Pocas democracias en el mundo han sufrido con tanta intensidad y frecuencia la tragedia de ver caer a sus candidatos presidenciales bajo las balas como Colombia. A lo largo del último siglo, el país ha visto cómo líderes con opciones reales de alcanzar la jefatura del Estado han sido asesinados o atacados en plena campaña, en episodios que no solo han enlutado a la nación, sino que han alterado el rumbo político del país, truncado proyectos de reconciliación, exacerbado la violencia y sembrado un persistente escepticismo frente a las garantías electorales.
Desde el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, que encendió la chispa de una guerra no resuelta del todo, hasta el más reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay este 7 de junio en Bogotá, cada ataque ha sido más que un crimen: ha sido un golpe al corazón mismo de la esperanza democrática.
Uribe Turbay, uno de los aspirantes presidenciales del partido uribista Centro Democrático, fue herido durante un mitin. El atentado ha reavivado los temores de una violencia política que parecía del pasado. «Que este sea un momento para rechazar los mensajes de odio, de violencia, de intolerancia que se emiten con perversidad, y que podamos unirnos todos los colombianos ante los retos que hoy enfrentamos como nación», escribió el expresidente Iván Duque en la red social X.
Una historia atravesada por la violencia política
En la historia reciente del país, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 marcó un antes y un después. El líder liberal, carismático y popular, fue baleado en pleno centro de Bogotá y desató el llamado ‘Bogotazo‘, un estallido de violencia que degeneró en una prolongado conflicto entre liberales y conservadores conocida como «La Violencia». El historiador colombiano Jorge Orlando Melo ha descrito ese momento como «el punto de quiebre» de la modernidad política colombiana. «La muerte de Gaitán destruyó las posibilidades de una salida democrática al conflicto social que se incubaba desde hacía décadas», escribió en uno de sus ensayos.
Casi medio siglo después, el país revivió otro capítulo trágico con el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, el 18 de agosto de 1989, en Soacha, localidad al sur de Bogotá. Galán lideraba las encuestas y había hecho de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción su bandera. Fue asesinado por sicarios en una acción atribuida al cártel de Medellín con apoyo de sectores corruptos del Estado. «La muerte de Galán fue un atentado contra la democracia colombiana», dijo entonces el presidente Virgilio Barco.
Menos de un año después, en 1990, dos candidatos presidenciales más fueron asesinados: Bernardo Jaramillo Ossa (22 de marzo) y Carlos Pizarro Leongómez (26 de abril). Tres años antes había corrido la misma suerte Jaime Pardo Leal (1987). Todos eran miembros o exmiembros de la Unión Patriótica o de la desmovilizada guerrilla del M-19. La UP, surgida de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur, fue objeto de un exterminio sistemático. Más de 4.000 de sus militantes fueron asesinados. «Lo que ocurrió con la Unión Patriótica fue un genocidio político», ha sostenido la senadora Aída Avella, quien sobrevivió a un atentado en 1996 y ha llevado el caso a instancias internacionales.
En el caso de Carlos Pizarro, excomandante del M-19 y firmante de la paz, su asesinato dentro de un avión comercial, antes de despegar, marcó un nuevo golpe para las esperanzas de reconciliación. El joven político había dicho semanas antes en una entrevista con la revista ‘Semana’: «Si yo muero, será por lo que represento, no por lo que he hecho».
Impunidad y memoria
Muchos de estos crímenes han permanecido sin esclarecer completamente, alimentando teorías y desconfianza pública. El asesinato del excandidato presidencial conservador Álvaro Gómez Hurtado en 1995, por ejemplo, fue reivindicado en 2020 por la guerrilla de las FARC, aunque su familia sigue sosteniendo que fue un crimen de Estado. «No creemos esa versión», dijo en su momento Mauricio Gómez Escobar, hijo del excandidato conservador.
El informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia ha advertido que la violencia contra líderes políticos, especialmente en regiones periféricas, sigue siendo una amenaza latente. Entre 2021 y 2023, más de 800 líderes sociales y políticos fueron asesinados, muchos de ellos vinculados con procesos electorales locales.
Para el analista León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación, «la violencia política en Colombia ha sido una herramienta de las élites y de grupos armados para mantener o alterar el poder. No es un fenómeno del pasado».
