Las grandes eléctricas preparan una propuesta consensuada para pedir al Gobierno la ampliación de la vida de la central nuclear de Almaraz, cuyos reactores está previsto que echen el cierre en 2027 y 2028. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la planta cacereña, se agarran a un “consenso mínimo” que ya existe entre todas las compañías para solicitar una prolongación la licencia de operación de la central sólo hasta 2030.
Iberdrola (accionista mayoritario de Almaraz con un 52,7% del capital de la planta), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) tienen previsto reunirse este mes, aún sin fecha concreta, en la junta de socios de la central para aprobar un plan de inversiones necesarias para tener las instalaciones listas para una eventual prolongación de sus años de funcionamiento. Aunque Iberdrola tiene la mayoría accionarial, las decisiones estratégicas han de adoptarse por unanimidad de todos los socios por la regulación de las denominadas asociaciones de interés económico (AIE) como la que gestiona Almaraz.
Las compañías calculan que serán necesarias inversiones por unos 15 millones de euros simplemente para tener lista la planta por si retrasa el cierre, tanto para asegurar los suministros (combustible nuclear, singularmente), la homologación de todo el personal y garantizar la seguridad de las instalaciones. Las eléctricas buscan dar una señal clara al Gobierno de su interés por mantener operativa la central de Almaraz, antes de solicitar formalmente una prórroga de la autorización de funcionamiento hasta 2030.
Algunos de los socios calculan que disponen de plazo como máximo hasta marzo de 2026 para presentar la solicitud de prolongar la vida de Almaraz, dando por hecho que la obtención los permisos del Gobierno y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tardaría 18 meses y les permitiría llegar a tiempo de evitar el cierre de Almaraz I en su fecha prevista, en noviembre de 2027. Fuera de eso plazo, la central tendría que estar un tiempo parada antes de poder volver a arrancar y ese es el escenario del que quieren huir a toda costa las eléctricas propietarias de la central.
El Gobierno ya había adelantado que tramitará y estudiará la solicitud de prórroga de Almaraz o de otras centrales si las eléctricas las presentan formalmente. Lo hizo el propio presidente Pedro Sánchez hace un mes en el Congreso de los Diputados, pero advirtiendo de que primero tenían que ponerse de acuerdo las propias compañías y, después, que su propuesta cumpliera determinadas condiciones: que ampliar la vida de las nucleares fuera seguro, fuera necesario para la seguridad de suministro y, además, que no supusiera un sobrecoste para los consumidores.
Las eléctricas defienden que para prolongar la vida de las centrales es condición imprescindible una rebaja de impuestos, porque aseguran que la carga fiscal actualmente les impide ser rentables. Pero el Ejecutivo rechaza este recorte de los impuestos porque implicaría trasladar al recibo de la luz que pagan todos los clientes los tributos y las tasas que ahora asumen las propias compañías eléctricas, a razón de unos 1.500 millones de euros al año. El compromiso es estudiar la solicitud si se presenta, pero según advierten fuentes del Ejecutivo, en ningún caso se puede dar por seguro que se aprobará la prórroga.
Aplazamientos en cadena
Un aplazamiento de la clausura de Almaraz, sea sólo hasta 2030 o más allá, desataría un ‘efecto dominó’ en todo el parque nuclear nacional. La ampliación de la licencia de la central cacereña obligaría a una reordenación del cierre del resto de centrales nucleares, según confirman varias fuentes del sector energético.
El calendario de cierres actualmente vigente, pactado por las propias compañías eléctricas hace un lustro, contempla que las clausuras de los reactores se sucederán de manera escalonada entre 2027 y 2035. Pero aplazar el cierre de Almaraz empujaría a retrasar el resto de clausuras para que no se solapen unas con otras, con lo que se retrasaría el apagón nuclear total y se prolongaría con carácter general los años de funcionamiento del parque nacional de reactores.
El calendario de cierres actual está diseñado para que los trabajos de desmantelamiento puedan ser asumidos por los medios de que dispone Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos radiactivos y el achatarramientos de las centrales cuando dejen de funcionar. Desde el sector energético dan por hecho que atrasar hasta 2030 el fin de los dos reactores Almaraz forzará a aplazar los cierres de Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia) para que no coincidan el inicio del desmantelamiento y todas las fases posteriores de cuatro reactores simultáneamente.
Y lo razonable es que si se posterga la clausura de estos dos reactores, también se aplace la de Ascó II, programada para 2032. Los dos últimos cierres, los de Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara) ahora están previstos para 2035. Consultados por este eventual ‘efecto dominó’ en el cierre de las centrales, el Ministerio para la Transición Ecológica y la propia Enresa no han hecho comentarios.
La batalla fiscal
El Gobierno y las grandes eléctricas habían abierto ya vías de comunicación directa para explorar un posible aplazamiento de los cierres de las centrales nucleares. El gran apagón ha intensificado el debate sobre la conveniencia de retrasar las clausuras de las plantas, pero también lo ha distorsionado y politizado pese a los llamamientos de unos y otros por separar ambos asuntos.
En plena batalla pública, Moncloa reclama a las eléctricas que primero se pongan de acuerdo entre ellas y presenten una propuesta consensuada para ampliar los años de funcionamiento de las centrales. “Si las empresas acuerdan entre ellas otro calendario distinto que prorrogue la vida de estas centrales nucleares más allá del año 2027, nosotros les escucharemos”, admitió Sánchez. El Gobierno se abre estudiar una ampliación de las nucleares, pero con condiciones: “Que no sea a costa del bolsillo del contribuyente, sino a costa del bolsillo de los ultrarricos que presiden esas grandes energéticas que son propietarios de los centrales nucleares (…) Que lo paguen las empresas, no el contribuyente pagando más factura de la luz”, sentenció el presidente.
La advertencia de Sánchez ha hecho saltar las alarmas en los cuarteles generales de las grandes eléctricas, empeñadas en los últimos meses en que el debate se centrara en cómo garantizar la viabilidad económica de las plantas. Las compañías propietarias de las centrales nucleares, agrupadas en la patronal Foro Nuclear, denuncian que el sector “soporta una tributación gigantesca”, mucho mayor que la de otras tecnologías de producción de electricidad por los múltiples tributos específicos aplicados a la actividad de los reactores.
Las energéticas propietarias de las centrales nucleares llevan años quejándose de la enorme carga fiscal que asumen. Entre impuestos, tasas autonómicas y otras prestaciones abonadas para hacerse cargo de costes futuros de su actividad, la electricidad producida por las centrales nucleares pagarán este año 28,2 euros por megavatio hora (MWh) tras las últimas subidas.
En total, las grandes eléctricas estiman que las centrales nucleares pagarán más de 1.500 millones de euros por tributos y tasas durante 2025, por encima de los 1.426 millones abonados el año pasado, en el que la subida del 30% aprobada por el Gobierno de la denominada ‘tasa Enresa’ (los pagos anuales para financiar el coste de gestionar los residuos y desmantelar las centrales) se aplicó sólo en la segunda mitad del ejercicio. Desde el sector se alerta de que con este escenario fiscal es imposible asegurar la sostenibilidad y la rentabilidad futura de las centrales.
En pleno debate, el Gobierno y Enresa de momento siguen adelante con el proceso para preparar el cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz. Tras la autorización del Consejo de Ministros, Enresa ha inciado ya la licitación del del contrato millonario para diseñar los trabajos de desmontaje de la planta nuclear con un cose previsto de 23,37 millones de euros (por lo que superará los 28 millones con impuestos).
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