Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado de manera ilegal por el Gobierno de EEUU a una prisión en El Salvador, fue devuelto este viernes al país, donde enfrentará cargos criminales por transporte de migrantes indocumentados.
El caso de Ábrego, quien tenía un estatus legal que lo protegía de la deportación, ha enfrentado a la Administración de Donald Trump con el poder judicial en lo que algunos expertos califican como una «crisis constitucional».
Las autoridades se negaron a facilitar el regreso de Ábrego al país, a pesar de las órdenes emitidas por el Tribunal Supremo y un tribunal de primera instancia, que concluyeron que su deportación fue ilegal.
Este viernes, a la vez que anunció el retorno de Ábrego, el Departamento de Justicia de EEUU reveló que presentó una serie de cargos contra él por haber presuntamente transportado a migrantes indocumentados desde Texas hacia Maryland y otros estados desde 2017 hasta este año.
Los cargos surgen a raíz de un encuentro de Ábrego con agentes de policía en Tennessee en 2022, según detalla el documento judicial, y de ser encontrado culpable le acarrearían una pena máxima de 20 años en la cárcel.
Para conseguir el retorno de Ábrego, indicó la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, en una rueda de prensa, Washington presentó una orden de arresto al Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Red de tráfico de personas
El documento judicial, presentado bajo sello en un tribunal de Tennessee el pasado 21 de mayo pero hecho público ahora, acusa a Ábrego García de los delitos de conspiración para transportar migrantes indocumentados y transporte ilegal de personas sin estatus legal en el país
Según las autoridades, el salvadoreño, junto con otros cinco cómplices, operaba una red de tráfico de personas que trasladaba migrantes provenientes de Centroamérica y Ecuador desde Texas, tras cruzar irregularmente la frontera.
La red, que según los fiscales tenía vínculos con la pandilla salvadoreña MS-13, recogía a los migrantes en Houston y los transportaba hacia diferentes ciudades de Estados Unidos. Ábrego es señalado de haber realizado cerca de 100 de estos viajes entre 2016 y 2025.
En 2022, la policía de Tennessee paró a Ábrego mientras conducía un vehículo con ocho personas y sospecharon que estaba transportando migrantes –según se ve en un vídeo publicado por las autoridades en mayo– pero no presentaron cargos en su contra.
«Abuso de poder»
Los abogados de Ábrego rechazaron este mismo viernes los cargos, tildándolos de «infundados» y acusaron al Gobierno de Trump de estar cometiendo un «abuso de poder«. «Lo que sucedió hoy fue un abuso de poder y todo lo opuesto al debido proceso», indicó el letrado Simón Sandoval-Moshenberg. «El debido proceso implica tener la oportunidad de defenderse antes de ser castigado, no después».
El abogado indicó además que las autoridades no le avisaron ni a él ni a la familia de Ábrego con anterioridad de sus planes para retornar al salvadoreño y recalcó que espera que dé su testimonio sobre las condiciones del CECOT, la megacárcel donde pasó las primeras semanas en El Salvador antes de ser trasladado a otra prisión.
Ábrego García residía en Maryland desde hace más de una década y huyó de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.
Su caso consiguió notoriedad entre los opositores al Gobierno de Trump y grupos en defensa de los derechos humanos y se convirtió en un ejemplo de los «abusos» por parte de la Administración republicana a migrantes en medio de su campaña de deportaciones masivas.
Campaña mediática
En respuesta, el Ejecutivo ha emprendió una campaña mediática para vincularlo con la pandilla MS-13, a pesar de que no había sido acusado, hasta ahora, de ningún delito en Estados Unidos.
El salvadoreño formó parte de los más de 200 migrantes –en su mayoría venezolanos– que fueron expulsados de EEUU y enviados a la prisión de alta seguridad sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, en lo que grupos en defensa de los derechos humanos han calificado como «desaparición forzada».
EEUU llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en EEUU hacia el CECOT, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos. Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
