Alberto Reyero, quien fuera consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid durante la primera ola del covid, ha insistido hoy en un acto con familiares de fallecidos en residencias madrileñas en la existencia de protocolos de no derivación de residentes a hospitales tras el estallido de la pandemia y la declaración del estado de alarma, los conocidos como «protocolos de la vergüenza» y en su carácter discriminatorio. «Lo que hacían esos protocolos era restringir la derivación hospitalaria a personas que vivían en residencias y que tenían una discapacidad o una dependencia», ha asegurado. Era una situación, ha insistido, «de discriminación real que sufrían las personas que no se producía, por ejemplo, con las personas que vivían en un domicilio y que tenían la posibilidad de ir a urgencias».
El exconsejero de Ciudadanos en el entonces gobierno de coalición de Isabel Díaz Ayuso ha señalado, además, que se elaboraron en una situación de «oscurantismo». Él, ha asegurado, no supo de su existencia hasta el día 21 de marzo, cuando el primero se había enviado tres días antes, el día 18. «Yo conocí el segundo, el del día 20 de marzo, cuando me lo enseñaron».
«En ningún momento participé en nada de lo que aparecía en esos protocolos», ha añadido Reyero, quien ha añadido que esos protocolos venían a «oficializar» una práctica que se había empezado a aplicar con anterioridad por parte del servicio de urgencias Summa 112. «El 112 no acudía directamente ante la llamada cuando sabían que se producía desde una residencia», ha afirmado.
Igualmente ha negado que se llegaran a medicalizar residencias como mantiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid. «El día 12 de marzo se anunció que se iban a medicalizar las residencias, algo que nunca se produce», ha relatado durante el encuentro. Y que tuvo, ha dicho, unas consecuencias «devastadoras«.
«Yo lo resumí en una frase creo que muy descriptiva: o la residencia va al hospital o el hospital va a la residencia«, ha ejemplificado. «Lo que no podíamos quedarnos era en no hacer ninguna de las dos cosas, que fue lo que realmente ocurrió». Reyero ha defendido que se pudo haber trasladado a los residentes a los hoteles medicalizados o al hospital de campaña de Ifema, una instalación con la que también se ha mostrado crítico. «El personal sanitario disponible de las urgencias de los centros de atención primaria que se cerraron en lugar de a las residencias se envió a Ifema, que era un lugar más vistoso desde un punto de vista político mientras las residencias eran un cajón oscuro al que prácticamente nadie prestaba atención».
«Vergüenza como sociedad»
En la misma rueda de prensa en que se anunció la medicalización de las residencias, ha enunciado Reyero, se anunció también un mando único para la sanidad pública y privada. Algo que tampoco llegó a ocurrir, mantiene el exconsejero, a quien Ayuso se refirió la semana pasada en una entrevista televisiva, sin mencionarlo, como «desleal y canalla», y de quien en el pasado ha dicho que destituyó en octubre de 2020 por «incompetente«.
«Los hospitales privados fueron totalmente invisibles para las personas que vivían en residencias», ha señalado. Salvo que se tuviera una póliza médica privada. «Cuando una persona tenía un seguro privado, eso le permitía que una ambulancia privada fuera a la residencia», ha mantenido. «Entonces, eso fue una vía para determinadas personas, pero creo que es una vía vergonzante como sociedad. Que realmente lo que dicta que tengas oportunidades de salvarte o de morir dependa de que tengas una póliza de seguro privada creo que es algo de lo que, como sociedad, deberíamos avergonzarnos», ha añadido sentado junto al periodista Manuel Rico y la exconsejera de Derechos Sociales y hoy diputada de Podemos en el Congreso Noemí Santana ante una tela con el número 7.291 en referencia al total de fallecidos en residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia esgrimido por los colectivos de víctimas.
El acto, organizado por la Asociación 7291 Verdad y Justicia, en el Teatro del Barrio, en Lavapiés, bajo el lema «En todas las comunidades no murieron igual», buscaba confrontar la gestión de las residencias en Madrid y Canarias, las comunidades con la mayor y la menor cifra de residentes fallecidos durante la pandemia. «El total de residentes fallecidos en Madrid en marzo y abril de 2020 fue de 9.470, entre ellos la cifra tristemente famosa de 7.291, que son los que fallecieron en las residencias sin ser derivados a un hospital, mientras que en Canarias no llegó a 500», ha asegurado Rico.
Sin negar factores como la insularidad o la menor densidad de población, Santana ha subrayado que en Canarias, se tomaron medidas de aislamiento de positivos desde el principio, se reforzaron los controles tanto con PCR como con tests de antígenos, se establecieron protocolos para nuevos ingresos y se puso a la policía autonómica a fiscalizar el cumplimiento de esos protocolos en las residencias, pero no se restringió la derivación a hospitales. «Ni mucho menos», ha enfatizado Santana. «En Canarias cualquier persona que podía presentar una sintomatología más grave y que tenía la necesidad de ser trasladada a un complejo hospitalario era trasladada».
