Las dificultades en el acceso a la vivienda amenazan con lastrar la economía española, según el análisis de la Comisión Europea, que en el marco del Semestre Europeo ha instado este miércoles al gobierno a invertir en vivienda social para revertir una tendencia que podría tener un impacto significativo en el crecimiento económico del país.
El Semestre Europeo es un ejercicio anual en el que la Comisión Europea evalúa las políticas económicas y presupuestarias de los países de la Unión Europea (UE). El objetivo es tratar de mejorar la coordinación entre los estados miembros. En esta ocasión, Bruselas apunta a la vivienda como uno de los grandes retos para España.
La lectura es sencilla. El turismo ha llevado a que cada vez más casas en alquiler se transformen en vivienda vacacional. Este cambio ha hecho que se reduzca la oferta, particularmente en las grandes urbes, debido a la falta de vivienda social y también un repunte relativamente lento de la disponibilidad de nueva construcción. Y así, los precios suben. Bruselas apunta a Madrid y Barcelona como las ciudades donde el problema es particularmente grave.
Vivienda social
“La escasez de oferta de vivienda está repercutiendo en los ingresos de los hogares y supone un reto para las familias con bajos ingresos y los jóvenes”, advierte la Comisión en su informe. “Además de su impacto en el crecimiento sostenible, el acceso a una vivienda asequible y social sigue siendo un reto social creciente”, añade. El texto hace referencia a los datos del Banco de España que apuntan a que casi el 40% de los inquilinos destinan actualmente el 40% de sus ingresos al alquiler, frente al 27% de media en la UE.
Bruselas apunta a las estimaciones de que faltan al menos 600.000 viviendas en España. También destaca que el parque social es solo del 1,5% respecto al 9% de media en la UE, uno de los más bajos de Europa. Por eso llama a «la movilización del suelo público, la ampliación del parque de vivienda social en alquiler y el aumento de la financiación para vivienda asequible y social» para impulsar el acceso a la vivienda.
La Comisión recomienda también a España aprobar la ley de suelo, reducir los trámites de tramitación de permisos, los cuellos de botella, o abordar la escasez de mano de obra en el sector de la construcción. Todo esto con el objetivo de aumentar la oferta, hacer bajar los precios, y incrementar así el poder adquisitivo de los ciudadanos.
El texto de la CE hace referencia a los datos del Banco de España que apuntan a que casi el 40% de los inquilinos destinan actualmente el 40% de sus ingresos al alquiler, frente al 27% de media en la UE
Pobreza y agua
Además de la vivienda, Bruselas apunta a otras cuestiones sociales significativas como la pobreza infantil, que la Comisión considera “un importante reto estructural que socava la convergencia social ascendente y la competitividad futura”. En este sentido, pide al gobierno mejorar las transferencias sociales y la asistencia para abordar la cuestión, así como atajar cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el abandono escolar.
Otra de las recomendaciones del Ejecutivo comunitario tiene que ver con la mejora de la gestión del agua. En particular reclama la necesidad de mejorar la adaptación al cambio climático, con el objetivo de reducir el riesgo y el impacto de sequías e inundaciones, por ejemplo prestando especial atención al uso sostenible del agua en la agricultura. También apunta en el ámbito de la energía a invertir en almacenamiento y mejorar las interconexiones.
Bruselas pide al gobierno seguir «reforzando la sostenibilidad fiscal revisando y simplificando el sistema tributario». Entre otras cosas llama a incrementar los impuestos medioambientales y sobre los bienes inmuebles, «para apoyar el crecimiento económico y el empleo, la cohesión y la transición ecológica y digital».
Plan de recuperación
En línea con la postura general, la Comisión pide también al gobierno español que aumente el gasto en defensa y acelere la implementación del plan de recuperación. España ha recibido hasta el momento 48.000 millones de los casi 80.000 millones de los fondos disponibles en forma de subvenciones, mientras que no ha habido aún ningún desembolso de los 83.000 millones previstos en forma de préstamos.
Uno de los grandes escollos ha sido el impuesto al diésel para el que el gobierno no ha logrado hasta ahora el respaldo de Junts. Esto ha retrasado notablemente el quito pago, por valor de 23.900 millones de euros. Fuentes comunitarias preguntadas por la cuestión apuntaban, en este contexto, que “para esto están los pagos parciales”.
