El acuerdo sellado este miércoles entre España, el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar ha sido calificado de «histórico» por las partes, pues sobre el papel pone fin a viejas disputas y conllevará el derribo de la Verja, en pie desde que el Ejército británica la construyera en 1908. Se trata del último fleco que quedaba por cerrar en la relación entre la UE y el Reino Unido después de que hace nueve años los ciudadanos británicos decidiera en referéndum abandonar el club comunitario.
A continuación, repasamos en qué beneficia y cómo perjudica a todas las partes un acuerdo que no entra en la disputa de la soberanía:
Lo que se ha anunciado hoy en Bruselas es el resultado de un auténtico periplo diplomático español, que comenzó hace cuatro años y medio y que parecía imposible hace tan solo unos meses. No es el acuerdo definitivo, sino un compromiso político firme que resuelve los principales escollos para definir el encaje de la colonia británica con su entorno: el Campo de Gibraltar. El Gobierno espera que suponga una inyección económica para una zona de recursos limitados y desempleo.
Si finalmente se derriba la Verja de separación, como se pretende, Gibraltar estará más dentro de España y su territorio será menos ajeno. La soberanía de facto sigue siendo británica y España, eventualmente, seguirá elevando el asunto en el comité de descolonización del territorio en Naciones Unidas, como cada año. Mientras, sobre el terreno, policías españoles controlarán quién entra y quién no en el aeropuerto y puerto de Gibraltar, junto a homólogos gibraltareños. Esa presencia es una victoria moral para la parte española y una concesión de la gibraltareña/británica.
Sin embargo, se desaprovecha el momentum generado por el Brexit para hacer movimientos sustanciales en la reclamación histórica de soberanía española, alertan desde la derecha política. El Partido Popular ya ha advertido de que seguirá reclamando la soberanía española sobre Gibraltar y Vox, que ha hecho de este uno de sus temas fetiche, amenaza con apretar en su contra.
El Gobierno de Pedro Sánchez y su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se apuntan un tanto porque han sido capaces de negociar, junto a la Unión Europea, un acuerdo muy complejo. Han aprovechado para ello la sintonía ideológica en Londres y Gibraltar (ambos con Ejecutivos de centro-izquierda) y, sobre todo, el momento geopolítico: la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha provocado un interés renovado de Reino Unido de acercarse de nuevo a la Unión Europea. En este contexto, tener un «muro de separación» entre ambas zonas carecía de sentido, alega Albares.
El Gobierno británico ha señalado que el acuerdo es beneficioso para el Reino Unido por tres motivos principales: mantiene la soberanía del Peñón; asegura la autonomía militar británica y evita el fuerte impacto económico de una frontera dura. El Ejecutivo laborista ha insistido desde el inicio de las negociaciones en la necesidad de respetar la voluntad de los gibraltareños —expresada en las urnas en dos ocasiones— de seguir bajo la soberanía del Reino Unido, una línea roja que se ha mantenido.
El acuerdo también mantiene las capacidades militares británicas en el Peñón, incluida la base aérea de la Royal Air Force (RAF), las cuales «juegan un papel vital en la protección de la seguridad regional y de rutas comerciales importantes», según el Ejecutivo británico. Además, el Gobierno destaca que la falta de un acuerdo habría supuesto costosos controles y largas demoras en la frontera, las cuales habrían tenido un fuerte impacto económico no solo para la economía de Gibraltar sino también para la economía británica, con una presión fiscal para los contribuyentes de cientos de millones de libras.
Sin embargo, los más críticos con el acuerdo han acusado al Ejecutivo de permitir a las autoridades españolas controlar la entrada de personas y de mercancías a través del puerto y del aeropuerto —junto con las gibraltareñas—, una condición necesaria para la eliminación de las barreras físicas y los chequeos en la frontera. Los defensores más acérrimos del Brexit argumentan que esto supone una injerencia sobre la soberanía del Peñón, a pesar de que los asuntos relacionados con la inmigración y el orden público en Gibraltar seguirán siendo competencia exclusiva de las autoridades gibraltareñas.
Con este acuerdo, el Gobierno laborista ha dado un paso más en su objetivo de acercar posturas con la Unión Europea tras el Brexit y ha logrado desbloquear uno de los principales escollos que seguían entorpeciendo las relaciones entre Londres y Bruselas, abriendo la puerta a nuevos acuerdos en otros ámbitos beneficiosos para las dos partes en el futuro.
Con los británicos fuera de la Unión, la que siempre ha sido una de las fronteras más porosas se convirtió en un problema excepcional que requería una solución excepcional. Tras casi cuatro años de negociaciones, el acuerdo firmado por Bruselas, Madrid y Londres este miércoles trata de lograr un equilibrio casi imposible.
Ese equilibrio pasa por mantener la libre circulación de personas y mercancías para facilitar el comercio entre la Línea y el Peñón y la vida a los trabajadores transfronterizos. Pero debe hacerlo preservando la integridad del espacio Schengen y un mercado único al que Reino Unido ya no pertenece.
«Nuestro objetivo común ha sido garantizar la prosperidad a largo plazo de la región, en particular mediante la eliminación de todas las barreras físicas, los controles y las comprobaciones sobre las personas y las mercancías que cruzan entre España y Gibraltar», ha asegurado el comisario de Comercio, encargado también de las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic.
Según Sefcovic, el texto logra este objetivo y lo hace sin poner en riesgo la competencia justa o cuestiones de seguridad. «Estos acuerdos benefician a todos y aportarán seguridad jurídica y confianza a las personas y empresas de toda la región», ha añadido el esloveno.
En lo referente al movimiento de personas, del comunicado se extrae que Gibraltar no formará parte del espacio Schengen, como se había barajado en el pasado, pero sí se permitirá la libre circulación por vía terrestre. Con el objetivo de reforzar la seguridad, sin embargo, las autoridades gibraltareñas y españolas realizarán controles conjuntos en puertos y aeropuertos. Además, reforzarán la cooperación en materia de visados y también de seguridad, entre las fuerzas del orden.
Abrir la frontera, con Gibraltar fuera del mercado único y, por lo tanto, sin estar sujeto a las normas comunitarias, será el otro gran reto en el área comercial. Ya en las negociaciones con el Reino Unido este fue uno de los puntos más difíciles. Este miércoles, Gibraltar y la UE se han comprometido en cuestiones fiscales, laborales o medioambientales para limitar los problemas. En este sentido, el acuerdo abre también la puerta a una unión aduanera con el Peñón, para facilitar el comercio libre de controles. Pero todo eso, los detalles prácticos y legales, están por concretar.
El reto último para la UE es ahora traducir este acuerdo político en un texto legal y ratificarlo. Ese trámite require tanto el respaldo del Consejo, en el que están representados los gobiernos de los 27 países del bloque, y también de la Eurocámara.
A Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, no le hacen falta grandes circunloquios para darse a entender: «Con el acuerdo, se salvan 11.000 puestos de los trabajadores transfronterizos a los que se suman los miles de autónomos que cruzan a diario la frontera. Hemos salvado que los de aquí puedan ir a trabajar al Peñón, y los del Peñón vengan aquí a gastar, solo por eso ya es para dar volteretas, pero –avisa– quedan muchas dudas encima de la mesa que por ahora no están resueltas». Hay tres grandes temas que abordar en esta nueva etapa: precio de la vivienda, infraestructuras viarias y fiscalidad.
El Gobierno municipal de La Línea de la Concepción (con mayoría absoluta del partido independiente La Línea 100×100) acaba de aprobar un PGOU con la frontera pintada en los mapas, una Verja que será eliminada en virtud del acuerdo. Sin Verja, el movimiento de gibraltareños con interés en asentarse en suelo linense será mayor, sobre todo teniendo en cuenta que el mayor problema del Peñón (7 kilómetros cuadrados de extensión) es la falta de terreno. Esta era la razón por la que, en una cuestionada estrategia urbanística, el Gobierno de Fabian Picardo está aprobando proyectos de rellenos sobre la cara posterior de la Roca para conseguir suelo artificial sobre el mar donde edificar nuevas viviendas. «Si la vivienda pega un subidón bestial, ¿los linenses no van a poder comprar casa en La Línea?», se pregunta Franco.
En la cuestión de la accesibilidad por carreteras, hasta ahora, el problema de acceso al Peñón ha sido un verdadero quebradero de cabeza: retenciones kilométricas, autobuses que han tenido que modificar sus rutas y un problema diario de movilidad para locales y visitantes. Sin Verja, estas dificultades desaparecen y se crean otras: ¿cómo se va a gestionar ese flujo continuo de coches de un lado a otro?, ¿qué inversiones habrá y quién las sufragará?
Por último, la clave para garantizar ese espacio de prosperidad compartida, el deseo de todos los actores de este acuerdo, es el equilibrio fiscal de ambos territorios, en la práctica un estatuto fiscal propio. Las empresas tienen unas condiciones fiscales muy dispares en apenas 10 metros de distancia. A un lado uno tiene un 70% de paro y a 10 metros tiene un 1% de paro. La Junta de Andalucía defiende un estatuto fiscal propio para La Línea para hacer atractivo a los inversores la instalación de empresa e industrias en la zona.
El Gobierno gibraltareño lleva muchos meses preparándose para lo peor. Lo llamaban Resultado No Negociado, (Non Negotiated Outcome, NNO). Era el escenario en que las negociaciones para un acuerdo fracasaban. España podría empezar a aplicar la literalidad de las reglas del espacio Schengen y la colonia tendría que desconectar económicamente de la Unión Europea, de la que depende en buena parte. Dibujaban posibles escenarios y hacían test de estrés a sus empresas.
Así que con este consenso político, Gibraltar evita un Gibrexit, una salida abrupta del continente. El Gobierno del socialdemócrata Fabián Picardo se ha mostrado entusiasmado con el texto. Evita la ruina futura del territorio, según el ministro británico de Exteriores, David Lammy.
Pero el acuerdo es muy delicado para los intereses y la idiosincrasia gibraltareños.
Para empezar, en lo simbólico. Sin una frontera física, ¿se mantendrá la identidad “llanita” (forma coloquial de llamar al gibraltareño)? Es de prever un éxodo inmobiliario hacia amplias casas en el Campo de Gibraltar. Si los gibraltareños viven en España, hablan español con mezcla de inglés y nada les separa ya de Cádiz, ¿cómo será su identidad en unas décadas?
Y luego, en lo económico. El Peñón es una de las zonas con más riqueza per cápita del mundo. Ayuda que prácticamente no se pagan impuestos, que muchas fortunas se han refugiado allí huyendo del fisco o de las autoridades de otros países (Gibraltar se usó para blanquear 700 millones de euros del expolio de Siria de los Assad) o el comercio ilegal de tabaco. También un clima favorable a las empresas extranjeras, miles de las cuales tienen su sede en el pequeño territorio británico de ultramar de tan solo siete kilómetros cuadrados.
Por todo ello, Gibraltar insiste en que seguirán siendo independientes de España (como votaron casi por unanimidad en sendos referendos sus escasos 34.000 habitantes). Resalta sobre todo las cuestiones comerciales, más que los cambios políticos y diplomáticos que representa el movimiento. “Acuerdo de Comercio y Movilidad entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar”, lo llama a secas en su nota de prensa.
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