Cuatro años después de un primero intento que quedó en agua de borrajas, el Congreso ha vuelto a abrir la puerta este martes a regular la relación de los diputados con los ‘lobbies’ y limitar tímidamente las llamadas ‘puertas giratorias’. Un paso impulsado por el PSOE, al igual que en 2021, que llega cuatro meses después de que el Gobierno aprobara una ley para poner coto a las actividades de los grupos de interés en lo que respecta a altos cargos del Ejecutivo y la Administración General del Estado. La iniciativa ha recibido el visto bueno de todo el bloque de la investidura, aunque los socios del Gobierno han criticado la escasa ambición del texto y han reclamado que se acabe con las puerta giratorias. El PP y UPN se han abstenido y Vox ha votado en contra.
La legislación impulsada por los socialistas es bastante sencilla. Todos los grupos de interés deberán inscribirse en un Registro de grupos de interés ante el Congreso de nueva creación, donde deberán aportar distintos datos. Esto les habilitará para poder contactar de manera directa o indirecta «con miembros o empleados públicos del Congreso de los Diputados o de los Grupos Parlamentarios con la intención de ejercer la actividad de influencia». Eso sí, los parlamentarios deberán «comunicar el contenido de esta interlocución», así como los datos básicos de esas citas. Además, la norma impide que puedan ejercer como ‘lobbistas’ quienes hayan sido diputados, senadores, o altos cargos del Estado en los dos últimos años.
Por otro lado, cada ley que se tramite en el Congreso deberá ir acompañada de un «informe de huella legislativa» en el que deberán quedar reflejadas las modificaciones que se hayan producido a lo largo del procedimiento. Para ello, los diputados deberán comunicar las propuestas que hayan recibido por parte de los ‘lobbies’. La norma también incluye un régimen sancionador para aquellos grupos de interés que incumplan las normas, como ofrecer información falsa o mantener contacto con diputados sin estar inscritos en el registro y para los parlamentarios que no presenten las declaraciones de bienes y actividades o de intereses económicos o que incluyan falsedades en las mismas.
Debate parlamentario
La diputada del PSOE María Adrio, encargada de defender la propuesta socialista, ha reivindicado que en los «tiempos inciertos» actual es necesario «dar ejemplo y defender la democracia y las instituciones«. En un discurso en el que ha abogado por luchar contra la corrupción, la parlamentaria socialista ha reivindicado la necesidad de imponer mayor control a los diputados a la hora de presentar sus declaraciones de bienes y regular la actuación de los grupos de interés.
Todos los socios del Gobierno han apoyado el texto, aunque con bastantes críticas. La principal, que la norma es «poco ambiciosa«. Además, han planteado varias dudas que les provoca la ley, como que se iguale en la categoría de grupo de interés a colectivos sociales o asociaciones populares con sectores empresariales; que se siga permitiendo que exministros acaben en los consejos de administración de grandes compañías; o que se excluya a patronales y sindicatos de las exigencias de esta ley. No obstante, todos los aliados han dado el visto bueno inicial para intentar modificar la ley, aunque alguno ya ha avisado de la dificultad de lograr un acuerdo que aúne a la mayoría necesaria.
«El grupo socialista no cumple los mínimos requisitos morales y éticos que exige defender algo así en la vida pública. No están legitimados para traer una propuesta así, la iniciativa es inoportuna en el contexto temporal que han elegido, pero también perniciosa en el contenido que han incluido», ha sido la tajante respuesta de la diputada del PP Carmen Navarro. En esta línea, ha dicho que los socialistas solo buscan con esta norma «perfumarse» ante el «tufo que desprenden» sus escándalos. Vox se ha expresado de la misma manera.
La situación actual
Esta norma, de aprobarse, complementará el Código de Conducta que está vigente en las Cortes Generales y que recoge que los parlamentarios deberían informar de sus reuniones con los ‘lobbies’. Sin embargo, el Informe de la Oficina de Conflicto de Intereses de 2024, el último publicado, señala que son una «minoría en ambas Cámaras» quienes dan publicidad a estos contactos e instaba a diputados y senadores a ser más diligentes a la hora de cumplir este código.
