Gobierno de Canarias, cabildos insulares y ayuntamientos cuentan, en conjunto, con alrededor de 2.100 millones de euros ociosos en las cuentas corrientes de los bancos por imperativo de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Una ley que obliga a las instituciones a destinar el superávit –ese dinero que queda a final de año cuando los ingresos superan a los gastos– para amortizar deuda pública. Y como ocurre que en muchos casos no hay deuda que devolver, o está bajo control con un adecuado plan de amortización, ese dinero se queda en los bancos durmiendo el sueño de los justos. Por eso el jefe del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, propuso en la Conferencia de Presidentes celebrada el 6 de junio en Barcelona que parte de ese superávit o remanente acumulado se habilite para la construcción de viviendas y paliar así la carestía inmobiliaria que sufren el país en general y la Comunidad Autónoma en particular.
En concreto son algo más de 500 millones de euros los que la Administración regional –el Ejecutivo canario y todo su entramado de entidades dependientes– apuntó como superávit al cierre de 2024, a los que se suman unos 1.500 millones que se amontonan en los ayuntamientos y en torno a cien más que tienen los cabildos. Parte de esos fondos está comprometida para 2025 o posteriores ejercicios –es gasto plurianual– pero otra parte, y no precisamente menor, es susceptible de destinarse para vivienda si Madrid atiende la propuesta de Canarias.
«Más potencia»
Un ofrecimiento que este martes el propio Clavijo reiteró durante la sesión de control celebrada en la Cámara regional: «Hay muchos alcaldes y presidentes de cabildo que tienen remanentes de tesorería, que tiene superávit, por lo que pedimos la posibilidad de destinar ese dinero para facilitar la compra de vivienda porque tendríamos mucha más potencia».
«Espero que el Parlamento apoye por unanimidad la propuesta para destinar a políticas de vivienda pública el remanente de tesorería que tienen tanto el Ejecutivo regional como los cabildos y los ayuntamientos», reiteró.
Un optimismo que no compartió el presidente del Grupo Nacionalista, David Toledo, al mostrar su preocupación por la actitud que pueden tener los socialistas canarios ante este asunto, ya que «mientras aquí, en Canarias, el PSOE habla de la necesidad de buscar soluciones en vivienda y acude a manifestaciones en Madrid, cuando se trata de tomar decisiones concretas, se quedan en silencio».
Toledo incidió en que Clavijo «elevó documentos y propuestas» en la Conferencia de Presidentes que fueron obviadas «tanto por unos como por otros», por lo que pidió que «no se utilice a los canarios» como parte de un juego político. «Ya lo vivimos en materia migratoria y no permitiremos volver a vivirlo en materia de vivienda, por lo que exijo coherencia para que lo que se vote en Canarias se cumpla en Madrid», insistió.
Sugerencias no aceptadas
Al respecto, Clavijo reconoció que valora el plan de vivienda presentado por Pedro Sánchez, con 7.000 millones de euros, en la Conferencia de Presidentes y que en esa reunión «desde Canarias hicimos unas sugerencias que no fueron aceptadas».
De hecho, ese es el mandato que tiene el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, en la ronda de negociaciones que inició el lunes la ministra Isabel Rodríguez con las autonomías que dieron el visto bueno a la propuesta del Ejecutivo central. Una negociación que incluye la otra pata de la iniciativa canaria: modificar la Ley de Bases de Régimen Local para que los ayuntamientos a través de las ordenanzas municipales «dificulten» la venta de casas a extranjeros no residentes.
Pese a que en la Conferencia de Presidentes no se aceptó la ‘solución canaria’, en el Ejecutivo autonómico hay cierto optimismo en tanto en cuanto una de las doce medidas en materia inmobiliaria que anunció en enero el presidente Sánchez incluía la desincentivación a la compra de casas por parte de extranjeros no residentes hasta el punto de que habló de «incrementar hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en nuestro país cuando compran una casa en España, priorizando que las viviendas disponibles sean para los residentes».
Por ello, el nacionalista Toledo se dirigió en la sesión parlamentaria a la bancada socialista para exigir la «valentía necesaria para que modifiquen la ley de régimen de base local y podamos limitar la compra por parte de ciudadanos no residentes».
«Herencia paupérrima»
La vivienda es, junto al drama humanitario de la inmigración, uno de los problemas que Clavijo cogió «desde el minuto cero», como reconoció él mismo durante el debate, debido a la necesidad de poner en marcha una política que revirtiera la «herencia bastante paupérrima» recibida del anterior Ejecutivo del ‘pacto de las flores’.
De hecho, en el año 2019 existían 17.000 demandantes de vivienda pública y se han ido apuntando en torno a 2.100 solicitantes nuevos al año, por lo que cerca de 29.000 personas esperan por una casa o un alquiler asequible.
Por ello, afirmo que durante el año 2024 se comenzaron a construir 1.000 viviendas públicas y millar en el presente año, además de aprobar los dos decretos ley que facilitan la puesta a disposición del suelo y su transformación jurídica para poder construir vivienda pública protegida y sostenible y ayudar a los ayuntamientos a agilizar el otorgamiento de las licencias de obra, en concreto, los que tienen «dificultades técnicas y equipos muy cortos» para que puedan acudir a colegios profesionales o a entidades acreditadas para «poder facilitar ese trabajo para la obtención de licencia». También hizo hincapié en la apuesta por facilitar al acceso de los jóvenes a una casa con el programa de la hipoteca joven, con un aval del 15%.
Por último, se refirió a que la empresa pública Visocan «quitará del paisaje todas las estructuras inacabadas de cemento y de hormigón para poder concluirlas y poner esas viviendas también en el mercado» para hacer frente a la emergencia habitacional que vive el Archipiélago.
La ley que regula las casas turísticas sigue atascada
La consejera de Turismo, Jéssica de León, tiró este martes de ironía para asegurar que «todavía no se sabe qué opina la oposición» sobre proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, más allá de que «el PSOE y Vox coinciden» en dilatar el proceso de presentación de enmiendas a la norma. Lo cierto es que todos los grupos de la oposición han pedido sucesivas prórrogas para presentar sus modificaciones, pero no es menos verdad que tanto el PP –partido del que forma parte De León– como sus socios gubernamentales de CC han admitido esas peticiones que dilatan los plazos de una tramitación que se asumió como «urgente».
«Primero nos pidieron que elaboráramos la ley con urgencia, y lo hicimos lo más rápido que pudimos, y ahora no hacen más que retrasar su aprobación definitiva», insistió la consejera en sus críticas al PSOE, NC y Vox.
El nuevo plazo para presentar enmiendas parciales a una ley que aprobó el Consejo de Gobierno el 26 de diciembre de 2024, si no existen más peticiones de prórroga, concluye el 18 de junio, a pesar de que el Parlamento aprobó su toma en consideración el 14 de marzo.
Con todo, De León espera que Canarias «cuente cuanto antes con una ley del uso turístico de viviendas» y que pueda ser aprobada de forma definitiva en el último pleno previsto en julio, antes de que comience el período inhábil.
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