El Gobierno encargará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) un nuevo informe extraordinario sobre la sostenibilidad de las pensiones para que sea presentado antes del 1 de junio de 2026. El Ejecutivo pone en marcha este nuevo diagnóstico apenas dos meses después de que la propia Airef avalara la viabilidad del sistema, pero con acotaciones muy críticas, y dos años antes del que debería volver a publicar este organismo fiscalizador, antes de abril de 2028 (con carácter trienal, según fija la ley del exministro José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España).
La obligación de este nuevo informe extraordinario está prevista en un sorpresivo proyecto de real decreto que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha sometido a audiencia pública, desde este jueves. «Para tener en cuenta los grandes ‘shocks’ en los datos definitivos macroeconómicos de los últimos años y disponer de suficientes datos para evaluar las reformas económicas, la Airef deberá preparar un informe adicional antes del 1 de junio de 2026″, se apunta en el proyecto de real decreto.
Presiones de la Airef y de Bruselas
Las presiones de las últimas semanas de la propia Airef y de la Comisión Europea, a través de sus recomendaciones, han llevado al Gobierno a dar este paso inesperado. Tal como admite el Ministerio de Inclusión en la memoria que acompaña al proyecto de real decreto, su elaboración aún no estaba prevista en el plan anual normativo de 2025, publicado el 15 de abril, «dado que cuando se aprobó dicho Plan no había surgido la necesidad de las modificaciones que se realizan».
No obstante, el Gobierno en ese momento ya tenía un informe de la Airef crítico con su metología de evaluación. El pasado 30 de marzo este organismo emitió su primera revisión y certificó que, de acuerdo a los criterios de análisis fijados por la ley, no hacían falta nuevos ajustes sobre el sistema de pensiones.
Sin embargo, la presidenta del organismo, Cristina Herrero, volvió a cuestionar el parámetro de ‘la regla de gasto en pensiones’ como un indicador adecuado de la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social ni la del conjunto del sector público. «Tiene muchas debilidades y limitaciones para que pueda ser considerado como un indicador de sostenibilidad del sistema de pensiones», dijo Herrero.
La insistencia de la Comisión Europea en una correcta evaluación del impacto de la reforma de las pensiones en las cuentas públicas también ha pesado en esta decisión apresurada el proyecto de real decreto: «Una aplicación consistente de la ‘cláusula de cierre’ introducida por la reforma de pensiones de 2023 debería ayudar a abordar las brechas emergentes de sostenibilidad fiscal relacionadas con el gasto público», volvía a decir este miércoles la Comisión Europea en su informe de sobre España, dentro del paquete de primavera del semestre europeo.
El pasado 1 de abril, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, se comprometió a revisar el informe de la Airef (de 30 de marzo), a instancias a una pregunta del PP en el Parlamento Europeo.
Fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que dirige Elma Saiz, explican que «en línea con las recomendaciones de la Airef y la Comisión Europea, el Gobierno, en un ejercicio de responsabilidad y transparencia, pedirá a la Airef un informe adicional en junio de 2026″. Estas mismas fuentes añaden que «este informe no supone una nueva evaluación (ya que el ejercicio de evaluación está regulado taxativamente a nivel legal en el RDL 2/2023), sino un ejercicio de transparencia que pretende reforzar la confianza en la sostenibilidad del sistema».
Tres cambios principales
En esencia, el proyecto de real decreto aprovecha para introducir tres cambios. El primero de ellos, el citado informe extraordinario, que, en la práctica, se puede convertir en una enmienda al emitido el 30 de marzo, con el que la propia Airef se mostró muy crítica.
La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero. / A. Pérez Meca – Europa Press
El segundo, una mención a que los informes de evaluación de la Airef será «tanto sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, como sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas«, como venía reclamando la Autoridad Fiscal.
En tercer lugar, el proyecto de real decreto suprime el listado de «ingresos del sistema de la Seguridad Social» que debe tener en cuenta la Airef en su evaluación. En este listado, además de las cotizaciones, se incluyen, de forma expresa, las transferencias del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social a través de los Presupuestos del Estado.
En el borrador de real decreto desaparece este listado expreso. Eso no quiere decir que la Airef no tenga que tener en cuenta las transferencias, pero no obliga a ello. Ya en su informe de marzo no computó el total de las transferencias (1,3% del PIB), sino solo una parte (equivalente al 0,3% del PIB).
Historia de un informe
La reciente reforma de las pensiones impulsada por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, incorporó una ‘cláusula de cierre’ con la que el Gobierno logró tranquilizar a Bruselas sobre la sostenibilidad del sistema. Cada tres años, la Airef debería realizar un informe sobre la evolución de los ingresos y los gastos y determinar si, al superar determinados parámetros, deberían aplicarse de forma obligada ajustes en el sistema
El pasado 30 de marzo, la Airef emitió su primer informe y certificó que, de acuerdo a los parámetros fijados por la ley, no hacían falta nuevos ajustes sobre el sistema de pensiones. Sin embargo, la presidenta del organismo, Cristina Herrero, opinó que «en ningún caso puede considerarse un indicador adecuado de la sostenibilidad del sistema de pensiones ni del conjunto del sector público mantener el gasto neto en torno a una referencia cuantitativa (13,3%) acordada entre España y la UE y sin anclaje en los principios de sostenibilidad, suficiencia y equidad intra e intergeneracional que deben guiar el diseño de un sistema de pensiones». Y añadió: «Es perfectamente compatible haber cumplido la regla de gasto y que la dinámica del sistema de pensiones sea peor que la que habíamos previsto hace dos años».
Un día después de la presentación de este informe, el eurodiputado del PP Fernando Navarrete llevó una pregunta al Parlamento Europeo y los vicepresidentes de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis y Raffaele Fitto, se comprometieron ese lunes a revisar el informe de la Airef, según la nota emitida por el propio Grupo Popular.
Después de eso, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha sometido a audiencia pública, desde el 4 de junio, un ‘Proyecto de real decreto por el que se modifica el real decreto 100/2025 de 8 de febrero, por el que se desarrollan la regulación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y los informes de evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal».
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