El Gobierno planea dejar sin fondos para construir vivienda a las comunidades gobernadas por el Partido Popular si no garantizan de por vida o a perpetuidad que los inmuebles desarrollados cuenten con la calificación de protegido. El mecanismo legal utilizado por el Ejecutivo para instalar esta limitación será el próximo plan estatal, que entrará en vigor en 2026 y contará con un presupuesto estatal de 4.000 millones de euros.
Según confirman fuentes de Moncloa, el nuevo plan estatal, cuyo plazo de ejecución se extenderá hasta 2030, no financiará ninguna vivienda si esta no asume la condición de protegida de forma permanente. Sin embargo, el Gobierno no exigirá a las comunidades autónomas que cambien sus legislaciones regionales de vivienda protegida, sino que en cada convenio o cada programa que aspire a recibir dinero de este ‘masterplan’ garantice la protección.
Este anuncio llega después de la carta que ha enviado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los presidentes regionales en el marco de la Conferencia de Presidentes. En la misiva, Sánchez asegura: «En los últimos 45 años, las Administraciones estatales construyeron en España más de 2,4 millones protegidas. Pisos pagados por la gente, para la gente. Desgraciadamente, la práctica totalidad de estas viviendas fueron descalificadas y acabaron vendiéndose en el mercado libre a precios muy elevados. Muchas fueron capturadas por la especulación y los fondos buitre».
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