces y fiscales, se eliminó del proyecto la actual fase de sustitución y refuerzo de los jueces en prácticas, así como el traslado forzoso de los jueces cuando ascendían a magistrados, algo que a estas organizaciones les parece insuficiente, ya que exigen la retirada total del proyecto y amagan incluso con huelga si esto no se produce.
Bolaños llegará al debate con todas las asociaciones judiciales y fiscales –menos las progresistas– en contra. Incluso la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo se pronunció el pasado martes en un acuerdo, aprobado por unanimidad, para sumarse a la «extendida inquietud» por la reforma del acceso a la carrera judicial, defendiendo el actual modelo al considerar que «garantiza la objetividad y la transparencia en la acreditación de la idoneidad y suficiencia profesional».
Tras las imágenes de jueces y fiscales manifestándose en las puertas de sedes judiciales, Bolaños convocó este miércoles una rueda de prensa y dijo entender que se mire con «recelo» los cambios, al tiempo que se ofreció a «disipar» las dudas en torno la reforma, que considera «necesaria» y por ello pide diálogo y consenso.
