La Inspección de Trabajo redoblará las actuaciones este verano en busca de trabajadores sin papeles en ferias como las típicas de Andalucía o festividades como San Fermín. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que la ‘policía laboral’ tiene órdenes específicas de extremar su vigilancia en los sectores de la hostelería, el comercio y la agricultura y ha concretado más recursos para inspecciones sorpresa y en horarios intempestivos, con el fin de cazar fraudes laborales. Los agentes estarán específicamente atentos a aquellos empresarios que contratan personas extranjeras sin permiso de trabajo o que abusan de contratos temporales.
«Sabemos lo que pasa en verano», ha insistido Díaz este miércoles, en la tradicional rueda de prensa en la que da cuenta de las campañas veraniegas contra el fraude laboral y para extremar las medidas de seguridad contra los golpes de calor.
Desde el Ministerio de Trabajo estos días están mandando alrededor de 112.620 cartas a empresas de toda España y dedicadas al comercio, sector agrario y construcción, así como a empresas que fueron inspeccionadas el año pasado y en las que se detectó algún incumplimiento, para recordarles sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Desde la Generalitat de Catalunya, según confirman a este medio fuentes del Departament de Treball, mandarán más de 20.000 misivas de este tipo en los próximos días.
«El calor mata», ha insistido, aludiendo que las altas temperaturas aumentan un 17,4% el riesgo de dolencias. Los riesgos vinculados con el estrés térmico han ido en aumento y las campañas estivales se han ido saldando con varios muertos en los últimos años. En consecuencia, la Inspección de Trabajo ha ido aumentando sus vigilancias. Si en 2021 realizó un total de 704 actuaciones para vigilar los riesgos laborales vinculados con las altas temperaturas, en 2024 fueron 11.500, según datos del Ministerio. Lo que se ha traducido, también, en un aumento de las infracciones detectadas y las sanciones impuestas. Si en 2021 se impusieron multas por un monto de 175.000 euros, en 2024 ascendieron a casi 1,4 millones de euros.