Reacción inmediata del gobierno de la Comunidad de Madrid tras conocerse que el Tribunal Supremo propone juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos referido a datos de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del gobierno autonómico, Miguel Ángel García, considera «inasumible» que García Ortiz esté «al borde del banquillo» y ha exigido su dimisión o cese «cuanto antes».
El portavoz del Ejecutivo de Ayuso ha apuntado más arriba. Junto al fiscal general, ha señalado, también deben dimitir «todos aquellos que le han sostenido artificialmente en el cargo» y «todos aquellos que, muy probablemente se demostrará, fueron los autores [de la filtración], los que indujeron al fiscal general del Estado a saltarse la ley». En este sentido, el magistrado Ángel Luis Hurtado, autor del auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, sostiene que «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno» se produjo un «frenético intercambio» de mensajes entre García Ortiz y Rodríguez para «ganar el relato» de que la idea de un pacto de conformidad entre González Amador y la fiscalía en relación con la investigación por fraude fiscal del novio de Ayuso había sido propuesta por el entorno de González Amador y no por el ministerio público como se había publicado.
García también ha señalado a la fiscal Rodríguez, de quien ha señalado que, «probablemente, una vez que pase el plazo de 10 días de recurso que tienen, tampoco pueda mantener las funciones como fiscal provincial de Madrid». En su auto, el juez da traslado de lo actuado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 10 días, soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o pidan el sobreseimiento de la causa, así como la práctica de diligencias complementarias que consideren necesarias, tal y como informa Ángeles Vázquez, de El Periódico, diario de Prensa Ibérica.
«Es gravísimo», ha incidido el portavoz del gobierno madrileño, «esto no lo habíamos conocido en democracia, no se conoce en ningún país de una democracia consolidada» la imputación de un fiscal general del Estado por utilizar la institución «como un instrumento de agitación» para tratar de atacar a un adversario político. «Es de una gravedad extrema, y si ya era grave, cuanto antes el fiscal general del Estado tiene que dimitir o tiene que ser cesado».
«Es insoportable lo que está viviendo nuestro país y que toda la comunidad internacional esté señalando a España por esta cuestión», ha recalcado.
