Un juzgado de Madrid ha abierto una segunda causa contra varios periodistas por un delito de revelación de secretos tras una queja de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por la publicación de las actas del registro que la Guardia Civil practicó el pasado octubre en el despacho del fiscal general del Estado.
El Juzgado de Instrucción 20 de Madrid acordó hace meses investigar por este delito a informadores de ‘El País’, ‘El Mundo’ y ’20 Minutos‘, que están citados la semana que viene a declarar, por publicar el contenido de un informe de la Guardia Civil sobre el móvil y el correo de la fiscal jefa de Madrid, procesada junto al fiscal general en el Tribunal Supremo.
Ahora, la magistrada Adelaida Medrano ha abierto un segundo procedimiento contra periodistas de ‘eldiario.es’, ‘El Español’ y ‘El Plural’, según ha adelantado el primer medio y han confirmado a EFE fuentes jurídicas.
Esta segunda causa, por la que ha citado a los informadores el próximo mes de octubre, deriva de la queja que interpuso el empresario Alberto González Amador, que aparece como denunciante en el procedimiento, por la publicación de las actas del registro de la Guardia Civil al despacho del fiscal general, que el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado derivó a los juzgados de Madrid, competentes para investigarlo.
En el caso del primer procedimiento que abrió la magistrada, la queja fue interpuesta por la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez.
Los periodistas están investigados por el mismo delito por el que esta semana el juez Hurtado procesó a Rodríguez y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dejándolos a un paso del banquillo.
La Constitución protege el derecho a «comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión» y establece que «la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades».
La Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) mostró su «profunda preocupación» por la apertura de la primera causa contra los periodistas.
Además, más de 50 periodistas de tribunales firmaron un escrito en el que rechazaban esta investigación, al considerar que podía derivar en un «efecto disuasorio» cuando cumplen con su «deber constitucional» de informar de «un asunto de interés público».
