Se ha conocido esta primera semana de junio el borrador que ha preparado el Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía para todos aquellos que fueron procesados durante el procés en Catalunya. Se abre así la posibilidad de retorno del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que se encuentra prófugo en Bélgica desde 2017.
Debido a que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, acaba su mandato en el alto tribunal en enero de 2026, siendo su voluntad dejar resueltos todos los recursos presentados a la ley de amnistía, se abre un abanico de posibilidades ante la vuelta, a finales o principios de año, de distintos líderes independentistas condenados.
Por un lado, en el caso de que estos recursos fueran favorables a las tesis de los independentistas encausados, Puigdemont podría volver y, tras presentarse ante el Tribunal Supremo, es muy probable que quedase en libertad.
La ley recoge que todos aquellos procesados por un delito de malversación o sedición quedarán amnistiados si no obtuvieron beneficio alguno. Ganancia que, en una maniobra judicial, el Tribunal Supremo confirma al haber sido financiado el referéndum del 1 de octubre con dinero de las arcas públicas, en vez de con patrimonio personal. Se trata de una de las excepciones que posee la ley, que figura que no es aplicable a quienes se hayan beneficiado económicamente mediante un delito de malversación.
Siendo este el motivo por el cual hay una orden de búsqueda y captura dictada por el Tribunal Supremo, la vuelta de Puigdemont podría no ser certera porque, pese a que a finales de junio este “borrador” pase a ser constitucional, aun podría ser detenido.
Opciones para el expresidente de la Generalitat
En caso de que el Tribunal Supremo deniegue la amnistía, Puigdemont aún dispondría de un recurso clave: el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. A través de esta vía, podría alegar la vulneración de derechos fundamentales, como el principio de legalidad penal o el derecho a la igualdad.
El Tribunal Constitucional tendría entonces la última palabra sobre la legalidad de esa decisión y sobre la aplicabilidad de la amnistía en su caso. Si el TC le diera la razón, se anularía la decisión del Supremo y Puigdemont quedaría libre de cargos.
Si tampoco el Constitucional ampara sus derechos, Puigdemont podría recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en Estrasburgo. Esta sería la última instancia, en un proceso que podría alargarse varios meses o incluso años.
De esta forma, el regreso de Puigdemont a España no depende solo de la aprobación de la ley, sino de la interpretación de los tribunales, especialmente del Supremo.
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