El Partido Popular celebra una victoria judicial que obligará a la Oficina de conflicto de Intereses (OCI) a investigar la operación de rescate a Air Europa. «Pedro Sánchez dio dinero público a quien le dio dinero a su esposa», destacan fuentes del PP. «Y la Justicia nos da la razón en que es necesario que investigar la participación directa del presidente del Gobierno en esa operación».
La sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón al PP y ha obligado a que la OCI investigue de forma exhaustiva el caso.
La formación de Alberto Núñez Feijóo advierte de que su labor de oposición se desarrolla «en todos los frentes». Así, por un lado, sacó el domingo pasado a unas 100.000 personas en protesta contra la corrupción del Ejecutivo y para exigir «elecciones ya».
Por otro, en el Congreso, presenta proposiciones de ley con sus propuestas y exige explicaciones al Gobierno. Y finalmente, recurre a la Justicia cuando el Ejecutivo «fuerza la ley u oculta información».
La resolución judicial, con fecha de este martes y a la que ha tenido acceso este diario, llega tras la denuncia presentada por el PP en marzo de 2024, que fue archivada por la OCI en apenas cuatro días y sin una investigación real.
El TSJM, ante el que recurrió el PP, ha ordenado que se vuelva al punto inicial y se practiquen todas las diligencias necesarias para esclarecer si Sánchez actuó correctamente al impulsar el rescate de Air Europa, una compañía que patrocinaba actividades mercantiles de su esposa, Begoña Gómez.
El PP insiste en que «Sánchez ha dado dinero público a quien ha dado dinero a su mujer». Según la formación, «la participación directa del presidente en la adjudicación de estos fondos debe ser investigada a fondo». El Gobierno prefirió no hacerlo, «pero ahora la Justicia ha dado la razón al PP».
Indicios
El rescate de Air Europa, aprobado en noviembre de 2020, consistió en 475 millones de euros, repartidos en dos tramos: uno de 240 millones como préstamo participativo y otro de 235 millones como préstamo ordinario.
El objetivo oficial era asegurar la viabilidad de la aerolínea, gravemente afectada por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la división en dos tramos ha sido cuestionada porque podría haber servido para evitar el control de la Comisión Europea, que exige ser informada para fiscalizar cualquier ayuda de Estado superior a 250 millones de euros.
El proceso de concesión del rescate fue, además, extremadamente rápido. Desde el inicio del expediente hasta su aprobación pasaron sólo 75 días, mientras que la media del resto de empresas rescatadas por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) fue de 300 días.
Esta celeridad también ha sido señalada como un indicio de que el caso Air Europa era de un interés especial para el Gobierno. Las sospechas se fundan en que el procedimiento habitual implicaba múltiples informes de ministerios y organismos reguladores, lo que hacía técnicamente imposible resolver un expediente en tan poco tiempo.
Dejadez de la OCI
El PP lamenta que la OCI, dependiente del Gobierno, incurriera en una dejadez de sus funciones al confundir el interés de Sánchez con el interés general de la limpieza y la transparencia. La formación destaca que «la resolución de la denuncia fue anunciada por el PSOE, y no por el Gobierno», 24 horas antes de ser notificada al PP, «lo que añade opacidad al proceso».
La sentencia del TSJM señala que «los altos cargos deben ejercer sus funciones sin incurrir en conflictos de intereses y, si consideran que existe uno, deben abstenerse de tomar la decisión afectada«.
El tribunal considera que los hechos denunciados requieren, al menos, «una mínima actividad de investigación» y que la OCI «debe llevar a cabo una función investigadora, practicar pruebas y adoptar una decisión fundamentada».
El PP presentó recurso contencioso-administrativo porque «la OCI no investigó la denuncia y se limitó a archivarla». Ahora, el TSJM le da la razón.
Gobierno cercado
El caso se enmarca en una semana en la que también se ha registrado el piso de José Luis Ábalos, se investigan empresas vinculadas a Santos Cerdán y se procesa al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
El PP insiste en que «este Gobierno cercado por la corrupción» debe cumplir con la sentencia y hacer las investigaciones pertinentes, aunque teme que «siga obstaculizando y ocultando información».
El TSJM ha anulado la inadmisión del recurso de alzada y ha estimado la pretensión principal del PP, ordenando la retroacción de actuaciones y la investigación de los hechos denunciados. El tribunal insiste en que la OCI puede y debe investigar, y que si se detecta una infracción, debe actuar en consecuencia.
