Más de setenta colectivos españoles y portugueses han reclamado, mediante un manifiesto conjunto, el cierre definitivo de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) en los plazos previstos para 2027 y 2028, y han rechazado cualquier intento de prorrogar su funcionamiento más allá de esa fecha.
El documento, titulado ‘Por una Extremadura libre de nucleares. No a la prórroga a Almaraz’, denuncia el «deterioro» de la instalación, que lleva más de cuarenta años en funcionamiento, así como los riesgos que supone para la población del Campo Arañuelo, el entorno natural del río Tajo y el vecino país de Portugal, situado a apenas 100 kilómetros de la planta.
Los firmantes consideran que alargar la vida útil de Almaraz «es un ejercicio de irresponsabilidad» por parte de los gobiernos autonómicos y del Estado, a quienes acusan de «actuar al dictado» de las compañías eléctricas propietarias de la central ―Iberdrola, Endesa y Naturgy―, a las que acusan de «lucrarse con el negocio nuclear sin asumir sus costes sociales ni ambientales».
Vista de la central nuclear de Almaraz / Agencias
El manifiesto también ha reclamado al Gobierno central la construcción urgente de un Almacén Geológico Profundo (AGP) para custodiar los residuos radiactivos de forma segura y definitiva, «coste que debe ser asumido por las empresas del sector energético y no por la ciudadanía», han subrayado los colectivos firmantes.
Asimismo, han exigido que las autoridades dejen de «impulsar una cruzada» para mantener abierta la planta y que se elabore un plan «realista y urgente de generación de empleo sostenible para la comarca de Almaraz, ante el cierre inminente de la central».
Retraso en las subvenciones a la energía solar
Los colectivos han denunciado además que, mientras se debate el futuro de la nuclear, «las subvenciones al autoconsumo siguen sin llegar a muchos particulares, y los macroproyectos de renovables, en su mayoría impulsados por las mismas eléctricas, no han revertido en beneficios tangibles para la población extremeña, que sigue soportando precios elevados de electricidad y carencias en infraestructuras básicas como el ferrocarril electrificado».
«Extremadura no puede seguir siendo una colonia energética de las grandes corporaciones», apunta el manifiesto, que también exige la restauración ecológica completa del emplazamiento una vez finalice el proceso de desmantelamiento de la central.
