El Gobierno convocará 1.440 nuevas plazas para jueces y fiscales durante los próximos tres años, hasta 2027, según ha anunciado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una entrevista con EFE.
Será a través de la convocatoria anual de 360 plazas por oposición y 120 por el conocido como cuarto turno (concurso oposición), que será independiente del proceso de regularización extraordinaria para jueces y fiscales sustitutos, ha explicado el ministro.
«Gracias a la reforma de la ley del Poder Judicial vamos a poder hacer la mayor convocatoria de la historia de jueces y de fiscales en nuestro país. Casi 1.500 nuevos jueces y fiscales que van a acceder a la carrera fiscal y judicial, dando respuesta a la reivindicación histórica de la carrera», ha dicho Bolaños.
El objetivo, añade, es que la Justicia en España tenga unos ratios de jueces y fiscales por habitante similares a la media de la Unión Europea. «Que tengamos una Justicia donde haya más jueces y menos carga de trabajo».
El titular de Justicia ha defendido esta reforma que, a su juicio, permitirá modernizar las estructuras, agilizar las resoluciones y reforzar el servicio público de Justicia para proteger los derechos de la ciudadanía. Además, reivindica que la norma responde a las demandas históricas de jueces, magistrados y fiscales.
Sin embargo, varias asociaciones judiciales han convocado para este miércoles un paro de 10 minutos en rechazo al texto presentado por el Gobierno por considerar que no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la carrera y han pedido eliminar el proceso extraordinario de regulación de jueces y fiscales sustitutos.
El ministro lamenta que «se están diciendo cosas de la reforma que son objetivamente falsas» y pide un debate sereno sobre la base de lo que dice el proyecto, aunque es consciente de que históricamente en el sector de la Justicia «hay recelos al cambio».
No obstante, se muestra convencido de que las reformas emprendidas son las que necesita la Justicia. «Soy consciente de que las críticas de hoy serán los halagos del mañana».
Pruebas más objetivas para los opositores
Defiende, además, que esta ley es también una «gran noticia» para los opositores porque van a tener «muchas más plazas que nunca» y porque va a haber «más garantías» con las nuevas pruebas -además de la prueba oral habrá una escrita anonimizada-.
Serán en definitiva, según Bolaños, «más objetivas, anonimizadas y con sus exámenes y exposiciones orales grabadas para que puedan recurrir cuando consideren que la nota no se ajusta a la realidad de su exposición».
«Es decir, una objetividad indiscutible, con los mismos tribunales de siempre que preside un magistrado del Tribunal Supremo o un Fiscal de Sala cuando tiene que ver con ingreso a la carrera fiscal, y con la misma composición de siempre, porque no se cambia nada».
Niega la acusación de que el Centro de Estudios Jurídicos, que se va a convertir en un centro público de oposiciones, lleve a cabo un control ideológico de los opositores. «En ningún caso les vamos a dar ninguna instrucción. La libertad de criterio de los preparadores va a ser la misma que ahora».
Proceso de regularización extraordinario sin intervención del ministerio
Otra de las medidas criticadas por las asociaciones es el proceso de regularización, pero Bolaños recalca la necesidad de acometerlo para sacar de la «precariedad» a cerca de un millar de jueces y fiscales.
Argumenta que estos profesionales ya están dictando sentencias y que han sido elegidos por los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas y nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. «Es decir, cero intervención del Ministerio de Justicia, cero intervención del Poder Ejecutivo en la selección de estos jueces sustitutos».
Ha asegurado que el proceso de regularización también cumplirá los principios de mérito y de capacidad que establece el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, porque se va a realizar a través de un cuarto turno extraordinario, garantizando el nivel de los candidatos, que -ha subrayado- en un 80 % son mujeres.
Garantizar la imparcialidad y buena imagen de las asociaciones
El ministro de Justicia también ha defendido otra de las medidas de la futura ley, como la que prevé prohibir la financiación privada de las asociaciones, porque considera que hay que «garantizar la apariencia de imparcialidad» de estas entidades.
«Creo que las asociaciones han de financiarse a través de las cuotas de sus asociados y también de financiación pública, que la habrá para garantizar por completo, no ya la imparcialidad, que no la pongo en duda en ningún caso, sino la apariencia de imparcialidad, la buena imagen», ha apuntado el ministro.
El proyecto de ley está ya en el Congreso y este jueves se debaten y votan las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox.
A partir de ese paso, Bolaños cuenta con que se introduzcan enmiendas durante la tramitación. «Estamos abiertos a mejorar el texto del proyecto de ley de la mano de los grupos parlamentarios», ha concluido.
