El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una nueva Proclamación presidencial que endurece severamente el acceso de ciudadanos extranjeros al país, en especial para quienes provienen de Cuba y Venezuela. En línea con su estrategia de “combatir el terrorismo mediante estándares de seguridad de sentido común”, el mandatario ha activado restricciones migratorias que limitan la entrada de nacionales de estos países con visados de turismo, negocios, estudios o residencia temporal.
Quedan exentos de esta decisión los titulares de green cards (residencia permanente), familiares directos de ciudadanos estadounidenses y algunos casos excepcionales que se consideren de interés nacional. Las medidas se aplican de forma inmediata y su justificación, según el documento oficial, responde a deficiencias en los sistemas de verificación de antecedentes de los países afectados, así como a preocupaciones sobre la cooperación internacional en seguridad.
Esta decisión se sustenta en la Orden Ejecutiva 14161, emitida el pasado 20 de enero, bajo el título Protección de Estados Unidos contra Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y Pública. En ella se instruyó a las agencias nacionales a realizar una evaluación del riesgo que representan diversos países para la seguridad estadounidense.
“Restauraremos la prohibición de viajes, que algunos llaman la ‘prohibición de viajes de Trump’, y mantendremos a los terroristas islámicos radicales fuera de nuestro país, tal como lo confirmó la Corte Suprema”, ha asegurado el presidente.
La medida ha generado un fuerte impacto político y social en América Latina, especialmente en La Habana y Caracas, donde ya se han registrado reacciones diplomáticas de rechazo y preocupación ante el endurecimiento de los controles migratorios.
Cuba y Venezuela, en la lista negra de Trump
Aunque la Proclamación incluye a una docena de países con suspensión total de entrada —como Afganistán, Irán o Somalia—, la situación de Cuba y Venezuela se encuadra dentro de una suspensión parcial, que afecta a ciudadanos que soliciten visados de corta o media duración. El Gobierno estadounidense justifica esta clasificación en los altos índices de permanencia irregular tras el vencimiento de las visas y la falta de cooperación en el retorno de ciudadanos deportables.
En el caso cubano, Washington vuelve a señalar la falta de intercambio de información policial y la negativa a aceptar deportados como una amenaza directa a su sistema de inmigración. Además, Cuba figura en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, lo que agrava su posición frente a las autoridades estadounidenses.
Por su parte, el caso venezolano también despierta inquietudes en el Departamento de Seguridad Nacional, especialmente por el colapso institucional y las limitaciones para verificar antecedentes penales o civiles de sus ciudadanos. El país ha sido incluido en informes recientes sobre altas tasas de estadías excedidas.
Estas medidas, que Trump ya intentó implantar durante su primer mandato y que fueron respaldadas por la Corte Suprema en el caso Trump contra Hawái, refuerzan su narrativa de campaña centrada en “recuperar el control de las fronteras” y evitar que “elementos peligrosos se infiltren en la sociedad estadounidense”.
Para sus críticos, sin embargo, se trata de una política discriminatoria que afecta especialmente a ciudadanos de países pobres o inestables, sin ofrecer garantías de que estas decisiones realmente aumenten la seguridad. No obstante, la Casa Blanca ha defendido la legitimidad y legalidad de la Proclamación, asegurando que forma parte de un esfuerzo coordinado para “fomentar la cooperación internacional y proteger al pueblo estadounidense”.
Mientras tanto, miles de estudiantes, turistas y solicitantes de visado de Cuba y Venezuela se verán directamente afectados por una medida que, de momento, no tiene fecha de caducidad y que podría marcar un punto de inflexión en la política migratoria de la actual administración.
