El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha negado que insultara al poder judicial al criticar el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha afirmado que a ese poder lo denigran los jueces que cometen «injusticias» y son corporativistas, ya que «el prestigio de la justicia depende de quienes la imparten».
Puente se ha referido así, en una publicación en X, a un mensaje publicado este lunes por el portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, en el que se refería a unas declaraciones previas del ministro en las que este atribuía a la «oposición real» el procesamiento de Álvaro García Ortiz por revelación de secretos en el caso de las filtraciones relacionadas con el caso de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Oliva escribió el lunes en X, en una publicación en la que enlazaba esas declaraciones de Puente, que «las resoluciones judiciales se atacan mediante recursos», y sostuvo que «en lugar de hacer pedagogía, se insulta y denigra al Poder Judicial», algo inadmisible.
Ahora Puente contesta a Oliva en un largo mensaje en el que afirma que él no insultó al poder judicial y añade: «Al poder judicial no lo denigro yo por denunciar una injusticia. Lo denigran algunos jueces por cometerlas. Y otros por un corporativismo mal entendido que está llevando al poder judicial a un descrédito sin precedentes».
«El prestigio de la justicia no lo arruinamos los políticos, sería una paradoja que los más desprestigiados pudiéramos alcanzar ese logro. No, el prestigio de la justicia depende de quienes la imparten», añade.
Sostiene que «la imparcialidad del juez (Ángel Luis Hurtado) está en claro entredicho por sus antecedentes» y concluye «que quien no fue capaz de ver la relación entre la Gurtel y el PP vea tan claro como para sentarle en el banquillo la participación de todo un FGE en una filtración que han podido hacer 200 personas nos avisa de su absoluta parcialidad».
En su publicación, Puente explica que «es imposible creer en la imparcialidad de una resolución que ha sido anticipada por el jefe de gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y por el presidente de Manos limpias hace días».
Defiende que «no hay prueba directa de que el FGE (fiscal general de Estado) filtrase el email».
«Las condenas por filtraciones de información confidencial a medios de comunicación son absolutamente excepcionales. Con el criterio que se está empleando para enjuiciar al FGE, medio país estaría en la cárcel», añade.
Y hace hincapié en que «la imparcialidad del juez está en claro entredicho por sus antecedentes: Hurtado no vio relación alguna del PP con la Gürtel, ni entendió necesario que Rajoy declarase en esa causa siquiera como testigo».
Además cuando Rajoy tuvo que hacerlo «permitió cosas que a ningún testigo se le hubiesen consentido en circunstancias normales, empezando por la insólita decisión de sentarle a declarar en el mismo estrado del Tribunal», afirma.
