Seis de cada diez anuncios de las plataformas en las que los huéspedes pueden contratar viviendas vacacionales no tiene publicada ningún tipo de autorización que certifique que la propiedad puede llevar a cabo esta actividad. O lo que es lo mismo, un 60% de las propiedades que se publicitan en Canarias a través de internet como alquiler turístico no aporta el número de registro necesario para poder trabajar.
¿Significa esto que más de la mitad de la oferta de este sector opera de manera irregular? No tiene por qué. Que no se aporte el permiso en el propio anuncio no demuestra que se carezca de él. Hasta hace no tanto tiempo, los propietarios podían abrir un perfil en plataformas como Booking y Airbnb sin que se requiriera expresamente esta información. De esta manera, una parte de los propietarios puede no haberlo añadido simplemente porque en su momento no se les pidió, otros pueden no haber cumplimentado este campo y algunos puede que sí carezcan de la debida autorización. Lo que sí es cierto es que esta información puede ser de gran ayuda a las administraciones para identificar la potencial bolsa de oferta no regulada y actuar en consecuencia.
Aunque la regulación y la capacidad de las administraciones para fiscalizar los anuncios que no cumplen con la normativa varía mucho entre comunidades autónomas. Algo que también influye en la proporción de licencias reportadas o no en los portales de alquiler turístico. Si los propietarios son conscientes de que no hay capacidad ni mano dura contra los incumplidores pueden ser más proclives a saltarse la regulación. Así lo determina la plataforma de inteligencia turística Mabrian Technologies a través de un informe que evidencia que tener la capacidad de identificar la oferta que no reporta una licencia cruzándola con los registros oficiales –como ya están haciendo destinos como Ibiza o Menorca– puede cambiar y mucho las reglas del juego. El informe determina, por ejemplo, que el volumen de anuncios que no incluyen una licencia es mínimo en Cataluña. Entorno a un 5% de la oferta no reporta autorización, salvo en la provincia de Barcelona donde el porcentaje sube al 18%. Pero aun así la proporción es muy pequeña si se compara con otras regiones del país. Exceptuando Andalucía –donde la cantidad de los que no reportan licencia es mínima– y Baleares –con un porcentaje que apenas sobrepasa el 30%– en el resto del territorio nacional lo habitual es encontrar que más de la mitad de los anuncios no tengan publicada ningún tipo de licencia.
Purga de anuncios
Pero la purga ya ha empezado y la cruzada del Gobierno por poner coto al mercado de la vivienda turística le ha llevado dirigir su atención sobre las propias plataformas. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ya ha ordenado a Airbnb eliminar 66.000 anuncios de pisos turísticos sin número de licencia o que incumplen de algún modo la normativa. Una decisión que la empresa ha recurrido en los tribunales.
En Canarias comienzan a darse pasos también en este sentido. Pero, en lugar de la confrontación, el Gobierno regional, con la Consejería de Turismo a la cabeza, ha optado por llegar a acuerdos, por ejemplo, con el gigante mundial del alquiler vacacional. Gracias a él, se han eliminado ya 157 pisos irregulares, en su mayoría tiendas de campaña, furgonetas, yurtas o barcos que se publicitaban en la plataforma Airbnb.
Una depuración que Canarias sustenta en la labor de los inspectores, que serán los encargados de trasladar a la empresa aquellos anuncios que considera irregulares. La mala noticia es que la plantilla sigue estando incompleta ya que de las 45 plazas solo se ha cubierto una pequeña parte. Un resquicio por el que se cuelan aquellos que incumplen las normas y que está detrás de los altos niveles de anuncios que carecen de la perceptiva autorización.
Mayoría de pequeños propietarios
Los pequeños propietarios son mayoría en el mercado del alquiler turístico de Canarias. Un 68% de los anuncios en Las Palmas y un 66% en la provincia tinerfeña tiene detrás a anfitriones con una sola vivienda.
Los grandes propietarios, es decir, aquellos con una cartera de once o más viviendas vacacionales representan menos del 4% de los anfitriones.
Sin embargo, Santa Cruz de Tenerife, junto a Tarragona, Málaga o Baleares, se cuela entre las provincias con un mayor porcentaje de grandes inversores en el mercado. Un estudio elaborado por Mabrian indica que un 42% de ellos controlan entre once y 20 viviendas turísticas. Otro 28% gestiona hasta 50 unidades y el 30% maneja más de medio centenar.
Suscríbete para seguir leyendo
