País Vasco y Canarias irán de la mano a la Conferencia de Presidentes que se celebrará este viernes en Barcelona. Al menos en lo relacionado con la cuestión migratoria, el asunto de mayor relevancia para el Archipiélago –sin perder de vista ni la carestía de la vivienda ni la financiación autonómica– de cuantos se abordarán en un cónclave donde al final sí estarán representadas todas las regiones, una vez contenido el amago de rebelión de las comunidades del PP. El caso es que Euskadi y su presidente, Imanol Pradales, harán este viernes causa común con Canarias y con su homólogo insular, Fernando Clavijo, para pedir tanto al Gobierno central como a los restantes Ejecutivos autonómicos la elaboración de una suerte de ‘Plan integral y estructural de política migratoria’. De hecho, el lendakari y el jefe del Gobierno del Archipiélago elevarán un documento en el que se sientan las bases de esa propuesta de plan o programa, que de algún modo exigiría o supondría un «gran pacto» que por los antecedentes no parece fácil de alcanzar. De cualquier forma, Clavijo y Pradales están dispuestos a echar el resto para consensuar una ‘hoja de ruta’ en política migratoria que no solo atienda lo inmediato, sino que también prevea medidas de futuro para anticiparse, en lo posible, a la evolución de los flujos migratorios en los próximos años. Se trata, en definitiva, de acabar con las improvisaciones y los parches que tanto han sufrido las instituciones del Archipiélago a lo largo de la actual crisis.
Canarias y Euskadi coinciden así en que abordar el reto migratorio requiere «garantizar un marco normativo justo, inclusivo y adaptado a la realidad cambiante, que promueva la integración, la cohesión social y el respeto por los derechos humanos». Máxime, claro, en el caso de los niños y niñas que llegan solos a las Islas o a cualquier otro punto de España en busca del futuro que se les niega en sus países de origen. El plan que proponen ambas autonomías, cuya elaboración en última instancia quedaría en manos del Gobierno estatal, incluiría las medidas y acciones necesarias para cuidar de «las necesidades específicas de los niños y las niñas no acompañados que llegan a nuestras costas, asegurando que se respete el interés superior del menor en todas las decisiones y acciones implementadas». Lo que en ningún caso puede ser, y en ello también coinciden plenamente los Ejecutivos vasco y canario, son las «soluciones temporales o parciales» que más que soluciones son en realidad paliativos.
El ministro Torres se muestra confiado, pese a las discrepancias de los últimos días, en que el 6J sea productivo
«Es imprescindible superar las respuestas institucionales reactivas frente a las emergencias migratorias con medidas aisladas o improvisadas», insisten ambos Gabinetes. «La realidad migratoria es un desafío de carácter estructural que requiere una respuesta firme y concertada del conjunto del Estado, con una estrategia clara y a largo plazo, articulada, que garantice coherencia y continuidad», resalta el documento remitido ya al Gobierno español y al resto de las comunidades autónomas para su debate en la cumbre que se celebrará mañana en el Palacio de Pedralbes. «Solo así se podrá avanzar hacia una gestión migratoria que sea justa, eficiente y acorde con la realidad cambiante del contexto internacional y social», se apunta en la introducción del propuesto ‘Plan integral y estructural de política migratoria’, en el que Euskadi y las Islas apuestan por «acciones concretas con metas específicas, indicadores de evaluación y seguimiento, memoria económica y recursos, y una planificación flexible y adaptativa del plan».
Desde el Gobierno central, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dijo ayer esperar que la conferencia sea «un órgano constructivo», del que se salga con un «mensaje claro» a la ciudadanía de que se avanza en la gestión pública y el bienestar «con discrepancias, pero poniendo lo mejor de cada uno».
Sánchez pide por carta un pacto sobre vivienda
Después de salvar la Conferencia de Presidentes, tras aceptar los asuntos a debatir propuestos por las comunidades del PP, Pedro Sánchez movió ayer ficha y lanzó sus propias propuestas para intentar acercar posiciones en la lucha contra el problema del acceso a la vivienda, de especial gravedad en Canarias. En una carta enviada a los presidentes autonómicos, el jefe del Ejecutivo plantea llegar a un acuerdo en la reunión de mañana en Barcelona para triplicar la inversión en vivienda, vinculándolo a «blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección oficial». El acuerdo supondría pasar de una financiación de 2.300 millones a 7.000. De esta cantidad, el Ejecutivo se comprometería a aportar el 60% del total -4.000 millones- siempre que las comunidades aporten al menos 2.700 millones. Un aumento de los recursos que se enfocaría a la construcción y rehabilitación de vivienda pública «en régimen de propiedad y alquiler».
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