La okupación ilegal sigue siendo un
problema endémico en España, con 15.289 denuncias registradas en
2023 según el Ministerio del Interior. Pero en el pequeño pueblo de
Cancienes, perteneciente al concejo de Corvera, los vecinos han
escrito su propio capítulo en esta lucha. Hartos de meses de
amenazas, incendios y una sensación constante de inseguridad,
decidieron actuar donde las autoridades, según ellos, habían
fallado: tapiaron la vivienda ocupada con el intruso aún dentro,
forzándolo a pedir ayuda a la Guardia Civil para salir.
Un okupa «violento» en Asturias
La casa, en riesgo de derrumbe y
abandonada hace años, había sido ocupada por un hombre que accedía
a través de una ventana en la planta baja. Según relatan los
vecinos a medios como La Nueva España y ABC, el problema no era solo
la ocupación ilegal, sino el comportamiento del intruso: amenazó de
muerte a una vecina, provocó un incendio que puso en peligro a
varias familias y generó constantes altercados que requerían la
intervención policial. «Cada poco venía la Policía o la
Guardia Civil, pero decían que no podían hacer nada«, explica una residente al programa El programa de Ana Rosa.
Okupas en Granada junto a un policía
La gota que colmó el vaso fue cuando
el okupa lanzó objetos a la carretera y, en otra ocasión, intentó
prender fuego a la propiedad. «Estábamos hartos de dormir con
miedo«, admitió Emilia, una vecina cuya casa compartía pared
con la vivienda ocupada.
La solución drástica de los vecinos
Ante la falta de respuestas
institucionales, los residentes optaron por una medida extrema:
tapiar la ventana que servía de acceso al okupa. Aunque algunos
aseguran que lo hicieron cuando el hombre estaba fuera, otros
testimonios indican que quedó atrapado dentro y tuvo que llamar al
062 para pedir auxilio. Los bomberos tuvieron que intervenir para
destapar la ventana, permitiéndole salir con sus pertenencias en
bolsas de basura antes de marcharse hacia Avilés.
La acción no estuvo exenta de
polémica. Mientras algunos aplauden la iniciativa como un acto de
legítima defensa vecinal, otros cuestionan su legalidad. La Policía
Nacional, de hecho, advierte en sus manuales que los propietarios no
deben impedir el acceso a los ocupantes una vez que la okupación se
ha consumado, ya que podría constituir un delito.
Guardia Civil
El vacío legal y la frustración ciudadana
El caso de Cancienes refleja un
malestar creciente con un sistema judicial que tarda una media de
23,2 meses en resolver los desalojos, según datos de 2023. Asturias,
pese a ser una de las comunidades con plazos más cortos (inferiores
a la media nacional), no escapó a la frustración de estos vecinos.
«¿Por qué tenemos que ser nosotros quienes lo cerremos? ¿No
van a hacer nada hasta que pase una desgracia?», se queja un
residente.
Curiosamente, la casa ya tiene un nuevo
ocupante, pero los vecinos no se oponen: «No es conflictivo, no
tiene dónde ir y su familia vive cerca«, explican. Esta
tolerancia selectiva subraya que el rechazo no es hacia la okupación
per se, sino hacia quienes alteran la convivencia.
Claves para prevenir la okupación
En cualquier caso, expertos y
autoridades insisten en medidas preventivas, como reforzar la
seguridad con puertas antibumping, rejas en ventanas y cámaras de
vigilancia. Además, recomiendan evitar señales de abandono: recoger
el correo, encender luces periódicamente y no publicar vacaciones en
redes sociales. Y, por último, los expertos invitan a denunciar
inmediatamente a la Policía, que puede actuar dentro de las primeras
48 horas sin orden judicial.
